Varias entidades quedaron bajo la lupa por procesos que comprometen recursos y obligaciones para la administración de Abelardo De la Espriella. Una de ellas es el Invías. Así quedó el panorama.
Hasta el último momento. Así, tal cual sucede en el deporte, en que ningún resultado está definido hasta el pitazo final, el gobierno de Gustavo Petro decidió “raspar la olla” del Estado en las últimas semanas que le quedaron al mando. Pero el problema no solo es el gasto que esto ha ocasionado —que es grave por sí solo—, sino los contratos que dejó “amarrados” a la gestión entrante.
Es cierto que cada administración tiene poder hasta el último día y que este tampoco sería el primer gobierno que lo hace. Lo preocupante recae en los diferentes llamados que se han hecho desde entidades de control, una de ellas la propia Contraloría, que encendió las alarmas sobre el ritmo y las condiciones en que se firmaron varias de estas adjudicaciones.
Para dimensionar el alcance de estas decisiones, EL COLOMBIANO revisó el panorama general de los movimientos contractuales, presupuestales y administrativos de distintas entidades del Gobierno nacional en la recta final del mandato de Petro.
Feria de contratos
La Contraloría encendió las alarmas hace unas semanas, que ya desde distintas orillas políticas se venían anunciando, por el aumento de la contratación estatal registrado tras el levantamiento de la veda que imponía la Ley de Garantías.
El organismo advirtió riesgos fiscales, presupuestales y contractuales luego de identificar un fuerte incremento en los compromisos adquiridos por entidades públicas entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026. Fecha que coincidió con la derrota de Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico y heredero político de Gustavo Petro.
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De acuerdo con el informe, durante ese periodo se suscribieron 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones, una cifra que representa un aumento del 22,5 % frente al mismo lapso de 2022, justo antes de que Petro llegara a la Presidencia. Un dato no menor.
Para dimensionar el monto, la Contraloría señaló que equivale prácticamente al costo total de proyectos de infraestructura de gran envergadura, como el Túnel del Toyo.
La mayor preocupación del organismo de control se concentra en el crecimiento de la contratación directa. Más de 11.000 contratos fueron celebrados bajo esta modalidad durante las cuatro semanas analizadas, precisamente después de que terminó la restricción impuesta por la ley, que limitó la contratación estatal en periodos electorales.
La advertencia llegó, además, en un contexto complejo para las finanzas públicas. Según la Contraloría, el gobierno pasado enfrentaba presiones de caja, menores ingresos frente a las metas previstas, rezagos en reservas presupuestales y necesidades adicionales de financiación hasta el último momento. Algo que arrastra la gestión recién posesionada.
En ese momento, el ente de control sostuvo que cualquier nuevo compromiso financiero debía contar con fuentes ciertas de financiación, disponibilidad efectiva de recursos y respaldo en criterios de sostenibilidad fiscal.
De lo contrario, advirtió, se podrían profundizar las presiones sobre las finanzas del Estado, comprometerse el equilibrio del Presupuesto General de la Nación, aumentar las necesidades de endeudamiento e incluso generarse afectaciones al patrimonio público.
Como resultado del análisis, la Contraloría identificó siete factores de riesgo que requieren seguimiento permanente. Entre ellos figuran la insuficiente planeación financiera y presupuestal en contratos de alta cuantía, el crecimiento de la contratación directa, la concentración de recursos en pocos procesos y los riesgos asociados al control y seguimiento de la ejecución contractual.
El organismo también advirtió por situaciones que ameritan especial vigilancia en entidades como la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior, donde identificó posibles riesgos presupuestales y contractuales.
Invías, bajo la lupa
Justamente, esta acelerada adjudicación de contratos, que ha generado cuestionamientos por el momento en que se produjo y por los recursos que compromete a largo plazo, no pasó desapercibida para el gobierno entrante.
A una semana de la posesión presidencial, el equipo de empalme de Abelardo De la Espriella pidió suspender la firma de 16 contratos adjudicados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) para obras en La Guajira por cerca de $3,2 billones, al considerar que comprometen recursos públicos y vigencias futuras hasta 2035.
La solicitud incluía 10 contratos de obra y seis de interventoría para proyectos de vías terciarias en municipios como Uribia, Riohacha, Maicao y Manaure. Según el equipo del gobierno entrante, se trató de decisiones de alto impacto fiscal que debían ser revisadas.
El vicepresidente, José Manuel Restrepo, aseguró que la preocupación no es por las obras en sí, sino por el momento en que fueron adjudicadas. “No nos oponemos a las vías terciarias; exigimos que decisiones billonarias no se tomen mientras el Gobierno hace maletas para dejar el poder”, afirmó.
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La petición fue respaldada por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, quien cuestionó que a pocos días de terminar el mandato de Petro se hubieran adjudicado contratos que comprometen recursos durante la próxima década.
Desde la pasada administración, la exministra de Transporte, María Fernanda Rojas, salió al paso y defendió la legalidad de los procesos. Aseguró que fueron estructurados desde finales de 2025, con respaldo jurídico, técnico y financiero.
Explicó además que el uso de vigencias futuras es una práctica habitual en proyectos de infraestructura y que las obras responden al cumplimiento de la sentencia T-302 de 2017 de la Corte Constitucional para garantizar los derechos de las comunidades wayuu.
Por su parte, Invías sostuvo que los contratos no fueron improvisados y que hacen parte de la ejecución del CONPES 4161 para La Guajira. La entidad aseguró que las licitaciones contaron con amplia participación de oferentes y que todos los procesos se adelantaron conforme a las normas de contratación pública.
Ya se había advertido
La preocupación no es exclusiva de la Contraloría. Semanas atrás, Transparencia por Colombia reportó que, en apenas 19 días posteriores al levantamiento de la Ley de Garantías, las entidades nacionales suscribieron 6.717 contratos por $3,4 billones.
Según Andrés Hernández, director de Transparencia por Colombia, en diálogo con este diario, una parte significativa de esos recursos fue adjudicada mediante contratación directa.
El informe señala que, entre los 15 contratos de mayor valor firmados durante ese periodo —que en conjunto suman cerca de $2,5 billones y representan el 71 % del valor total contratado—, el Instituto Nacional de Vías (Invías) aparece en 11 de ellos, todos relacionados con el programa Vías para la Paz.
El contrato de mayor cuantía corresponde a una licitación de obra pública por $650.400 millones, adjudicada al Consorcio Variante Oriental 057 para la construcción de la variante oriental de Chachagüí, en Nariño.
Transparencia por Colombia precisó que, aunque la mayoría de estos 15 contratos fueron adjudicados mediante licitación pública, dos se otorgaron por contratación directa —suscritos por el Ministerio del Interior— y otros dos a través de régimen especial —firmados por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares—, modalidades que no necesariamente exigen procesos competitivos entre oferentes.
Frente a los cuestionamientos sobre una eventual “raspada de olla” en la recta final del gobierno, Hernández señaló que las entidades aún tenían plena facultad legal para contratar. No obstante, insistió en que el llamado era a la responsabilidad y la transparencia en todas las decisiones que se adoptasen durante las últimas semanas de la administración.
“Posiblemente el gobierno, como otros gobiernos, está utilizando los últimos momentos para dejar avances en su gestión, pero es muy importante mantener una actuación responsable y transparente en estos días”, afirmó.
El director de Transparencia concluyó que cualquier proceso contractual debe estar respaldado por estudios previos y una adecuada planeación. “Un contrato no se puede hacer sin estudios previos ni sin un proceso de planeación”, puntualizó.
Las dudas sobre MinIgualdad
Por otro lado, en medio del proceso de liquidación del Ministerio de la Igualdad, surgieron nuevos cuestionamientos por la contratación que adelantó la entidad a pocos días de finalizar el gobierno de Gustavo Petro.
La denuncia fue realizada por el representante a la Cámara Daniel Briceño —el congresista más votado en las pasadas elecciones—, quien alertó sobre un contrato por más de $30.275 millones para vincular a 1.270 personas a través de una empresa de servicios temporales.
Según el congresista, el contrato fue firmado entre el Patrimonio Autónomo Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial y la firma Laborando S.A.S., e incluye un anticipo superior a los $9.082 millones. Briceño cuestionó que la contratación se produjera mientras la cartera atravesaba su proceso de liquidación y se registraban despidos de funcionarios. “Se van a llevar hasta los inodoros”, afirmó.
Sin embargo, fuentes consultadas por Caracol Radio señalaron que se trata de una contratación prevista para garantizar la continuidad del programa Jóvenes en Paz, cuyos beneficiarios deben completar las rutas de atención establecidas. Además, explicaron que los recursos ya estaban comprometidos y que el fondo correspondiente asumió la ejecución de los programas tras la desaparición del Viceministerio de Juventudes.
Pese a esa explicación, persisten las dudas sobre otros contratos suscritos durante el proceso de liquidación de la entidad. Entre ellos figura uno relacionado con servicios de cartografía para el programa Jóvenes en Paz, cuyo costo ha sido cuestionado por distintos sectores. Esto, justo en medio de los adelantos para clausurar el ministerio, que no logró mantenerse pese a ser una de las propuestas más importantes del gobierno pasado.
De hecho, durante las semanas previas al cierre de la cartera, los trabajadores protestaron por la incertidumbre sobre su futuro laboral una vez se concretara la liquidación del ministerio.
Pero este no es el único frente que quedó bajo la lupa. También hubo cuestionamientos por contratos y compromisos en sectores como Defensa, Educación, Transporte y Salud, algunos de los cuales podrían extenderse hasta 2035 y 2036 y que ahora serán revisados por el gobierno de De la Espriella.
En la Superintendencia de Notariado y Registro también quedaron bajo la lupa varias decisiones. Además de un proceso tecnológico por cerca de $19.439 millones, la entidad expidió decretos para nombrar notarios en distintas ciudades y creó la Notaría 82 de Bogotá. Entre los designados aparecen personas con vínculos políticos o cercanía con funcionarios del actual Gobierno. Uno de los nombramientos de última hora fue el del excongresista Inti Asprilla.
Por más que un gobierno tenga la facultad de tomar decisiones hasta el último día de su mandato, los llamados de atención de los organismos de control no pueden dejarse de lado.
Ahora será responsabilidad del gobierno de De la Espriella revisar si estos contratos realmente benefician al país o si terminarán convirtiéndose en una carga para las finanzas públicas. En sus manos queda.
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- ¿Qué contratos dejó el gobierno de Gustavo Petro comprometidos para la administración de Abelardo de la Espriella?
- La administración saliente dejó varios contratos y compromisos presupuestales que deberán ser asumidos y ejecutados por el nuevo Gobierno, algunos con vigencias futuras que se extienden hasta 2035 y 2036.
- ¿Cuántos contratos firmó el Gobierno Petro después de levantarse la Ley de Garantías?
- Entre el 22 de junio y el 21 de julio de 2026 se suscribieron 14.414 contratos por cerca de $4,55 billones, según un informe de la Contraloría General de la República.
- ¿Por qué la Contraloría alertó sobre la contratación del Gobierno Petro?
- El organismo identificó riesgos fiscales, presupuestales y contractuales asociados al aumento de la contratación, especialmente por el crecimiento de los contratos de contratación directa y por las presiones que enfrentaban las finanzas públicas.
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