La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral alertó de diferentes temas que le preocupan, en medio de una crisis de la salud que se agudiza.
La Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) se refirió a las declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que habló de que todas las EPS “que estén en quiebra se liquidan, dentro o fuera”.
Acemi aseguró que la instrucción de Petro “pone en riesgo la atención de millones de pacientes” que podrían ser trasladados a la Nueva EPS. Esto se debe a que la entidad se encuentra en una crisis sin precedentes: “no cuenta con capacidad financiera ni operativa para un aumento de su población afiliada”, como lo señaló en días pasados el Tribunal Administrativo de Antioquia al suspender provisionalmente la medida que buscaba la redistribución territorial de la población entre las EPS.
A renglón seguido, la Asociación dice que las medidas de intervención para administrar que ordena la Superintendencia Nacional de Salud son, se supone, un mecanismo de rescate de las entidades y primordialmente de protección a los usuarios.
Sin embargo, recuerdan que, en el caso de las ocho EPS intervenidas por el gobierno Petro, “los indicadores financieros y de atención dan cuenta de un mayor deterioro patrimonial y operativo durante el periodo de intervención”. Dicen que esto es “imputable a la gestión de la intervención y al reiterado incumplimiento del gobierno a las órdenes de la Corte Constitucional” en materia del financiamiento del sistema de Salud.
Para la Asociación, la liquidación de las EPS no solo está lejos de resolver el problema de atención para sus afiliados, sino que agrava el de la o las EPS que deben recibir nuevos usuarios, y que, como la Nueva EPS, “no están en condición financiera ni operativa para hacerlo”.
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Luego, se habla de lo inoportuno de la medida a pocos meses de que se acabe el gobierno Petro. No obstante, gane quien gane, el propio mandatario dijo ayer que el 20 de julio presentará al nuevo Congreso la reforma a la Salud que ya le han negado a su administración, y que ha buscado implementar a la fuerza, con decretos.
“No es prudente ni procedente una medida de esta naturaleza cuando le corresponderá en breve al nuevo gobierno, en un diálogo mesurado y técnico, implementar rápidamente la estabilización de los servicios a través de un plan estructurado e integral de corto plazo”, añaden.
Finalmente, Acemi hace un llamado para “prevenir un daño mayor” dado que “la destrucción de las EPS (...) no se trata simplemente de desaparecer entidades, sino del cuidado de vidas”, de pacientes y sus familias que hoy sufren por la falta de atención.
Para el investigador de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, la figura de “quebrada” no existe en las leyes y normas que regulan el sistema de salud. Lo más “cercano” a eso es cuando una aseguradora tiene patrimonio negativo o cumple indicadores financieros.
“Así como lo dijo, serían las que él considere que están quebradas, entonces terminará siendo algo subjetivo del Ejecutivo. Y si son las que tienen patrimonio negativo, ahí entran casi todas”, agregó Jiménez.
En ese sentido, el exministro de Salud Alejandro Gaviria advirtió que Petro “no fue claro en indicar cuáles son” (...) uno podría pensar que son las peores financieramente y las que están intervenidas, pero puede haber otras”.
Sobre esto, explicó que las EPS actualmente intervenidas “tienen patrimonio negativo casi todas”, pero no hay claridad sobre el criterio.
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En un trino que el presidente publicó este martes, volvió a hablar de “EPS quebradas” y después dijo que “los afiliados de EPS liquidadas serán atendidos por las EPS que queden”. Sobre estas últimas aseguró que “desarrollarán los sistemas preventivos territorializados” y que la prevención la pagará el gobierno.
Con la respuesta de Gustavo Petro salta otro interrogante: ¿a qué aseguradora serán trasladados los millones de afiliados? Con la crisis financiera por cuenta de la insuficiencia de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), las EPS presentan una siniestralidad de entre 110 % y 115 %.
Es decir que por cada $100 que reciben, gastan hasta $115, lo que implica que trasladar más usuarios aumentaría la presión financiera del sistema si no se ajusta esa prima.
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