La magistrada Cristina Lombana negó el habeas corpus solicitado por la senadora del Pacto Histórico Marta Peralta Epieyú y dejó en firme su privación de la libertad. La decisión cierra, al menos por ahora, una de las vías legales que la congresista había intentado para recuperar su libertad. Seguirá recluida en su casa.
Ayer, la senadora fue conducida por la Policía a rendir diligencia de indagatoria, luego de que solicitara en dos ocasiones el aplazamiento de la diligencia. La Fiscalía ha identificado a Peralta Epiayú como la supuesta articuladora principal de una estrategia diseñada para “torcer” el voto de varios parlamentarios en el marco del escándalo de la UNGRD.
En su resolución, la magistrada fue contundente al señalar que la senadora acudió directamente a la jurisdicción constitucional sin haber agotado primero los mecanismos ordinarios que el proceso penal le ofrecía para controvertir la decisión que la mantiene detenida.
“La accionante acudió directamente a la jurisdicción constitucional de hábeas corpus sin siquiera intentar los cauces ordinarios que el proceso le ofrece para controvertir la decisión, lo que confirma la improcedencia del amparo invocado: el hábeas corpus no está llamado a sustituir la diligencia que la propia parte ha omitido desplegar dentro del proceso”, señaló Lombana en su fallo.
Con esto, Peralta, quien es integrante de la bancada oficialista, seguirá privada de la libertad en su residencia mientras avanza su proceso judicial.
Esta actuación judicial sucede justo en medio de la recta final de la campaña presidencial de segunda vuelta, en la que el Pacto Histórico se juega el todo por el todo con su candidato Iván Cepeda, quien en primera vuelta quedó en segundo lugar.
¿Por qué está siendo investigada?
Según las investigaciones, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, ordenó a Olmedo López apoyar la reforma pensional mediante la entrega de contratos a congresistas para ampliar las mayorías en la Comisión Séptima del Senado.
En cumplimiento de esta orden, el 13 de junio de 2023, López supuestamente asistió a un debate donde acordó con Peralta Epiayú gestionar proyectos dentro de la UNGRD para beneficiar a colegas de su comisión, mencionándose específicamente a la senadora Berenice Bedoya.
El expediente judicial del caso plantea que la congresista, al parecer, operaba bajo una división del trabajo, donde la congresista del Pacto Histórico habría pedido a López atender a los congresistas de la coalición que estaban molestos por la “escasa participación” que tenían en el Gobierno, direccionando la contratación de la entidad a su favor para “aceitar” el trámite legislativo.
De acuerdo con testimonios previos en el caso, la senadora habría solicitado la vinculación de 23 personas mediante órdenes de prestación de servicios (OPS) y presionado por la contratación de figuras clave para su poder político en Maicao, La Guajira.
La persona mencionada ha sido Carmen Domitila Iguarán, quien ha negado en medios alguna relación con el escándalo de Gestión del Riesgo: “No tuve ni tengo poder decisorio en la UNGRD ni en ninguno de sus proyectos; solo fui una funcionaria de nivel medio”.
Asimismo, Peralta Epiayú es señalada supuestamente de gestionar contratos de maquinaria amarilla y jagüeyes en La Guajira para consolidar candidaturas de su movimiento en esa región.
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga a la congresista por los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio.
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