Las amenazas a fiscales e investigadores del caso llevaron a Miguel Uribe Londoño a solicitar medidas cautelares por parte de la CIDH, ¿qué sigue en el proceso?
Miguel Uribe Londoño aseguró que quiere presentarse ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Esto, tras los avisos de riesgo emitidos por la Fiscalía con respecto a las amenazas que estarían recibiendo los investigadores del caso de magnicidio de su hijo, Miguel Uribe Turbay. EL COLOMBIANO habló con diferentes expertos que explicaron qué sigue.
El hoy candidato presidencial aseguró que su intención de ir ante la CIDH tiene diferentes propósitos. Primero, informar sobre las amenazas a los investigadores y fiscales; segundo, solicitar la adopción de medidas cautelares en su favor para “proteger su vida, su integridad personal y garantizar el normal desarrollo de la administración de justicia”.
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Uribe Londoño insiste en que se está ante “un crimen de lesa humanidad” y ante “una amenaza real e inminente contra quienes están investigando y esclareciendo la verdad”.
También dijo que “el gobierno de Petro le negó la protección a mi hijo Miguel, a pesar del riesgo de seguridad que él les dijo que tenía; él sabía que lo podían matar porque había sido muy crítico con la paz total criminal de Petro”.
Por eso, reiteró que “el Gobierno tiene responsabilidad en su magnicidio” y habló de que la vida de los investigadores “está en riesgo a causa de la paz total de Petro”. Finalmente, hizo un llamado a que “los criminales no sigan libres y se sepa la verdad”.
Sergio Morales, coordinador académico de la Facultad de Estudios Políticos, Jurídicos e Internacionales de la Universidad de la Sabana, dijo a este diario que Uribe Londoño acude a la CIDH por dos hechos jurídicos.
“Primero, la muerte de Miguel Uribe Turbay, y segundo el riesgo que estarían enfrentando los fiscales, investigadores y personas vinculadas al caso. La muerte abre un debate sobre la responsabilidad del Estado y una eventual reparación, en cambio la solicitud ante la CIDH tiene un objetivo distinto: pedir protección para evitar nuevos ataques”, dijo.
Morales agregó que ”es una distinción para no confundir las vías de reparación que se tienen”: si el padre acude a la CIDH el objetivo inmediato no sería que esta condene al Estado por la muerte de su hijo ni que empiece un proceso de indemnización.
Ante esto, ”el propósito sería activar el mecanismo de medidas cautelares previsto en el artículo 25 de su reglamento”, que permite solicitar al Estado medidas de protección cuando exista una situación que debe ser grave, urgente y con un riesgo irreparable.
Es decir, proteger la vida e integridad de quienes puedan estar amenazados y asegurar la investigación penal para avanzar en el proceso de responsabilidad.
Esto, cabe aclarar, no reemplaza los mecanismos internos colombianos que aún pueden agotarse. Ahí la CIDH puede pedir información al Estado antes de decidir, salvo que la urgencia justifique actuar de inmediato.
Si se conceden las medidas cautelares, se abre una etapa de seguimiento para verificar qué hizo el Estado y si esas medidas son suficientes”.
Pero, si se dice que hubo una omisión estatal de protección o una falla en el proceso institucional, el experto dice que deben agotarse los mecanismos internos.
El académico dejó claro que llevar un caso a la Comisión no equivale llevarlo a la Corte, ya que son etapas y órganos distintos: mientras la Comisión emite solicitudes y recomendaciones, la Corte dicta sentencias y medidas provisionales en casos de urgencia.
Los tiempos pueden ser relativos, según Morales, pero “las medidas cautelares tienden a ser rápidas”; para estas situaciones debería resolverse en días o semanas, dependiendo de la urgencia del riesgo y la información disponible.
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Para otro experto, quien prefirió la reserva de su nombre, es importante dejar claro que Uribe Londoño acude “no al sistema de peticiones sino a pedir medidas cautelares” para los investigadores y fiscales.
La CIDH tendría que evaluar si los riesgos son reales, graves, urgentes y pueden causar un daño inminente. Si es así, puede concederla.
En cuanto a los pasos a seguir: “se dará traslado de la solicitud al Estado, quien podrá hacer sus observaciones”, la CIDH puede pedir información complementaria, y posteriormente tomar una decisión.
Las medidas que podría adoptar serían enfocadas a la protección de los fiscales y los investigadores, con énfasis en la protección de la investigación.
Y concluyó que el proceso, “en las condiciones de la CIDH hoy en día, puede ser de 6 meses a un año” y que “saldrán unas recomendaciones en materia de seguridad para funcionarios de la Fiscalía”.
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