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Desde el año pasado Petro fue informado de irregularidades en cárcel de Itagüí, según exministra

Ángela María Buitrago ha reiterado sus denuncias contra la senadora Isabel Zuleta por presuntamente obstaculizar operativos en esa prisión cuando ella dirigía la cartera de Justicia.

  • Ángela María Buitrago, exministra de Justicia. Foto: Colprensa
    Ángela María Buitrago, exministra de Justicia. Foto: Colprensa
hace 1 hora
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La exministra de Justicia, Ángela María Buitrago, ha revelado detalles sobre las dificultades y presiones que enfrentó durante su gestión al tratar de implementar los protocolos de control en las cárceles del país, especialmente en el contexto de la política de “paz total” promovida por el gobierno de Gustavo Petro.

En ese contexto, en entrevista con la revista Semana, Buitrago contó que en una visita realizada en abril del año pasado a un centro de reclusión en Acacías, Meta, cuando ella era ministra, le expresó directamente al presidente Petro sus preocupaciones sobre las presiones externas que interferían en los procedimientos carcelarios.

Entre las observaciones hechas estaba irregularidades en la prisión de Itaguí, donde justamente el pasado 8 de abril se registró una fiesta vallenata con el cantante Nelson Velásquez y los jefes de las bandas del Valle de Aburrá.

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“Se le rindió un informe escrito en el mes de marzo, se dejó la secretaría jurídica, pero no sé si lo alcanzó a ver. De todos modos, tuvimos una conversación muy tangencial en abril cuando fuimos a un centro de reclusión en Acacías y allí le mencioné ese tema, pero desde ese punto de vista yo salgo en mayo, paso la renuncia y una de las causas era esa”, señaló Buitrago,

Explicó que uno de los motivos de su renuncia al cargo fue precisamente la imposibilidad de ejercer su función debido a estas presiones políticas y la intervención indebida en el manejo de los centros penitenciarios.

La exministra Buitrago detalló que, durante su mandato, los operativos en las cárceles, especialmente en las de Itagüí, se vieron saboteados por la constante interferencia de actores políticos, como la senadora Isabel Zuleta, ha dicho, que “buscaban proteger” a los líderes de las bandas criminales que supuestamente participaban en el proceso de “paz urbana”.

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La exfiscal, que en 2005 lideró la investigación de la toma y retoma del Palacio de Justicia en 1985, aseguró que todo lo que vivió durante su gestión fue debidamente documentado y entregado a las autoridades correspondientes, como la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema de Justicia, para que se adelanten las investigaciones necesarias sobre las irregularidades que denunció.

El panorama se le complica aún más a Isabel Zuleta: el presidente de la Corte Suprema, magistrado Mauricio Lenis, confirmó que la Sala de Instrucción adelanta cuatro indagaciones previas contra la senadora.

Entre ellas figuran la polémica fiesta en la cárcel antioqueña; denuncias de la exministra Buitrago por presuntas presiones y amenazas en el contexto de operativos antiextorsión en 2024, y los hechos relacionados con el llamado “tarimazo” en Medellín.

“Un proceso de paz tiene que hacerse dentro de la ley”: Buitrago

La exministra, en diálogo con EL COLOMBIANO, pidió que las autoridades avancen con las investigaciones por las denuncias que ella misma presentó, relacionadas con presuntas presiones de la senadora Zuleta en medio de cuestionamientos sobre beneficios otorgados a internos de la cárcel de Itagüí mientras ella fue funcionaria y como hoy está evidenciado con la polémica fiesta con el cantante Nelson Velásquez.

Buitrago recalcó que todo proceso de paz debe ajustarse estrictamente a la ley y a las normas penitenciarias: “Un proceso de paz tiene que hacerse dentro de la ley y respetando las disposiciones carcelarias y las condenas proferidas por los jueces; es ahí donde realmente adquiere valor”.

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En esa línea, explicó que el sistema carcelario impone una serie de obligaciones ineludibles, como la realización de requisas, la verificación de elementos dentro de los centros de reclusión y la prevención de conductas no permitidas.

Según dijo, fue precisamente el cumplimiento de estos protocolos lo que generó incomodidades y cuestionamientos en su contra por parte de Zuleta.

Se presentaron afirmaciones de que yo no quería la paz, de que era enemiga de la paz e incluso que iba a acabar con el proceso”, dijo, al tiempo que insistió en que para ella cumplir la ley no es una opción, sino “una regla de vida”.

Desde ese contexto, la abogada fue enfática en rechazar cualquier tipo de trato diferencial dentro de los centros penitenciarios, como quedó en evidencia con la fiesta realizada en esa prisión antioqueña con el cantante Nelson Velásquez.

A su juicio, “es imposible pensar en privilegios o excepciones en un sistema carcelario, más aún cuando se trata de personas condenadas”, subrayando que el principio de igualdad debe prevalecer sin excepciones.

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