En medio de la más reciente escalada de violencia contra el Inpec, el Gobierno mantiene acercamientos de paz con Andrés Marín Silva, alias “Pipe Tuluá”, el cabecilla señalado de estar detrás de esos ataques que cobraron cuatro vidas de dragoneantes el pasado fin de semana.
Funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) sostuvieron un encuentro con él, al parecer para facilitar que su banda “la Inmaculada” ingrese a las negociaciones de la “paz total”.
El encuentro tuvo lugar el pasado 16 de julio en la estación de Policía Los Mártires, en Bogotá, y fue autorizado por la Fiscalía. Tres delegados de la DNI y la abogada de “Pipe Tuluá” participaron en la reunión, cuyo propósito, según el propio director de la DNI, Jorge Lemus, fue “caracterizar la organización” y explorar la posibilidad de incluirla en los marcos de la ley de “paz total”.
El narcotraficante habría ofrecido entregar a 300 menores de edad reclutados por su grupo ilegal, a cambio de ser designado como gestor de paz.
En las últimas horas, el Tribunal de Riohacha revocó una decisión del Juzgado Segundo Penal del Circuito de La Guajira, que había ordenado trasladar al capo al pabellón de extraditables de La Picota. La Dirección del Inpec aclaró que dicha tutela debía ser conocida por un juez del circuito de Bogotá, ya que el recluso se encuentra en la capital, y no en otra jurisdicción.
Con esa decisión, el cabecilla deberá seguir en la estación de Los Mártires.
Su defensa sostiene que los contactos con el Gobierno buscan “gestos de paz” y que la intención de su cliente es colaborar con la entrega de menores y el desmantelamiento de sus redes.
El intento de “Pipe Tuluá” por colarse a la “paz total” del gobierno de Gustavo Petro, revivió la polémica por el otorgamiento de esta suerte de salvoconducto que, a la postre, no ha servido para reducir la violencia generalizada en las áreas rurales de Colombia.
Entre las gestorías más cuestionadas están las de 16 excomandantes paramilitares, entre ellos dos encarcelados en Estados Unidos (“don Berna” y “Cuco”), con los que el Gobierno pretende darle una mesa de cierre al proceso de Justicia y Paz con las AUC.
Ayer uno de ellos, Salvatore Mancuso, fue recibido en la Casa de Nariño por la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez.
“Oficializamos mi aceptación de la gestoría de paz en la Casa de Nariño con la doctora Angie Rodríguez. De nuevo renovando nuestro compromiso inquebrantable con la paz”, señaló Mancuso, tras posar junto a la funcionaria y la emblemática escultura de la paloma de la paz. “A ella y al señor presidente les digo: estamos listos para la recta final de la paz total”, trinó.
Las gestorías también han sido cuestionadas por su presunta utilización política por parte del Gobierno, como la de la mesa de paz urbana del Valle de Aburrá, con los jefes de “la Oficina” y otras bandas, con eventos como “el tarimazo”, que entre otras cosas buscó afectar la imagen de la Alcaldía de Medellín, abiertamente opositora a los programas de Petro.
También se han criticado las gestorías otorgadas al Estado Mayor de los Bloques y Frente, la disidencias de las Farc que comanda “Calarcá”, que continúa cometiendo crímenes contra la comunidad en Antioquia, Guaviare, Cauca y Caquetá, entre otros lugares.
Según la Defensoría, el reclutamiento infantil no se detiene, para citar uno de los indicadores. En 2024 hubo 463 casos, de los cuales 279 fueron niños y 184 niñas.
La actividad del narcotráfico aumentó al pasar de 230.000 hectáreas de coca cultivadas en 2022 a 253.000 en 2023; y de 1.738 a 2.664 toneladas métricas anuales de producción de cocaína. Todo esto sucede a pesar de las cuestionadas gestorías de paz, cuyo fin, se presume, es mitigar esos problemas.
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