Martha Peralta Epiayú, senadora del Pacto Histórico, permanece detenida en su residencia por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, como medida preventiva para garantizar su comparecencia dentro de las investigaciones por el caso de la UNGRD.
La magistrada ponente, Cristina Lombana, había ordenado inicialmente que la congresista fuera conducida por la Policía, luego de que solicitara en dos ocasiones el aplazamiento de la diligencia de indagatoria, que continuará este viernes a partir de las 8:00 de la mañana.
La Fiscalía ha identificado a Peralta Epiayú como la supuesta articuladora principal de una estrategia diseñada para “torcer” el voto de varios parlamentarios en el marco del escándalo de la UNGRD.
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Según las investigaciones, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ordenó a Olmedo López apoyar la reforma pensional mediante la entrega de contratos a congresistas para ampliar las mayorías en la Comisión Séptima del Senado.
En cumplimiento de esta orden, el 13 de junio de 2023, López supuestamente asistió a un debate donde acordó con Peralta Epiayú gestionar proyectos dentro de la UNGRD para beneficiar a colegas de su comisión, mencionándose específicamente a la senadora Berenice Bedoya.
El expediente judicial del caso plantea que la congresista, al parecer, operaba bajo una división del trabajo, donde la congresista del Pacto Histórico habría pedido a López atender a los congresistas de la coalición que estaban molestos por la “escasa participación” que tenían en el Gobierno, direccionando la contratación de la entidad a su favor para “aceitar” el trámite legislativo.
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De acuerdo con testimonios previos en el caso, la senadora habría solicitado la vinculación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) y presionado por la contratación de figuras clave para su poder político en Maicao, La Guajira.
La persona mencionada ha sido Carmen Domitila Iguarán, quien ha negado en medios alguna relación con el escándalo de Gestión del Riesgo: “No tuve ni tengo poder decisorio en la UNGRD ni en ninguno de sus proyectos; solo fui una funcionaria de nivel medio”.
Asimismo, Peralta Epiayú es señalada supuestamente de gestionar contratos de maquinaria amarilla y jagüeyes en La Guajira para consolidar candidaturas de su movimiento en esa región.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga a la congresista por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
Las pesquisas de la Corte Suprema
Entre los principales señalamientos que hoy tienen bajo investigación a la senadora Peralta Epieyú está la presunta intervención para favorecer un contrato cercano a los $2.170 millones relacionado con maquinaria amarilla y volquetas destinadas a Riohacha.
La Fiscalía y la Corte Suprema buscan establecer si hubo injerencia indebida en ese proceso contractual ligado a la Unidad de Gestión del Riesgo. El expediente también menciona a la congresista como una posible “articuladora política” dentro del presunto esquema de cupos indicativos que habría operado en la entidad.
Según la hipótesis de los investigadores, contratos y recursos públicos habrían sido utilizados para asegurar apoyos políticos y votos en el Congreso a favor de iniciativas impulsadas por el Gobierno nacional.
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Dentro de esa línea investigativa, la Fiscalía sostiene que el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habría dado instrucciones a Olmedo López para respaldar a Martha Peralta Epiayú mediante contratos y proyectos regionales.
El objetivo, según las declaraciones conocidas en el proceso, era consolidar apoyos legislativos para la reforma pensional y otras reformas promovidas por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Los testimonios entregados por Olmedo López y Sneyder Pinilla también mencionan presuntas reuniones entre la congresista y funcionarios o contratistas vinculados a la empresa Inversiones IRL S.A.S.
De acuerdo con esas declaraciones, dichos encuentros habrían estado relacionados con la gestión de negocios jurídicos y contratos públicos asociados a la UNGRD.
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Otro de los frentes que motivó la apertura de investigación por parte de la Corte Suprema, según conoció EL COLOMBIANO, son los señalamientos contra la congresista que reposan en declaraciones y documentos entregados por Olmedo López, exdirector de la UNGRD y hoy colaborador de la justicia, quien aportó chats, cuadros de proyectos, hojas de vida y soportes documentales durante su interrogatorio del 15 de julio de 2024 ante la Fiscalía.
EL COLOMBIANO supo que la Corte busca establecer si la senadora intervino en la gestión de contratos, recomendación de funcionarios y direccionamiento de recursos públicos en La Guajira a través de la UNGRD.
Uno de los principales elementos en el expediente son conversaciones de WhatsApp entre Peralta y Olmedo López ocurridas entre el 13 y el 23 de junio de 2023.
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La Fiscalía delegada ante la Corte, según se pudo establecer, recibió un informe de extracción y seis folios impresos con esos chats, los cuales fueron entregados como soporte de las declaraciones del exdirector de la entidad.
Además, Olmedo López, en sus interrogatorios del caso, habría asegurado que la congresista remitió el 16 de agosto de 2023 la hoja de vida de la contratista Carmen Domitila Iguarán Suárez, documento que quedó registrado en 23 folios aportados al proceso.
Aunque públicamente no se ha precisado el cargo para el cual habría sido postulada ni si fue finalmente vinculada, los investigadores revisan si existió intervención política en nombramientos relacionados con la entidad.
Otro de los puntos centrales de la investigación es un documento denominado “Inversiones en La Guajira”, presuntamente enviado por Martha Peralta a Olmedo López. El cuadro habría incluido un paquete de 12 proyectos por un valor total de $558.026 millones.
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De acuerdo con los soportes conocidos, el documento estaba acompañado de: una presentación de diez páginas; un listado de 23 personas relacionadas con perfiles técnicos y contactos; y referencias a radicados oficiales, uno del 7 de diciembre de 2020.
Los investigadores también indagan si la senadora hizo parte de un supuesto esquema de “cupos indicativos” dentro de la entidad, mediante el cual congresistas habrían gestionado contratos, proyectos o recursos regionales a cambio de respaldar iniciativas del Gobierno Nacional en el Congreso.
La Corte Suprema analiza igualmente posibles reuniones y contactos entre la congresista, funcionarios de la UNGRD y contratistas vinculados a proyectos en La Guajira.
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