El juego de palabras “la política es dinámica” no abandona al gobierno del presidente Gustavo Petro. En lo que va de su mandato no ha dudado en mantener cerca a personas que han estado en administraciones anteriores y han sido cercanos a sus contradictores políticos, así en sus redes sociales y en plaza pública se riegue en epítetos contra lo que llama “clase política tradicional”. Juan Fernando Cristo, César Gaviria, Dilian Francisca Toro, Armando Benedetti y Mauricio Lizcano son algunos botones de muestra. Pero el más reciente es el caso de Eduardo Montealegre Lynett, a quien nombró como su ministro de Justicia y quien es el encargado de impulsar una “una Asamblea Nacional Constituyente de iniciativa popular”.
Si bien el ejemplo del también exfiscal general de la Nación podría ser otro caso más de lo anterior, lo cierto es que demuestra las contradicciones tanto de Petro como del Ministro, incluso, con más ahínco que el de otros casos.
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Montealegre ha tenido una carrera marcada por polémicas y por haber estado del lado judicial de quienes han sido enemigos del Presidente en el sector privado y de quienes ha usado como caballito de batalla en sus críticas y ahora intentos de cambio en el país.
Alberto Ríos: basuras de Bogotá
Quizás el evento canónico más grande en la vida política de Gustavo Petro fue su intento por cambiar el modelo de recolección de basuras en Bogotá cuando fue alcalde (2012-2015). Esa cruzada —que salió mal en su implementación en diciembre de 2012— le costó un año después ser destituido e inhabilitado por el procurador Alejandro Ordóñez. No obstante, logró darle la vuelta a ese revés jurídico y político terminando su periodo como mandatario local y erigiéndose como un perseguido por el establecimiento, que capitalizó electoralmente 10 años después para ser Presidente.
En medio de esa pelea por las basuras en la capital —en la que el alcalde quería montar un sistema totalmente público y sacar a los privados—, Petro graduó como sus enemigos a los propietarios de algunas empresas recolectoras de residuos, entre los que se encontraban William Vélez (cercano al expresidente Álvaro Uribe) y Alberto Ríos (cercano al exvicepresidente Germán Vargas Lleras). A ambos los tildó de defender “la mafia paramilitar”.
En ese contexto, Alberto Ríos se erigió como una de las voces del sector privado en la pelea con la Alcaldía de Bogotá, primero negándose a entregar los camiones recolectores que el alcalde decía que eran de propiedad pública y luego resistiéndose a la negociación que el Distrito les hizo para que siguieran operando en algunas zonas de la ciudad.
Más allá del lío por ese cambio que Petro no logró hacer, lo concreto es que, un año antes de esa confrontación, Alberto Ríos tenía un reconocido abogado entre sus colaboradores: el hoy ministro de Justicia Eduardo Montealegre.
De hecho, Montealegre fue su vocero legal en medio de las críticas e investigaciones que rodeaban a los negocios que hicieron los primos Guido, Manuel y Miguel Nule.
Los tres empresarios costeños, fundadores del grupo Nule —que estuvo a la cabeza del carrusel de la contratación en Bogotá— fueron socios de la empresa Enertolima, de la cual Ríos era uno de los dueños. Esa movida se dio en 2006 después de que su grupo ganara la subasta para comprar esa empresa y que este los buscara por necesidad de un socio con liquidez.
En ese entonces, el grupo Nule pagó $38.000 millones por la compra del 49% de Enertolima. Si bien en las investigaciones por el desfalco a Bogotá la Fiscalía acusó que esa inversión la hicieron con dinero obtenido ilegalmente del carrusel de la contratación, Montealegre expuso en 2011 que su cliente buscó a los primos Nule porque era “una de las empresas de mayor prestigio en la construcción de obras públicas” y por que “en ese momento no surgía ningún cuestionamiento público por el manejo de la finanzas del grupo”.
Carlos Palacino: SaludCoop
Si hay un tema con el que el presidente Petro ha impulsado su reforma a la salud son los casos de corrupción en el manejo de los recursos de ese sector. Uno de estos es el de SaludCoop: una EPS que fue liquidada en 2015 tras dejar una deuda de $1,4 billones al sistema de seguridad social y de acusaciones de haber usado recursos de la salud para construir un campo de golf.
El presidente de esa EPS era Carlos Palacino, quien fue condenado a 15 años de prisión en marzo de 2018 por el delito de peculado por apropiación a favor de terceros, y su abogado era Montealegre, del que era su amigo personal.
Aunque Palacino tenía derecho a la defensa y hay quienes insisten en su inocencia (incluso hay un libro llamado “Palacino es inocente: Las acusaciones falsas contra el presidente de Saludcoop”), lo cierto es que Petro ha usado este caso, en el que Montealegre se declaró impedido cuando fue fiscal (2012-2016), para generalizar los casos de corrupción en salud e impulsar su reforma al sistema.
“Gol (...) a los grandes negociados por billones de pesos que hicieron muchas EPS, varias extintas ya, pero con sus dueños gozando del dinero público. ¿Olvidó Saludcoop, Coosalud, Cafesalud, Medisalud, Sol salud y otras muchas de paramilitares?”, escribió en X (antiguo Twitter) en marzo pasado cuando la Cámara de Representantes aprobó esa reforma en segundo debate.
Montealegre defendió Convivir
Los Servicios Comunitarios de Vigilancia y Seguridad Privada —conocidas en los 90 como Convivir— es otro de los temas con el que el presidente Petro ha capitalizado políticamente para hablar del paramilitarismo en Colombia, así como para señalar al expresidente Uribe de haber propiciado, mediante su implementación en Antioquia, “la expansión del paramilitarismo y su cultura”. Lo que parece obviar, olvidar o no saber de esas cooperativas (creadas por decreto en el Gobierno de César Gaviria y reglamentadas en el de Ernesto Samper) es que su hoy ministro de Justicia las defendió.
En 1997, como viceprocurador, Montealegre elaboró un concepto sobre las Convivir que envió a la Corte Constitucional, en el que admitió que es legal que la seguridad, considerada como responsabilidad del Estado, se delegue parcialmente a particulares, aunque bajo estricto control de las autoridades.
Así mismo, mencionó que “se hizo indispensable la intervención de los particulares en funciones que en principio le corresponden al Estado, pero que le ha sido imposible asumir totalmente, como es el caso del control de la seguridad nacional” y que sus servicios, si bien están enmarcados en la legalidad, “no pretenden encubrir actos reprochables ni extralimitación en el uso de la fuerza”.
Entre los bemoles que hizo entonces, señaló que se requería que “el Estado tenga un control muy estricto sobre las actividades que van a cumplir para evitar desbordamientos”, así como que no se podía confundir los grupos de defensa comunitaria bajo control estatal con “los grupos paramilitares que ejercen sus actividades en franca oposición a los métodos que permite el ordenamiento jurídico”.
Para el analista político Juan Carlos Flórez, estas contradicciones demuestran que el presidente Gustavo Petro “nunca tuvo intención de renovar las costumbre políticas del país y enfrentar la corrupción” y que es otra persona más del gobierno que ha estado “en la casta política tradicional”. “Son grupos de poder que un día están en un lado y después, sin sonrojarse, se pasan al otro”, añadió.
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