El proceso rectoral en la Universidad del Atlántico derivó en un paro estudiantil indefinido, dejando ver los intereses de diferentes sectores políticos sobre la elección.
¡“Estudiantes en la lucha”! y “¡Fuera Leyton!” son las consignas que resuena en la Universidad del Atlántico desde que Leyton Daniel Barrios Torres fue designado como rector, una elección que generó un amplio rechazo en una gran mayoría de los sectores estudiantiles por sus presuntos vínculos con el clan Char y por las dudas sobre la transparencia del proceso.
Y es que desde el 30 de octubre, la universidad se encuentra en paro indefinido, respaldado por la mayoría de sus facultades, mientras crecen las denuncias sobre la designación, las tensiones internas y los llamados del Ministerio de Educación a garantizar la autonomía universitaria y evitar el uso de la fuerza pública.
La decisión de suspender indefinidamente las clases fue adoptada en una asamblea multiestamentaria que reunió a representantes de estudiantes, docentes y trabajadores. En esa sesión, siete de las diez facultades —Ingeniería, Arquitectura, Ciencias Económicas, Bellas Artes, Humanidades, Química y Farmacia, y Ciencias Básicas— se declararon en paro indefinido. Las tres restantes, Ciencias Jurídicas, Educación Física y Ciencias de la Salud, optaron por permanecer en asamblea permanente, sin rechazar abiertamente la medida.
El ambiente de movilización comenzó temprano, con bloqueos vehiculares en la vía, plantones y manifestaciones en los accesos al campus de Puerto Colombia. En la tarde, los estudiantes ocuparon la sede administrativa, ubicada en el bloque de rectoría, donde instalaron carteles y cerraron el ingreso a funcionarios, anunciando que mantendrían la toma hasta que se escucharan sus exigencias.
Las demandas centrales son dos: la renuncia inmediata de Leyton Barrios y de Angelly Díaz Cordero, representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (CSU), acusada de avalar la elección sin consultar a las bases. Los manifestantes insisten en que el proceso rectoral estuvo lleno de irregularidades, con recusaciones y denuncias sin resolver, y que la sesión del 27 de octubre —en la que se definió el nombramiento— se realizó sin las garantías mínimas.
Según los representantes estudiantiles, la elección de Barrios no solo contravino el acuerdo previo de suspender la votación, sino que se dio con la participación de cinco consejeros, mientras otros cuatro —entre ellos el delegado del Ministerio de Educación— se retiraron en señal de protesta.
Por último, también hay que tener en cuenta que en la votación interna realizada entre estudiantes y docentes, Danilo Hernández, quien buscaba la reelección, obtuvo la mayoría de apoyos, superando ampliamente al resto de aspirantes. Sin embargo, el Consejo Superior Universitario decidió designar como rector a Leyton Barrios, quien había quedado en el tercer lugar de esa consulta.
La elección de Barrios como rector de la Universidad del Atlántico puso fin a una intensa disputa política que trascendió los límites del campus. Detrás del nombramiento se movieron intereses de peso en el departamento, con una clara división entre las fuerzas locales y el Gobierno Nacional.
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Barrios, abogado egresado de la misma universidad y quien venía siendo el secretario de Educación del Atlántico, fue elegido el 27 de octubre por cinco de los nueve miembros del Consejo Superior Universitario (CSU). Los cuatro restantes se retiraron de la sesión alegando falta de garantías, pues el proceso estaba bajo recusaciones y acciones legales. Aun así, el bloque mayoritario —respaldado por sectores cercanos a la familia Char— concretó la designación.
La elección dividió incluso a esa poderosa familia política. De un lado, el alcalde Alejandro Char y su padre Fuad Char a Barrios; del otro, Arturo Char impulsaba la reelección de Danilo Hernández. Paralelamente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, promovía a Wilson Quimbayo, identificado como cercano al grupo de Euclides Torres. La votación, por tanto, se convirtió en un pulso entre clanes políticos y el propio Ministerio de Educación, que pedía suspender el proceso hasta resolver las denuncias sobre irregularidades.
Entre las observaciones, el Ministerio señaló que la candidatura de Barrios fue habilitada pese a no haberse esclarecido si cumplía el requisito de haber ejercido docencia universitaria o funciones directivas durante al menos cuatro años, como exige el Estatuto General de la institución.
El sindicato SintraUdea denunció, además, inconsistencias en las certificaciones laborales entregadas por la Corporación Universitaria Americana, que aclaró que el rector había trabajado allí bajo la modalidad ad honorem, sin contrato ni remuneración formal.
El Ministerio precisó que esa labor no puede considerarse docencia universitaria formal, pues no correspondía al ejercicio sistemático de enseñanza en programas académicos. Pese a ello, el Comité de Credenciales de la universidad y la Gobernación del Atlántico avalaron la postulación, argumentando que no existían fallos de tutela que suspendieran el proceso ni recusaciones pendientes.
El trasfondo político del nombramiento está ligado a la capacidad de la rectoría para manejar recursos, definir alianzas académicas y administrar la autonomía presupuestal de la universidad. Controlar ese cargo significa, en la práctica, tener acceso a una estructura de gestión e influencia sobre proyectos, contratos y convenios que superan lo académico. Solo hay que recordar que, para 2025, a la universidad se le asignó un presupuesto de 427 mil millones de pesos.
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