El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia, y nombrado gestor de paz por el presidente Gustavo Petro, Salvatore Mancuso, le pidió a la Corte Constitucional celeridad para resolver una tutela sobre su situación jurídica, pues asegura que los términos para resolverla se vencieron en mayo pasado.
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Para el exparamilitar, el nombramiento como gestor de paz del Gobierno requiere que se resuelva su situación judicial, pues considera que es un asunto de trascendencia nacional por la colaboración que puede hacer a la paz y la justicia.
Según el documento que radicó en el alto tribunal, el desarrollo y cumplimiento de esa designación implica “la necesidad de evaluar todas las condiciones que garanticen sus derechos fundamentales, principalmente el derecho al debido proceso, el derecho de defensa, el derecho a la seguridad jurídica, el acceso a la justicia y el derecho a la vida e integridad, es decir, a la seguridad”.
En ese sentido, vale recordar que la tutela en mención pide que se le dé garantías para su libertad. Según el exjefe paramilitar, la recuperó en el pandémico 2020 cuando terminó de purgar su condena por narcotráfico en Estados Unidos. Así las cosas, habría un fallo de la Corte de mayo de este año según el cual tendría que quedar libre cuando regrese a Colombia.
“Se pudo constatar que desde el 29 de mayo de 2023 se registra un proyecto de fallo, sin desconocer los impedimentos presentados relativos a la respuesta del numeral anterior, se concluye que a la fecha, no ha sido notificada decisión alguna en el trámite de referencia, como tampoco se encontró comunicado de prensa en la página de la Corte Constitucional en relación con la tutela”, dice otro aparte de la comunicación que envió Mancuso sobre el término para decidir del tribunal.
Esa tutela que refiere el excomandante de las AUC está dirigida en contra de la sala de Justicia y Paz, Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.
Tras el nombramiento de Mancuso como gestor de paz, se produjo una puja entre el Gobierno, la Fiscalía y la Procuraduría por el futuro de él.
El fiscal Francisco Barbosa asegura que el Gobierno no tiene la potestad para darle la libertad, la procuradora Margarita Cabello cuestionó que se esté considerando darle ese beneficio y el Gobierno afirma que, como gestor de paz, él tendría responsabilidades con la Oficina del Alto Comisionado para la Paz que llevarían a que esté libre.
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