La Dirección Nacional de Inteligencia vuelve al ojo del huracán: las reuniones entre su exdirector, Jorge Lemus, y el abogado Luis Felipe Ramírez, defensor del zar del contrabando Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’, reavivan las dudas sobre una entidad que no logra salir de la polémica.
El pasado domingo, Noticias Caracol reveló grabaciones de dos reuniones realizadas en febrero de 2025 en las que se evidencian los acercamientos del Gobierno con Marín, incluso antes que las autoridades colombianas.
Pero el caso de alias Papá Pitufo no es el único que ha puesto en duda el papel de la DNI en el gobierno. Desde que el presidente Petro llegó al poder, ha nombrado como directores a cuatro exintegrantes del M-19. El actual es René Guarín, ingeniero de sistemas.
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Con Guarín ya son cuatro los exguerrilleros que han ocupado la dirección de esa central de inteligencia estatal: Manuel Alberto Casanova, el prófugo Carlos Ramón González, Jorge Lemus —hoy en el escándalo de ‘Papá Pitufo’— y René Guarín.
El anónimo contra Abelardo De la Espriella
El supuesto informe de inteligencia, con el que el presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra el candidato Abelardo de La Espriella, terminó siendo un mensaje anónimo que dejó mal parada, una vez más, a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). El tropel comenzó el fin de semana cuando el jefe de Estado hizo una publicación relacionada con la expedición de pasaportes, que antes era contratada con la empresa Thomas Greg and Sons.
“No puedo dejar de encajar la actitud negativa del procurador con los informes hechos desde inteligencia de conversaciones entre los hermanos Bautista (dueños de Thomas Greg) y De la Espriella intercambiando la devolución del contrato de pasaportes a sus manos, y la promesa, a cambio, de ciertos algoritmos que le aseguren la presidencia a De La Espriella, cuyo vicepresidente es coautor del desastre en que dejó el gobierno Duque las finanzas (...)”, dijo.
Los algoritmos a los que se refirió Petro tienen que ver con el software de conteo de votos que usa la Registraduría, sobre el cual dicha compañía tendría supuesta injerencia. Los activistas al servicio del petrismo replicaron su mensaje, insinuando un complot para amañar los sufragios.
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“Oye, Petro, revisa tu sistema de inteligencia, el que le entregaste a tus camaradas de la narcoguerrilla; si con esa información estás tomando decisiones, seguramente es la razón por la cual pareces fuera de tus cabales. ¿Es la inteligencia chimba o, en realidad, es tu cabeza la que no funciona?”, le respondió De la Espriella.
Y añadió: “No conozco a los hermanos Bautista y, si tienes grabaciones mías, te reto a que las muestres”.
Wilmar Mejía, exdirector de Inteligencia Estratégica de la DNI, se sumó al debate: “Yo también había recibido esa información hace tres o cuatro días”. Pero cuando le pidieron ampliar el asunto en Caracol Radio, contestó con evasivas.
“Fue una advertencia de un servidor público del sector judicial que, en algún momento, cuando yo era director de Inteligencia, contribuía con información creíble (...). Le dije: ‘Tramite eso por las rutas que lo tenga que tramitar, yo ya no estoy en la entidad’”, afirmó.
Este lunes se conoció que lo denunciado por Petro no salió de un informe de inteligencia de la DNI, sino de un mensaje anónimo, que decía: “Debido a la estrecha relación entre la familia Bautista y el candidato De la Espriella, se puede estar fraguando un fraude electoral en el registro del conteo de votos en el software tercerizado a nivel regional (...)”.
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La abogada Carolina Restrepo, jefa de debate de José Manuel Restrepo, la fórmula vicepresidencial de De la Espriella, declaró que “el papel que hoy circula con bombos y platillos, presentado por algunos como si fuera la antesala de una revelación gravísima sobre un presunto fraude electoral, no es una prueba, no es una actuación judicial, no es una investigación técnica y no es una constatación de hechos. Es, simple y llanamente, una respuesta administrativa de trámite de la DNI a un reporte anónimo”.
La DNI y alias Calarcá
La denuncia revelada por Noticias Caracol hace cuatro meses sostiene que las disidencias de las FARC habrían logrado infiltrarse en instituciones clave de seguridad del Estado colombiano, como la Fiscalía, el Ejército, la Policía y organismos de inteligencia como la DNI.
Según el informe, la información provendría de computadores, celulares y memorias USB incautadas a jefes guerrilleros en julio de 2024 en Antioquia, lo que encendió alertas sobre un posible riesgo estructural dentro del aparato estatal.
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Tras la publicación, Jorge Lemus, en ese momento director de la Dirección Nacional de Inteligencia, afirmó que no tenía conocimiento previo de esos hechos y que, al revisar internamente, no encontró “trazabilidad” que confirmara la existencia de las supuestas misiones o infiltraciones.
Esta falta de registros le resultó preocupante, por lo que anunció la apertura de una investigación para esclarecer si la información es verídica o si existen inconsistencias en lo revelado.
En ese contexto, también se refirió al funcionario Wilmar Mejía, mencionado en el informe, señalando que normalmente todas las misiones de inteligencia son reportadas y documentadas, lo que no habría ocurrido en este caso.
Lemus expresó dudas sobre la veracidad de los señalamientos y aseguró que, de haberse presentado irregularidades, deberán ser aclaradas mediante la investigación en curso.
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Producto del escándalo, el general (r) Juan Miguel Huertas Herrera, jefe del Comando de Personal del Ejército (COPER), fue suspendido y apartado temporalmente de su cargo en enero de 2026, mientras a comienzos de marzo Wilmar Mejía renunció al cargo de director de Inteligencia Estratégica de la DNI.
¿Un periodista al servicio de la DNI?
El periodista Enrique Tapias en febrero pasado quedó bajo escrutinio tras una investigación de la Revista Cambio que lo señala, a partir de un audio, como intermediario informal con acceso directo a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) e incluso a la Presidencia.
En la llamada revelada, Tapias aseguraba poder sentar a oficiales directamente con el presidente Gustavo Petro o con el entonces director de la DNI, Jorge Lemus.
Desde junio del año pasado, la DNI revisaba hojas de vida de policías para decidir ascensos, retiros y comisiones. Entre los señalados de esa práctica estaba el mayor (r) César Ortiz, retirado en 2024 por supuestos vínculos con investigaciones de narcotráfico y “Papá Pitufo”.
El artículo señala que Ortiz había sido previamente recomendado por un periodista al director William Salamanca por información sobre contrabando.
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Con la llegada del general William Rincón, la purga dentro de la Policía reveló una estrategia de depuración selectiva basada en el control de información desde la inteligencia.
En la comunicación, un coronel en riesgo de retiro relata sus logros, incluyendo la captura de alias Otoniel, y busca que Tapias interceda ante el ministro de Defensa.
Escondite para ‘El mocho Olmedo’
En mayo del 2025, Noticias Caracol y su Unidad Investigativa, revelaron al país que durante 55 días la DNI escondió y protegió en un hotel de Bogotá a Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, extraditable capturado por la Fiscalía.
El episodio insólito, según reveló ese medio, tenía para esos días al Gobierno de Estados Unidos muy incómodo luego de que la Corte Suprema descubriera la irregularidad. El incidente tenía a la misma Fiscalía dando explicaciones.
Para febrero de ese año, en medio de la crisis del Catatumbo, el jefe disidente fue designado como delegado en la mesa de paz con el Gobierno Petro. Así las cosas, sus órdenes de captura fueron suspendidas.
“No obstante, el cerco del Eln para arrasar con el Frente 33 no daba tregua y ‘Mocho Olmedo’ pidió pista para ser rescatado por la fuerza pública”, dice ese medio citando al abogado de “El Mocho”, Daniel Piedrahíta, quien agrega que hasta el 12 de febrero de 2025, cuando fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, su cliente no sabía que el Gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.
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“Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez (director de la DNI), quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez”, dice un documento revelado por Caracol.
Es decir, El Mocho no fue enviado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota ese día. En cambio, dice la denuncia, la DNI, alegando asuntos de seguridad nacional, no informó para dónde se lo llevaba ni quién vigilaría que no se fugara. Finalmente fue llevado a un apartamento en la localidad de Chapinero en Bogotá.
El informe de la DNI basado en un anónimo
En febrero pasado se conoció un informe de la Dirección Nacional de Inteligencia que provocó la salida del general Edwin Urrego como comandante de la Policía Metropolitana de Cali.
El documento lo vinculó, de manera indirecta, a un supuesto complot contra el presidente Gustavo Petro, aunque no detalló quién lo habría planeado ni con qué propósito.
El informe, basado en un correo anónimo, señaló que la cercanía de Urrego con ciertos círculos políticos “pudo haber sido aprovechada” para fines delictivos, sin presentar pruebas concretas.
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Según la información revelada por El Tiempo, el correo advertía que en Barranquilla se planeaba involucrar al presidente y al ministro Armando Benedetti en un decomiso de drogas supuestamente fabricado, presuntamente con la participación del teniente coronel Oscar Moreno Arroyabe y su comandante de Barranquilla, junto a políticos de derecha como Char. También mencionaba que Moreno Arroyabe había trabajado con la DEA en Bogotá como enlace del grupo GRATE.
El general Urrego fue retirado de su cargo por orden del presidente Gustavo Petro.
Este episodio ha generado una fuerte controversia debido a lo que se ha calificado como “ligereza” en el manejo de la información por parte de la DNI, teniendo en cuenta que el origen de la acusación es un mensaje anónimo.
El informe de 15 páginas de la DNI se sustentó principalmente en un correo electrónico anónimo. Medios de comunicación y analistas han señalado que el informe carecía de pruebas técnicas, como grabaciones o interceptaciones, y que la DNI le otorgó plena credibilidad al mensaje sin realizar una verificación rigurosa de los hechos.
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