La Paz Total camina sobre una cuerda floja: negociar con bandas que conservan poder desde prisión, enfrentar la resistencia de alcaldes que temen por la seguridad de sus ciudades y exigirle al ELN que abandone su santuario en Venezuela, hoy convertido en su principal plataforma de retaguardia. ¿Hasta dónde puede llegar un proceso de diálogo en esas condiciones? ¿Puede el gobierno del presidente Petro sostener una estrategia de paz sin control territorial efectivo ni consensos locales?
Un ejemplo crítico de esas tensiones tuvo lugar esta semana en Barranquilla, donde el Gobierno ha entablado mesas de conversación con grupos como Los Costeños, cuyo jefe es Jorge Eliécer Díaz, y Los Pepes, en cabeza de Digno Palomino, para explorar treguas y compromisos de cese de actividades violentas a cambio de condiciones legales favorables.
La crisis se generó cuando el Gobierno Nacional autorizó trasladar a dichos jefes desde cárceles de máxima seguridad (como La Picota y Cómbita) a una penitenciaría en Barranquilla (El Bosque), como parte del proceso de paz urbana.
El alcalde Alejandro Char reaccionó con dureza argumentando que esto podría poner en peligro la seguridad ciudadana y que no se coordinó adecuadamente con su administración estos traslados.
“¡Increíble el actuar del Gobierno Nacional! En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el ‘Negro Ober’ y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, escribió el mandatario local en su cuenta de X.
A pesar de que el Gobierno atribuye una caída en los homicidios a este modelo, la implementación de la paz urbana ha generado fuertes tensiones políticas con esos traslados.
Jorge Lemus, saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y quien pasó a dirigir la Unidad de Información y Análisis Financiero, UAIF, le dijo a EL COLOMBIANO que los traslados, suspendidos de momento, hacían parte del pedido del Gobierno Nacional y se iban a mantener en los siguientes días.
“Vamos a proseguir con los diálogos para ver hasta dónde se puede llegar con estos acercamientos de paz que se están adelantando con ellos. Son tres personas por cada grupo las que se trasladan, para que se sienten en la mesa, dialoguen, miren hasta dónde llegamos y cómo lo hacemos, con la advertencia clara de que la tregua debe cumplirse: que no haya delitos, que no haya narcotráfico y que no haya muertos”, dijo Lemus, quien ahora se encarga de dirigir la UIAF, una entidad dedicada a la persecución administrativa del delito de lavado de activos a partir del rastreo y análisis de operaciones sospechosas en la banca nacional.
El Ministerio de Justicia y el Inpec, en medio de la polémica, comunicaron que no existen beneficios judiciales ni amnistías para los jefes negociadores de las bandas criminales ni ningún otro. Argumentaron que es una medida operativa bajo la Resolución 442 de 2025 para consolidar una tregua informal que, desde octubre de 2025 y que “ha mostrado resultados en la reducción de homicidios”.
Sin embargo, sectores políticos denuncian que permitir que estos cabecillas regresen a su zona de influencia territorial facilita que sigan delinquiendo y debilita la autoridad del Estado, calificando el movimiento como una reedición de pactos informales con actores armados.
Para el analista Andrés Cajiao, investigador de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), esos hechos muestran que la estrategia de Paz Total del gobierno de Gustavo Petro se encuentra en un ciclo de estancamiento crítico, caracterizado por la apertura de múltiples mesas de diálogo que carecen de un punto de llegada claro y un sustento legal sólido.
Cajiao advierte el vacío jurídico de las mesas de paz urbanas, como en el caso de Barranquilla y otra ciudades, que básicamente es la ausencia de un marco jurídico que permita ofrecer beneficios reales a las estructuras criminales a cambio de su desmovilización.
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Según el experto en conflicto y negociaciones de paz, aunque el traslado de cabecillas y la apertura de mesas pueden generar “alivios humanitarios” o bajas temporales en los homicidios, estos resultados suelen ser superficiales.
El analista señala que lo ocurrido en Barranquilla podría replicar el modelo de Buenaventura con las bandas Los Shottas y Los Espartanos, donde una reducción inicial de la violencia dio paso a un contexto nuevamente complejo ante la falta de avances sustantivos en las mesas.
Con solo seis meses restantes de gobierno, Cajiao considera que abrir nuevas mesas es más una forma de mostrar resultados rápidos que una apuesta con futuro real de negociación.
Esa opacidad ha alimentado, entonces, que sectores opositores al Gobierno etiqueten esos acuerdos con bandas criminales como una especie de ‘Pacto de La Picota’ para cuestionar si los traslados de cabecillas de la delincuencia a Barranquilla representan una concesión indebida o un acuerdo secreto, en lugar de una medida técnica de seguridad, como lo cuestionó el alcalde Alejandro Char.
Ese debate también lleva a otro y es la guerrilla del ELN, muy mencionada por estos días por el presidente Petro con su llamamiento a que este grupo reflexione sobre su actuar. El analista de la FIP es pesimista frente a un posible destrabe de las negociaciones e identifica dos obstáculos insuperables en el corto plazo.
Primero que todo él ve poco probable que el ELN abandone territorio venezolano, ya que allí posee su fortín económico, control territorial y un entorno seguro a lo largo de la frontera, especialmente en El Zulia, y que no están dispuestos a sacrificar. Lo segundo planteado es que uno de los puntos de acuerdo entre Petro y Donald Trump sería precisamente combatir a esta estructura armada, lo que hace casi imposible que el Gobierno opte por reabrir una mesa de diálogo que actualmente está estancada y carece de ambiente propicio.
Para la FIP, la dinámica actual del Ejecutivo parece reducirse a una consigna de “negociemos, negociemos” para proyectar avances de la Paz Total, pero sin consolidar acuerdos reales. Cajiao sostiene que, aunque se hable de zonas de ubicación o avances importantes, la realidad es que no hay un punto de llegada en ninguna de las mesas, incluyendo la del Clan del Golfo en Dubái, que a pesar de avanzar más rápido, sigue careciendo de acuerdos de fondo.
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Frente a la pregunta de si existe una especie de “pacto” entre el presidente Gustavo Petro y los grupos armados ilegales del país, él afirma que “no podría decir que hay un pacto con ellos, pero si busca (Petro) tener impacto mediático y más en un contexto electoral. Nosotros lo llamamos la transformación de ‘La Paz Total a La Paz Electoral’, es utilizar estas mesas más como forma de mostrar cosas en términos mediáticos y buscar sacar réditos electorales, porque por un lado no hay ni algo concreto qué ofrecerles ni tiempo para negociar”
Desde la Fundación Ideas para la Paz, FIP, plantean que el mandatario ha dado ‘timonazos’ desde mediados de 2025, cuando él admitió públicamente que esa política de su gobierno no estaba produciendo los resultados esperados.
No fue solo un reconocimiento retórico: el mandatario redefinió la política como una estrategia de carácter político-militar, un giro discursivo que evidenció la aceptación de un hecho incómodo para el Gobierno: los indicadores de seguridad no habían mejorado sustancialmente bajo el equema inicial de negociación amplia y simultánea con múltiples actores armados.
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En ese momento, el Ejecutivo intentó acelerar los procesos mediante la propuesta de conformar Zonas de Ubicación Temporal (ZUT), concebidas como una herramienta para concentrar estructuras armadas y destrabar algunas mesas de diálogo. Sin embargo, la baja viabilidad política y operativa de estas áreas dejó el plan prácticamente en suspenso. Desde junio de 2025, el énfasis del Gobierno volvió a desplazarse.
La prioridad dejó de ser el frente rural y la arquitectura formal de los diálogos, y pasó a concentrarse en un nuevo relato: la “Paz Urbana”, y de eso el principal antecedente fue el llamado “tarimazo” en Medellín —donde el Presidente respaldó públicamente los acercamientos con estructuras criminales del Valle de Aburrá—, seguido ahora de una mesa de negociación en Barranquilla.
A agosto del año pasado, cinco de las nueve mesas de la Paz Total seguían vigentes: Comuneros del Sur, Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano (CNEB), Estado Mayor de los Bloques y Frentes (EMBF), y las negociaciones con las bandas de Buenaventura y el Valle de Aburrá.
Mientras en los centros urbanos el debate se centra en traslados carcelarios y posibles pactos con cabecillas de bandas, el análisis de Elizabeth Dickinson (de Crisis Group, que investiga conflicto en América Latina) revela que el ELN ha consolidado un refugio estratégico en la frontera colombo-venezolana que lo hace prácticamente inmune a la presión militar convencional. Este corredor permite a la guerrilla organizar comunicaciones, abastecimiento y campamentos sin el asedio del Estado colombiano.
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