Una juez de control de garantías de Bogotá ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra cinco personas por su presunta participación en los actos de tortura y posterior homicidio de Juan Felipe Rincón, hijo del director de la Policía, general William Rincón.
La decisión se tomó tras considerar que hubo un plan criminal y una violencia extrema que derivó en la muerte del joven.
De acuerdo con la valoración judicial, existen elementos suficientes para inferir que los implicados no solo atentaron contra la vida de la víctima, sino que la sometieron a agresiones sistemáticas antes de causarle la muerte.
En ese sentido, la juez respaldó la tesis de la Fiscalía General de la Nación sobre la existencia de tortura y otros delitos, entre ellos la instrumentalización de menores de edad.
Un informe de Medicina Legal fue clave en la decisión. El documento evidenció múltiples lesiones provocadas con objetos contundentes en distintas partes del cuerpo, además de un impacto de arma de fuego en el tórax que finalmente le causó la muerte.
Según la juez, el joven sufrió golpes previos que le generaron dolor intenso y lo dejaron en una condición de indefensión. Para el despacho, la agresión fue desproporcionada y se dio en medio de una clara superioridad numérica de los atacantes.
Cabe recordar que todo ocurrió el 24 de noviembre de 2024 en el barrio Quiroga, al sur de la capital.
“Se le había infringido golpes que generaron dolor intenso, sufrimiento debido al trauma contundente y abrasivo en cabeza, espalda, extremidades superiores e inferiores, máxime de la angustia generada por la superioridad numérica, ya que fue incluso una agresión a mansalva con exceso de violencia por los mecanismos utilizados para agredir a una persona, la cual colocaron en situación de notable estado de indefensión”, concluyó la juez.
La investigación también permitió descartar que se tratara de una riña espontánea. Según el fiscal del caso, el ataque respondió a una acción previamente concertada y ejecutada con sevicia.
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De hecho, según la reconstrucción del ente acusador, el plan comenzó con un contacto aparentemente inofensivo en la red social TikTok. Mientras Rincón realizaba una transmisión en vivo, un perfil falso lo saludó y él respondió de forma genérica. Ese primer acercamiento fue el punto de partida de una estrategia más elaborada.
Posteriormente, los implicados crearon un perfil en Instagram a nombre de Katherine Sotelo, que luego fue modificado a “Mar_142318”. Desde esa cuenta, se estableció un contacto directo y persistente con la víctima a través de mensajes privados, con el objetivo de concretar un encuentro.
“Ambos se dirigieron a la vivienda de Juan Felipe Rincón. A la joven de 16 años ya le habían proporcionado alcohol y drogas. Por ello, la menor permaneció dormida en ese lugar. Al recuperar fuerzas, la menor de edad se comunicó vía telefónica con Katerin Andrea Sotelo. Esta última se hizo pasar por la hermana mayor, para engañar a la víctima. Lograron, entonces, que Juan Felipe Rincón accediera a trasladarla a Quiroga, para que la hermana le ofreciera un desayuno”, estableció la Fiscalía.
Incluso, señaló que la golpiza continuó pese a advertencias realizadas durante el hecho, lo que evidenciaría la intención de causar un daño mayor.
El ente investigador sostiene que detrás de los hechos hubo un plan deliberado de retaliación. La motivación, según la hipótesis judicial, estaría relacionada con presuntas comunicaciones de carácter sexual entre la víctima y la hija de Katherine Sotelo, quien para ese momento tenía 10 años.
“Se debe tener en cuenta que desde el día anterior de los hechos ya querían agredir a un ciudadano, querían hacerlo sufrir, enfrentarlo en donde hubo una violencia excesiva. En los videos y en las entrevistas se detalla que el hoy occiso soportó muchos golpes, y reitero, un sufrimiento del cual no había necesidad, porque es la justicia quien siempre debe juzgar y castigar, no la comunidad”, dijo la juez.
Otro de los puntos que destacó la juez fue que las agresiones no se limitaron al momento del homicidio, sino que incluyeron un componente de sufrimiento innecesario. En esa línea, insistió en que la justicia no puede ser reemplazada por actos de violencia colectiva.
En el proceso intervienen como representantes de las víctimas los abogados Juan Felipe Criollo, en nombre del general Rincón, e Iván Cancino, apoderado de la madre del joven.
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Con base en el material probatorio, la Fiscalía imputó a los cinco procesados delitos de tortura, soborno a testigos, uso de menores para la comisión de delitos y ocultamiento y alteración de pruebas. Ninguno aceptó los cargos.
Finalmente, la juez ordenó la captura de Andrés Camilo Sotelo Torres, Katherine Andrea Sotelo Torres, Yeimy Tatiana Vega López, Solano Trujillo Debia y Juan Sebastián Ávila para que cumplan la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, al considerar que representan un riesgo para la comunidad y para el desarrollo del proceso judicial.
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