El gobierno de Abelardo de la Espriella expidió una circular que pone techo a la contratación en el Estado: desde 2027, las nuevas órdenes de prestación de servicios no podrán superar el 25 % de lo que cada entidad contrató en 2025 y 2026. La medida formaliza un recorte que ya está en marcha. En sus primeros dos meses, el Gobierno pasó de 102.338 a 97.765 contratistas, 4.573 menos de los que recibió de Gustavo Petro.
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La circular se suma a la Directiva 04, que ordenó revisar el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios que están vigentes. Según el Gobierno, el objetivo es recortar la burocracia innecesaria, a la que señala como una de las causas de la crisis fiscal.
Según una revisión de La Silla Vacía a contratos de prestación de servicios registrados en el Secop II, entre el 7 de agosto y el 7 de octubre, se registraron 4.573 puestos menos, una caída cercana al 4 %. Mientras que en el mismo periodo de sus mandatos, Iván Duque los aumentó 2 % y Petro, 4 %. El ahorro iría por ahora en 54.000 millones de pesos.
Siguiendo ese análisis de datos, el recorte tiene que ver con contratos que no se renovaron: se vencieron 11.839 contratos y solo 1.562 volvieron a ser ocupados por la misma persona.
Las terminaciones anticipadas
Pero no solo están los contratos que no se han renovado; también hay terminaciones anticipadas, que pueden hacerse de mutuo acuerdo o de forma unilateral. En los primeros 61 días del Gobierno se han realizado unas 1.264 terminaciones anticipadas, según señala el medio citado. En ese mismo lapso, Petro terminó 961 contratos y Duque, 362.
Según lo que las entidades registran en el Secop, la mitad de las terminaciones figura como de mutuo acuerdo, una proporción casi idéntica a la de los dos gobiernos anteriores. Y en el 32 % de los casos del actual Gobierno fue el contratista quien pidió terminar, una proporción igual a la de Duque y algo menor que el 38 % de Petro.
La cartera de Rodrigo Lara ha sido la más visible del recorte, pues el ministro salió con bombos y platillos a anunciar una reducción de unos 557 puestos. En ese entonces, Lara aseguró que el ahorro derivado de ahí serían recursos que quedarían a disposición del Ministerio de Hacienda o podrían destinarse a programas sociales.
Pero, como lo reveló este fin de semana EL COLOMBIANO, las terminaciones anticipadas por “mutuo acuerdo” pueden estar antecedidas por un correo de sus superiores que les pide a los trabajadores acogerse a tal medida.
Una de las dependencias más afectadas fue la Dirección de Derechos Humanos. Jomary Ortegón, quien la dirigió durante el último año del gobierno Petro, dijo a ese diario que la oficina tenía unas 180 personas y que, según le han reportado sus antiguos equipos, las terminaciones alcanzarían a cerca del 70 %. Ortegón sostuvo que los contratistas fueron escogidos para salir sin tener en cuenta sus funciones ni la información que manejaban.
El ministerio defendió la decisión. En respuesta a este medio, la cartera dijo, en palabras de Lara, que terminó contratos “heredados de la politiquería anterior” y que solo conservó a quienes sí trabajan. No explicó, sin embargo, con qué criterios se escogieron los contratos que se terminaron.
El golpe iría a las entidades señaladas de ser “máquinas de burocracia”
La revisión muestra que la salida de contratistas se concentra, por ejemplo, en la Agencia Nacional de Tierras, de donde salieron 1.098 contratistas. De ellos, a 1.055 no se les renovó el contrato y 43 fueron terminados de forma anticipada.
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Cabe señalar que durante el cuatrenio pasado el presupuesto de la ANT registró un crecimiento significativo. Mientras en 2022 era de $271.300 millones, en 2023 ascendió a $1,8 billones y en 2024 alcanzó $4,1 billones. Es decir, se habría multiplicado por 15 su presupuesto anual en solo dos años.
Los recursos disminuyeron en 2025, cuando se ubicaron en $1,6 billones, y volvieron a caer en 2026, hasta $1,26 billones, en medio de la coyuntura fiscal del país.
Y es que en enero, Transparencia por Colombia reveló que las entidades del Gobierno Nacional suscribieron 6.717 contratos por $3,4 billones en apenas 19 días tras el levantamiento de la Ley de Garantías.
Justamente, uno de los casos que llamó la atención fue el de la ANT: la entidad cuenta con una planta de personal de 216 servidores públicos, pero contrató a 6.276 personas para el apoyo a la gestión en el periodo de enero a junio.
Otras entidades con más recortes fueron el Igac, Invías, el Ministerio del Interior, la Superintendencia de Transporte, el Ministerio de Justicia y la Agencia Nacional de Minería.
El recorte, sin embargo, no solo afecta a quienes llegaron con Petro. Aunque el 71 % de los contratistas que salieron empezaron a trabajar con el Estado durante ese gobierno, el 23 % venía desde el de Duque y el 6 % desde antes de 2018.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Cuánto podrán contratar las entidades del Gobierno a partir de 2027?
- Las nuevas órdenes de prestación de servicios con personas naturales no podrán superar el 25 % de la línea base, es decir, del número y valor de los contratos que cada entidad firmó en 2025 y 2026.
- ¿Cuántos contratistas ha recortado el gobierno de De la Espriella?
- Entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2026, el número de personas con contratos de prestación de servicios en el Gobierno nacional pasó de 102.338 a 97.765. Son 4.573 menos, una reducción cercana al 4 %.
- ¿Cuánto se ha ahorrado el Gobierno con el recorte?
- Según la revisión de La Silla Vacía, el ahorro por contratos no renovados y terminados de forma anticipada va en unos 54.000 millones de pesos.
