El asesinato de Jaime Garzón, ocurrido el 13 de agosto de 1999, marcó uno de los episodios más graves de violencia contra periodistas en Colombia. El reconocido humorista y periodista fue asesinado en Bogotá cuando se movilizaba hacia su trabajo. Más de dos décadas después, las consecuencias judiciales y económicas de ese crimen siguen abiertas.
Ahora, la Dirección General de la Policía Nacional presentó una demanda de repetición contra José Miguel Narváez, exdirector del DAS, quien fue condenado en 2018 a 30 años de prisión como determinador del homicidio de Garzón.
Con esta acción judicial, la Policía busca que Narváez sea declarado responsable de asumir parte de los recursos que el Estado ha tenido que pagar a los familiares del periodista como reparación por el crimen.
El caso tiene como antecedente una decisión del Consejo de Estado de septiembre de 2016, mediante la cual la Nación fue declarada responsable por la muerte de Garzón y se ordenó indemnizar a sus familiares. En esa decisión fueron vinculadas, entre otras entidades, la Policía y el Ejército Nacional.
En 2025, como parte del cumplimiento de esas obligaciones, el Ministerio de Defensa ordenó el pago de $564 millones a María Soledad y Manuel Alfredo Garzón, hermanos del periodista.
La Policía sostiene ahora que ese dinero no debería ser asumido únicamente por el Estado, debido a que, según la condena penal contra Narváez, su actuación tuvo un papel determinante en la planeación del asesinato.
La entidad argumenta que el entonces funcionario actuó de manera intencional al promover ante el jefe paramilitar Carlos Castaño la idea de asesinar a Garzón. Según la demanda, Narváez habría entregado información que relacionaba al periodista con grupos guerrilleros y habría insistido ante Castaño para que ordenara el crimen.
“El señor José Miguel Narváez Martínez se encuentra en el deber legal de reembolsar la totalidad del patrimonio que la Policía Nacional pagó por los daños y perjuicios que su conducta causó, por la muerte del señor Jaime Hernando Garzón Forero”, señala la demanda de la Policía revelada por Cambio.
Las pruebas contra Narváez
Durante el proceso penal, la Fiscalía recopiló testimonios y documentos con los que buscó demostrar la participación de Narváez en el homicidio.
Según las pruebas, el exsubdirector de Inteligencia del DAS y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejército, general Jorge Eliécer Plazas Acevedo, no solo adelantaron seguimientos contra el comediante, sino que compartieron la información recolectada con el excomandante de las Autodefensas Carlos Castaño, a quien sugirieron ordenar el homicidio.
Según los testimonios aportados al expediente, las labores del comunicador como mediador en algunos casos de secuestro cometidos por las Farc y su intento para propiciar un desescalamiento del conflicto llevaron a ambos agentes estatales a identificarlo como alguien cercano a la guerrilla, que se beneficiaba de esas acciones delictivas que cometía la insurgencia. De ahí que conminaran a Castaño a atentar contra su vida.
Las pruebas del proceso dan cuenta de que la muerte de Jaime Garzón fue determinada por el entonces máximo jefe de las Auc, Carlos Castaño Gil, quien ordenó a miembros de la banda criminal denominada “La Terraza” cometer el crimen.
Entre los testimonios en el proceso está el de Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, exintegrante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), quien durante una versión ante la Fiscalía de Justicia y Paz relacionó a Narváez con el asesinato.
También aparecen declaraciones de antiguos comandantes de las AUC, entre ellos Salvatore Mancuso y Freddy Rendón Herrera, alias ‘El Alemán’, quienes señalaron que Narváez tenía relación con estructuras paramilitares y que habría participado en actividades de formación dentro de sus campamentos.
De acuerdo con los abogados de la familia Garzón, para la época del asesinato, Narváez se desempeñaba como asesor de las Fuerzas Militares.
Por este crimen, Carlos Castaño, máximo jefe de las AUC, fue condenado en marzo de 2004 a 38 años de prisión. La sentencia contra Narváez llegó años después: en 2018 fue condenado a 30 años de cárcel al ser señalado como determinador del homicidio.
Narváez también fue procesado por el asesinato del senador de la Unión Patriótica Manuel Cepeda Vargas, ocurrido en 1994.
Con la nueva demanda, la Policía busca que la responsabilidad establecida en el proceso penal tenga también consecuencias económicas y que Narváez responda por los recursos que el Estado ha destinado para reparar a los familiares de Jaime Garzón.
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