Los habitantes de 504 municipios del país solo tendrán como opción, en caso de enfermarse, ser atendidos a través de la Nueva EPS. Esto ocurre tras la más reciente reubicación de afiliados implementada por el Ministerio de Salud.
Uno de los departamentos más impactados es Antioquia. Allí, 80 municipios quedarán exclusivamente bajo la operación de las EPS intervenidas Savia Salud y Nueva EPS, lo que reduce significativamente la oferta de salud.
Este escenario refleja la magnitud de los cambios y anticipa un proceso logístico y administrativo de gran escala para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios.
Cabe mencionar que en los más de 500 municipios en donde no habrá libertad de elección de EPS hay 1.830.813 usuarios, que están distribuidos en los departamentos de Boyacá, Cundinamarca, Santander, Nariño, Bolívar, Tolima, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Caquetá, Magdalena, Guainía, Valle del Cauca, Córdoba, César, Atlántico, Vaupés, Guaviare, Arauca, Sucre, Vichada, Cauca, Risaralda, Putumayo, San Andrés y La Guajira.
En Cundinamarca, el éxodo es total en poblaciones como Albán, Anapoima, Bojacá y Tenjo, donde las autorizaciones para Sanitas, Salud Total, Famisanar y Compensar han sido revocadas, dejando a la Nueva EPS como el único receptor legal de los pacientes en esos territorios.
Esta tendencia se repite en Boyacá, donde Iza, Guayatá, Güicán de la Sierra y Ventaquemada han visto cómo se les cierra la puerta a competidores como Sanitas y Cajacopi, dejando la exclusividad del servicio a la Nueva EPS.
La situación se marca más en las regiones periféricas del país; en departamentos como Guainía, Vaupés y Vichada, la Nueva EPS aparece como la única promotora autorizada en prácticamente todos los registros analizados, eliminando cualquier rastro de competencia en zonas como San Felipe, Puerto Colombia, Taraira y Santa Rosalía.
En la región Caribe y el sur del país, el informe técnico revela un patrón de desplazamiento similar. En el Atlántico, municipios como Galapa y Campo de la Cruz han dejado de contar con la operación de Sanitas y Famisanar, mientras que en el Huila, localidades como Villavieja y Yaguará han visto la salida de Asmetsalud y Sanitas.
El resultado final de este reordenamiento es un traslado masivo hacia entidades intervenidas, lo que en la práctica traslada la administración de la salud de millones de ciudadanos directamente a manos del Gobierno.
Consulte aquí si el municipio donde vive está entre los que solo tendrán acceso único a la Nueva EPS:
Nueva EPS, con más usuarios y en crisis
Con estos traslados, la Nueva EPS pasará de tener cerca de 11,58 millones de usuarios a alrededor de 14,19 millones, lo que representa un incremento cercano al 22,6 % en apenas tres meses. El movimiento se produce en medio de advertencias sobre la situación financiera de la entidad.
Según cifras de la Contraloría General de la República, la deuda de la Nueva EPS creció un 198 % entre diciembre de 2022 y marzo de 2025, al pasar de 5,42 billones de pesos a 21,37 billones.
En ese mismo periodo, su patrimonio pasó de un saldo positivo de 485.209 millones de pesos a uno negativo de 6,25 billones, una condición que el organismo de control ha descrito como de “inviabilidad estructural”.
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El Decreto 182 de 2026 —cuyo borrador fue publicado hace dos semanas— establece que en departamentos con más de dos millones de habitantes, solo podrán operar las EPS con al menos el 5 % de los afiliados en esa zona; mientras que en otros con población entre 390.001 y 2 millones de habitantes, el mínimo será del 10 %. Y, finalmente, en departamentos entre 100.000 y 390.000 habitantes, la participación exigida será del 15 %.
Si bien el Minsalud ha negado que sea un traslado masivo y explicó que esa norma establece mecanismos técnicos de asignación solo cuando una EPS no garantiza condiciones adecuadas de operación, lo cierto es que un documento de esa entidad muestra que, en la práctica, para la gente que vive en el 45 % de los municipios del país, solo podrán estar en Nueva EPS.
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Lo anterior confirma un nivel de concentración sin precedentes recientes en el sistema y redefine el equilibrio competitivo en amplias zonas del país. Esto debido a que, a menos de que las personas se muden de donde viven, habrá poblaciones donde algunas EPS tendrán que salir y los traslados serán innegables e inevitables.
Ese listado del Ministerio de Salud confirma que las proyecciones sobre el número de trasladados que se harían eran reales, a pesar de que la entidad diga que se trata del cumplimiento del “mandato constitucional de garantizar la continuidad del servicio y proteger el derecho fundamental a la salud, el cual no puede verse interrumpido por razones administrativas o financieras y mucho menos por malos manejos del modelo de intermediación”.
La entrada en vigencia de estos cambios está en manos del Consejo de Estado, que estudia un incidente de desacato contra el ministro Guillermo Jaramillo y una solicitud de suspensión provisional del mencionado decreto.
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