Un helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional fue usado para trasladar a Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá desde la cárcel La Picota de Bogotá a una estación de Policía donde tendrá la seguridad reforzada. Al reo le restan horas en suelo colombiano: será extraditado hacia Estados Unidos y las autoridades tuvieron conocimiento de un plan de fuga.
El preso es el cabecilla de la banda criminal La Inmaculada y es requerido por la justicia de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico y concierto para delinquir. Su salida inminente hacia América del Norte desató una ola de tensiones en el Valle que obligó a las autoridades a extremar las medidas de seguridad.
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Los organismos de inteligencia conocieron que hombres cercanos a Pipe Tulúa estaban dispuestos a desembolsar hasta 800 millones de pesos para sobornar a funcionarios de la cárcel La Picota y, de ese modo, contribuyeran en el plan de fuga.
“La Policía solicitó el traslado para una estación que cumple con todos los requisitos de infraestructura y de seguridad para tenerlo allá. Eso generó unos panfletos amenazantes donde declararon objetivo militar a todos los funcionarios penitenciarios”, señaló Daniel Gutiérrez Rojas, director del Inpec.
Pues bien, en la mañana de este jueves se conocieron las imágenes del traslado del peligroso capo. Fue escoltado por varios miembros de la Policía, el criminal tenía un chaleco y un casco para su protección. Lo llevaban esposado. Lo subieron al helicóptero y lo llevaron hasta la estación Los Mártires, también en Bogotá.
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El hombre estará en la estación de Policía mientras se autoriza su salida hasta el aeropuerto El Dorado, allá será subido a un avión de la DEA con rumbo a Estados Unidos. Mientras eso ocurre, estará supercustodiado.
Se sabe que afuera de su celda hay dos policías y que el pasillo está custodiado por cuatro hombres más. La comida también es revisada para reducir riesgos de envenenamiento. La estación de policía también limitó los accesos y las calles del perímetro están siendo custodiadas.
El Valle bajo alerta
La arremetida criminal que puede generar la extradición del capo tiene bajo alerta a las autoridades del Valle del Cauca, especialmente en Tulúa, centro de operaciones de La Imaculada. Activaron un robusto plan de seguridad para contener cualquier alteración al orden público.
Como parte de las acciones preventivas, la administración municipal de Tuluá decretó toque de queda desde las 6:00 p.m. hasta las 5:00 a.m, restringiendo la circulación en toda la ciudad para evitar situaciones de riesgo. La medida se complementa con un amplio despliegue de fuerzas policiales y del Ejército, que se han concentrado especialmente en sectores estratégicos y zonas sensibles.
Además, se ordenó el cierre de vías en los alrededores de instituciones clave como la Alcaldía, el edificio del CAMP, el Concejo Municipal, la Fiscalía, el Palacio de Justicia y el INPEC, buscando proteger infraestructuras del Estado ante cualquier posible ataque.
En un esfuerzo adicional por prevenir disturbios, las autoridades prohibieron la venta de combustibles en envases como tarros, tanques o plásticos, así como la movilización de parrilleros en motocicleta. También se restringió la venta de gasolina a este tipo de vehículos a partir de las 8:00 p.m. de este jueves.
Voceros oficiales señalaron que todas estas medidas se orientan a “proteger la vida, la tranquilidad y la seguridad de los tulueños”, al tiempo que hicieron un llamado a la ciudadanía para mantener la calma, acatar las restricciones y reportar cualquier situación sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad colectiva.
En las últimas horas, cuatro vehículos fueron incinerados en el callejón Siete Vueltas del corregimiento de Aguaclara, en el barrio Bosques de Maracaibo y en el sector Portales del Río.
La Alcaldía calificó los ataques como hechos vandálicos contra el sistema de transporte público y señaló que la medida de restricción a la movilidad se adoptó para preservar la vida, la tranquilidad y la seguridad de los tulueños.
La medida fue articulada con todas las autoridades locales, incluida la Policía Nacional y el Ejército, quienes ya se encuentran al frente de la situación mediante operativos especiales, investigaciones y acciones conjuntas orientadas a restablecer el orden público y dar con los responsables de los hechos.
