Laura Sarabia, una de las exfuncionarias más poderosas del Gobierno de Gustavo Petro, fue imputada este lunes por la Fiscalía por su presunta responsabilidad en la orden para someter al polígrafo a Marelbys Meza, la mujer que cuidaba a su hijo menor de edad.
Sarabia, quien durante varios años fue la mano derecha del entonces presidente Petro, ocupó cargos como jefa de Despacho de la Presidencia, directora del Dapre y embajadora en Londres. Ahora enfrenta una investigación por los delitos de abuso de función pública, constreñimiento ilegal agravado y peculado por uso.
Ante el Juzgado Primero de Control de Garantías de Bogotá, la Fiscalía sostuvo que Sarabia sabía que las actuaciones que realizó estaban por fuera de sus funciones y que, aun así, decidió llevarlas a cabo. Para el ente acusador, su formación académica, experiencia en el sector público, cargo y conocimiento de la administración estatal le permitían comprender que estaba actuando de manera ilegal.
Los hechos ocurrieron en enero de 2023, cuando se presentó un presunto hurto en su apartamento. La Fiscalía reveló que todo ocurrió el día 28, luego de que Meza supuestamente recibiera una bolsa negra que contenía dinero y documentos que ella misma había enviado antes de salir de viaje.
El ente acusador reveló que Sarabia envió esa bolsa antes de volar a Cali. La debía recibir su esposo, Andrés Parra, pero, al no encontrarse en el apartamento, fue entregada a la exempleada.
Un día después, la funcionaria le pidió a Parra que buscara la bolsa, pero este no logró ubicarla. Fue entonces cuando Sarabia contactó al general Carlos Alberto Feria, jefe de la Casa Militar de la Presidencia, para que adelantara labores investigativas y realizara la polémica prueba del polígrafo a Meza.
En ese punto, al ser imputada, la Fiscalía explicó que la exembajadora no tenía facultades para activar aparatos de inteligencia del Estado ni para ordenar la práctica de un polígrafo a una persona que trabajaba para ella. Por eso, consideró que se habrían utilizado atribuciones que no le correspondían para resolver un asunto personal.
“Se comunicó vía telefónica con el coronel Carlos Alberto Feria Coldrago y le ordenó que le practicara una prueba de polígrafo a Marelvis Meza Hueves. Horas más tarde, ese mismo domingo 23, usted personalmente le dijo a su empleada que debía someterse a esta prueba. En calidad de jefa del despacho presidencial, al emitir esta orden al coronel Feria, desbordó su competencia funcional, abrogándose una atribución que legalmente le correspondía a otro funcionario, con el propósito exclusivo de resolver un asunto personal”, leyó la Fiscalía.
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En la audiencia, sostuvo que esa actuación configura el delito de abuso de función pública, porque habría ejercido funciones que legalmente no le correspondían.
El segundo cargo es constreñimiento ilegal agravado. En este punto, el ente acusador aseguró que Sarabia se habría valido de la relación de superioridad laboral que tenía sobre Meza para lograr que aceptara someterse al polígrafo.
La Fiscalía señaló que la mujer dependía económicamente de su trabajo y que, por esa razón, se encontraba en una posición de vulnerabilidad frente a su empleadora.
“La simetría de poder que tenía con Marelbys, por ser su empleadora directa, lo que entraña una dependencia económica que ubicaba a la empleada en una posición de vulnerabilidad. El trabajo que desempeñaba la señora Meza con ustedes, trabajo estable. La remuneración que devengaba era el único sustento de la señora Marelbys. Ella tenía miedo de perderlo si no aceptaba su exigencia”, añadió la fiscal.
Según la Fiscalía, Meza consideraba que someterse a la prueba era la única forma de proteger su trabajo, su libertad y demostrar que no había participado en el supuesto robo.
“Ella estaba convencida de que someterse al polígrafo era la única vía para salvaguardar su libertad, su trabajo y demostrar la inocencia frente a su empleador”.
El ente acusador también explicó que Sarabia habría utilizado el poder que tenía como jefa de Despacho Presidencial para ejercer presión sobre Meza. Entre las actuaciones mencionadas por la Fiscalía están el incremento del esquema de seguridad de la mujer, el despliegue de oficiales en su residencia y los procedimientos de investigación a los que fue sometida la trabajadora.
“Usted, doctora Sarabia, se valió de medios derivados del poder que tenía como jefa de Despacho Presidencial, y que se manifestaron ese 29 de enero de 2023 con el incremento de su esquema de seguridad, el despliegue de oficiales en su residencia, los actos de investigación a los que fue sometida la empleada”, agregó.
Para la Fiscalía, estos elementos fueron suficientes para doblegar la voluntad de Meza y hacer que aceptara el polígrafo por temor a las consecuencias que podía enfrentar si se negaba.
“Estos eran medios coactivos que tuvieron la idoneidad suficiente para doblegar la voluntad de Marelbys, que bajo ese temor se sometió al polígrafo por el miedo fundado de que una negativa derivaría en una presunción de culpabilidad, su incriminación y la eventual privación de su libertad”, reveló la fiscal.
El tercer delito imputado es peculado por uso. La Fiscalía aseguró que Sarabia habría hecho que se utilizaran bienes y equipos del Estado para realizar el procedimiento, pese a que estos tenían unas funciones específicas y no podían ser empleados para atender asuntos particulares.
La Fiscalía también afirmó que conocía las normas que delimitaban sus funciones y que, por su cargo, formación y experiencia, sabía que no podía ordenar este tipo de actuaciones.
“Usted emitió una orden fuera de su competencia. Conocía la Resolución 0047 de 2023 y el Decreto 2647 de 2022, que enmarcaban sus funciones en la asesoría política, la coordinación de agenda y la seguridad nacional. Sabía que sus atribuciones legales no incluían la potestad de activar aparatos de inteligencia del Estado ni ordenar la práctica de pruebas de uso específico”.
“Cuando le pidió a Marelbys Meza que se sometiera al polígrafo, sabía que ella era su subordinada laboral. Conocía el desequilibrio de poder y sabía que Meza no tenía posibilidades reales de negarse a la práctica de la prueba”, agrega la imputación.
El ente acusador concluyó que la exmano derecha de Petro habría utilizado además equipos técnicos de la Policía para atender un asunto de carácter personal.
“También sabía que los equipos técnicos de la Policía tenían finalidades específicas y que estaba determinando su uso indebido para satisfacer intereses privados”, dijo.
Los tres delitos fueron imputados en modalidad dolosa. Es decir, la Fiscalía sostiene que la mujer conocía las actuaciones que estaba realizando y que actuó voluntariamente. En el caso del abuso de función pública y el constreñimiento ilegal agravado fue señalada como autora, mientras que en el peculado por uso fue imputada como determinadora.
Sarabia ya había anticipado que no aceptaría los cargos. Su defensa, encabezada por el exfiscal Mario Iguarán, anunció que continuará en el proceso con el objetivo de demostrar que la exfuncionaria no cometió los delitos que le atribuye la Fiscalía.
Durante la audiencia, además, la Presidencia de la República se declaró víctima dentro del proceso, al considerar que también fue afectada por los hechos que son materia de investigación.
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