El sistema de salud colombiano atraviesa una tormenta donde la falta de pagos, la opacidad informativa y las decisiones políticas están dejando a miles de pacientes a la deriva.
En el centro de esta crisis se encuentra, de nuevo y como si no fuera suficiente, la Nueva EPS, la prestadora de salud con mayor número de afiliados en el país que hoy enfrenta el cierre de puertas de instituciones vitales como el Instituto Nacional de Cancerología (INC).
Para entender la magnitud de este drama, EL COLOMBIANO entrevistó a Néstor Álvarez, presidente de la Asociación de Pacientes de Alto Costo, quien lidera una de las organizaciones que más de cerca ha seguido el rastro de los recursos y los rostros de miles de familias que tienen un paciente enfermo en Colombia.
Su diagnóstico es demoledor: el país vive hoy una violación sistemática de derechos humanos motivada por una “ceguera política” que ha convertido a los pacientes en víctimas de una agenda gubernamental.
En esta entrevista, Álvarez analiza por qué, a pesar de que el Gobierno asegura que los recursos de la UPC son suficientes, el dinero no llega a las clínicas y hospitales de alta complejidad.
Además, pone la lupa sobre la situación en Antioquia, departamento que se ubica entre los cinco con mayor presencia de la Nueva EPS y donde el cierre silencioso de servicios ya empieza a pasar factura a los pacientes más vulnerables”.
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¿Cómo ve el anuncio del Instituto Nacional Cancerológico?
“En los 21 años que llevo liderando esta organización, puedo asegurar que estamos viviendo la peor crisis humanitaria y de violación de derechos humanos en la historia del sistema de salud colombiano . No es una exageración; es la realidad de pacientes que hoy están en un estado de desesperanza tal que ya ni siquiera interponen tutelas, porque sienten que de nada sirve ganar un proceso legal si la atención no llega.
Lo que está ocurriendo con el Instituto Nacional de Cancerología (INC) es el síntoma más grave de esta ceguera. Me duele profundamente que los nuevos pacientes adultos con diagnóstico de cáncer no vayan a ser recibidos por falta de contratos y de pagos de la Nueva EPS . Aunque nos den un “parte de tranquilidad” diciendo que los niños y los que ya están en tratamiento seguirán siendo atendidos, yo me pregunto: ¿hasta cuándo podrá aguantar el Instituto si no recibe recursos?”.
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O sea, ¿cómo se traduce ese anuncio del Instituto Cancerológico?
“Todos los adultos que tengan diagnóstico nuevo no van a poder ser atendidos, y la Nueva EPS tendrá que buscar otra red, lo cual va a ser muy difícil porque en Bogotá más de una IPS tiene una alta atención de pacientes con cáncer. Son más o menos, según nuestros cálculos entre seis mil y nueve mil pacientes se verán afectados”.
¿Ustedes de pronto esa cifra más discriminada?
“No, la verdad no la tenemos, porque ustedes saben que en este momento la opacidad de información del sistema de salud y Nueva EPS es cada día mayor.
Entonces, no hay nada público ni oficial para que uno pueda decir: mire, hay tantos de leucemia o de tumores sólidos, tumores de piel... no, no tenemos ese dato.
Lo único que, de otra forma, pues da una tranquilidad es que a los pacientes que ya están con tratamiento programado no se les va a suspender.
El punto es hasta cuándo el instituto va a poder aguantar atendiéndolos si la Nueva EPS no le paga, teniendo en cuenta que el noventa por ciento de la atención está cubierto por la UPC.
Entonces, no entendemos por qué tienen un tema de cartera tan grande con el Instituto Nacional de Cancerología si el ministerio dijo claramente que la UPC es suficiente. ¿Dónde está el dinero en Nueva EPS?”.
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Pero, ¿qué tipo de gestiones han hecho o están intentando hacer en medio de la opacidad que me cuenta?
“Pues mire, nosotros tuvimos una mesa que se llamó “Por la Vida”, que se originó en un plantón en la Defensoría del Pueblo el año pasado, desde octubre.
Una mesa que dedicamos a la Defensoría del Pueblo —perdón—, la Contraloría y la Procuraduría. Pero la triste realidad es que los interventores solamente existieron una vez, diez minutos; nunca dieron la cara y siempre designaron personas que decían que no podían tomar decisiones porque eso le competía a los interventores.
Entonces, en términos generales, hemos luchado pidiéndole a la EPS que pague, que haga contratos, que no suspenda la atención. Algo logramos: parar algunos procesos que iban a quitar atención sin tener nueva red.
Pero temas tan álgidos como estos, con muchas IPS que han cerrado servicios, no se pudieron resolver porque nunca hubo voluntad de dar solución ni transparencia con las cuentas. Muchas veces preguntamos qué pasaba con el dinero y por qué no se estaba pagando a las IPS, si era atención cubierta por UPC”.
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Néstor, ¿y sabe usted cómo está Antioquia en este tema?
“En estos momentos, lo que le diga sería mentira”.
¿Cuántos pacientes atiende el Instituto de Cancerología en Antioquia o cuántas IPS tienen cerrado el servicio para Nueva EPS en manejo de cáncer?
“La verdad, la EPS no quiere dar esa información y nunca publica la red de atención vigente, que eso se exigió en la mesa “Por la Vida”.
Pero, entonces, el panorama para los usuarios cuál es...
“En Bogotá, frente a este tema, es que las personas nuevas diagnosticadas la EPS las deben direccionar a otra IPS. El punto es que no hay una IPS en Bogotá que en este momento atienda cáncer para Nueva EPS en pacientes nuevos. El Hospital San Ignacio solo siguió atendiendo a la cohorte que estaba en tratamiento.
O sea, es un problema muy crítico, y por eso hemos pedido que la solución inmediata es que el presidente le dé la orden al interventor (Jorge Iván Ospina) de hacer un giro inmediato al instituto y firmar un acuerdo de pago para seguir atendiendo a los pacientes nuevos que lleguen y sean remitidos al INS, y también pagar la cartera para garantizar la continuidad del tratamiento”.
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O sea que, por fuera, el panorama para estas personas, estas familias, ¿qué tipo de atención van a recibir?
“Depende de los contratos que haya, pero la gran preocupación es que si con el Instituto Nacional de Cancerología llevan seis meses sin firmar contrato, imagínese salir a contratar en este momento. La solución más fácil es pagarle al INS, firmar un contrato y garantizar el pago de todas las atenciones que ya se han hecho”.
Néstor, en el tema de tutelas, ¿qué datos están manejando?
“Se ha llegado a un punto en que las personas ya perdieron la esperanza. Ya no ponen quejas ni tutelas. La gente dice: “tengo veinte desacatos, tengo diez desacatos, ¿para qué pongo tutela?”. Entonces, se está llegando a un nivel de desesperanza muy alto.
También hacemos un llamado a la Defensoría del Pueblo para que se pronuncie frente a esta violación de derechos humanos: el derecho fundamental a la salud y a la vida”.
¿Cómo ves el panorama inmediato tras el comunicado de Nueva EPS?
“Yo también lo leí. Ese “parte de tranquilidad” solo sería real si mañana garantizan un pago al instituto y firman un acuerdo para atender nuevos pacientes. Si no, es un comunicado para salir del paso”.
¿Cuántos pacientes con cáncer tiene Nueva EPS?
“Vuelvo y digo, es que no hay cifras oficiales. Pero fácilmente se puede hablar de unos veinticinco mil pacientes en el país. Eso sí, esto afecta principalmente a pacientes nuevos en Bogotá”.
¿Cómo ves el nombramiento del interventor, Jorge Iván Ospina?
“Necesitamos un plan de choque urgente. No solo está en riesgo cáncer, sino otras patologías por falta de pago a IPS de tercer y cuarto nivel. Explíquenos lo de la UPC. El gobierno dice que la UPC es suficiente y que con ese dinero las EPS deberían cubrir la atención. Pero el 95% del cáncer está cubierto por UPC. Entonces, si es suficiente, ¿por qué la deuda con el instituto? ¿Dónde está la plata?”.
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¿Habían visto una crisis así?
“En 21 años, esta es la peor crisis humanitaria del sistema de salud en Colombia”.
¿Cree que el gobierno del presidente Petro está haciendo política con la salud?
“Sí, sin duda, ese ha sido su principal estandarte. Sin embargo, ha sido una bandera mal gestionada, ya que sus acciones han terminado afectando la salud y la vida de muchos colombianos”.
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¿Y el ministro?
“No hemos tenido ministro. Hemos tenido un ingeniero, una figura más política que técnica que ha priorizado agenda política sobre derechos humanos”.
¿Qué pasa con los tiempos de atención de los pacientes?
“Hay retrasos graves. Diagnósticos pueden tardar entre tres y seis meses. Medicamentos, especialmente quimioterapias orales, no se están entregando”.
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Finalmente, ¿cómo ven el nombramiento en Supersalud, Daniel Quintero?
“Desde el punto de vista de la moralidad pública, es crítico nombrar a alguien con investigaciones en curso, aunque tenga presunción de inocencia”.
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