La estructura Jaime Martínez, perteneciente a las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, ha intensificado sus acciones violentas en Cali y sus alrededores.
El ataque más reciente se registró este viernes hacia las 10:35 de la mañana, cuando fue detonado un bus cargado con explosivos frente al Batallón Pichincha, sede de la Tercera División del Ejército.
El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que, tras un consejo de seguridad extraordinario, se decidió incrementar la recompensa hasta 200 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables del atentado ocurrido en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en el sur de la ciudad, en especial el conductor del vehículo involucrado.
La decisión se conoció pocas horas después del ataque que volvió a encender las alarmas sobre la seguridad en la capital del Valle del Cauca. La Fiscalía en Cali habla de dos transeúntes lesionados.
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El Ejército señaló este viernes al frente Jaime Martínez como presunto responsable del ataque con una buseta cargada de cilindros explosivos contra el Cantón Militar Pichincha, perteneciente a la Tercera Brigada en Cali.
Esta estructura haría parte del Bloque Occidental Jacobo Arenas del Estado Mayor Central (EMC), una disidencia de las FARC liderada por Néstor Vera Fernández, conocido como alias ‘Iván Mordisco’.
El frente Jaime Martínez, según la fuente militar, estaría comandada por Iván Jacobo Idrobo Arredondo, alias Marlon.
“Primero se tiene que adelantar la investigación, pero en Cali, como sabemos, desde el año pasado se han ensañado los terroristas con golpear la ciudad. Por ello es posible que los responsables sean las disidencias de las Farc, del frente Jaime Martínez, por la modalidad”, afirmó el alcalde Eder.
’Motobombas’ y carros con explosivos, el blanco contra Cali
Entre 2022 y 2026 se han registrado al menos 28 atentados en Cali, Jamundí y alrededores ejecutados principalmente mediante motos bomba, carros bomba, camiones cargados con explosivos, granadas y ataques con drones.
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Estos hechos violentos, de acuerdo con información consolidada por autoridades, han dejado un saldo de al menos 11 personas muertas —entre civiles y miembros de la fuerza pública— y más de 150 personas heridas, además de cientos de familias afectadas por daños materiales en viviendas, infraestructura y establecimientos comerciales.
Dos de los atentados más graves, ocurridos el 10 de junio y el 21 de agosto de 2025, causaron la muerte de nueve civiles, mientras que otras dos víctimas fueron policías atacados en diciembre de ese mismo año.
El primer hecho relevante de esta serie ocurrió el 28 de enero de 2022 en Cali, a la altura del edificio de Comfandi El Prado, donde una granada fue lanzada contra uniformados que realizaban labores de vigilancia.
El ataque dejó heridos a dos policías y un paramédico, en un contexto marcado por las tensiones de seguridad posteriores al paro nacional.
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Ese mismo año, el 21 de diciembre de 2022, un carro bomba explotó en la vía entre Jamundí y Potrerito, muy cerca de Cali, incrementando la preocupación por la escalada violenta en la región.
En 2023, la situación se intensificó. Entre el 19 y el 20 de julio se registraron tres ataques con granadas y explosivos en distintos puntos de Cali, que dejaron un muerto y diez heridos.
Días después, el 29 de julio, se produjeron dos atentados contra la fuerza pública, uno de ellos contra el CAI del barrio Alfonso Bonilla Aragón, donde no hubo policías heridos, pero sí resultaron afectados animales que acompañaban a los uniformados.
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Posteriormente, el 20 y el 22 de septiembre, dos carros bomba explotaron cerca de subestaciones en los corregimientos de Timba y Potrerito, dejando al menos diez personas heridas.
En 2024, los ataques continuaron con un atentado el 4 de abril en Cali, cuando un camión bomba explotó cerca de la Tercera Brigada en el barrio Meléndez. Aunque no hubo víctimas, el hecho generó gran temor entre los habitantes.
Ese mismo mes también se reportó un ataque contra la estación de Policía en el corregimiento de Robles, en Jamundí, atribuido a las disidencias del frente ‘Jaime Martínez’. Posteriormente, el 20 de mayo de 2024, una moto bomba en Jamundí dejó heridos a tres niños y dos policías.
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La violencia persistió en junio de 2024. El día 12, una moto bomba explotó en el centro de Jamundí, cerca de una entidad bancaria, dejando seis heridos.
Entre ellos se encontraba Rafael González, un ciudadano venezolano que trabajaba como cuidador de motos y vendedor ambulante, quien falleció semanas después a causa de la gravedad de sus heridas.
Este atentado ocurrió apenas cinco días después de otro ataque con carro bomba contra la fuerza pública en el corregimiento de Robles, lo que evidencia la continuidad y sistematicidad de estos hechos violentos en la región.
Los atentados en 2025
En 2025 la violencia alcanzó uno de sus puntos más críticos.
El 10 de junio de ese año, la disidencia ‘Jaime Martínez’, bajo el mando de ‘Iván Mordisco’, ejecutó una escalada terrorista simultánea en Valle del Cauca y Cauca.
Los ataques dejaron cinco personas muertas —tres civiles en Cali y dos policías en el norte del Cauca— y más de 80 heridos.
En la capital vallecaucana, los disidentes activaron motos bomba en tres barrios: Meléndez, en el suroccidente, y Los Mangos y Manuela Beltrán, en el oriente de la ciudad, generando pánico y graves daños materiales.
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El impacto de las explosiones fue significativo en términos sociales y urbanos. Un censo realizado por la Alcaldía de Cali, con apoyo de la Personería y la Unidad para las Víctimas, contabilizó 151 personas afectadas por daños en sus viviendas. En el sector de Los Mangos se registraron 52 personas con distintas afectaciones y daños en 23 casas.
En Meléndez, donde otra moto bomba fue activada a control remoto, se reportaron 40 inmuebles averiados y 52 personas afectadas. Por su parte, en el barrio Manuela Beltrán se identificaron 20 familias damnificadas y 47 personas con afectaciones físicas y psicosociales.
Entre las víctimas fatales se encontraba Henry Obando, conocido en el barrio Meléndez como ‘Barbas’, un cuidador de motos ampliamente reconocido en la zona.
Su muerte recordó el caso de Rafael González, quien había fallecido tras el atentado con moto bomba en junio de 2024 en Jamundí, evidenciando un patrón de ataques que ha afectado especialmente a civiles en condiciones vulnerables.
La escalada violenta continuó el 21 de agosto de 2025, cuando la misma disidencia perpetró un nuevo atentado en Cali, en inmediaciones de la base aérea Marco Fidel Suárez. En este caso, fueron utilizados dos camiones bomba cargados con ocho cilindros cada uno.
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Uno de los vehículos fue detonado, provocando la muerte de seis personas y dejando al menos 70 heridos, todos civiles, además de graves daños en la infraestructura del sector. La violencia cerró el 2025 con un nuevo ataque contra la fuerza pública.
El 16 de diciembre, los policías Jorge Leonardo Gómez Ochoa y Robert Steven Melo Londoño fueron asesinados mientras realizaban labores de patrullaje en el barrio Mariano Ramos, en el suroriente de Cali. El atentado fue atribuido al Eln y reflejó la persistencia de acciones directas contra uniformados en zonas urbanas. Ya en 2026, las autoridades lograron evitar una nueva tragedia.
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En febrero, la Policía Metropolitana de Cali frustró un atentado terrorista tras capturar en la Terminal de Transportes a tres mujeres —dos adultas y una menor de edad— que transportaban más de 60 kilos de pentolita.
Según las investigaciones, el explosivo provenía de Ipiales y, presuntamente, de Ecuador, con destino a grupos ilegales que operan en el Cauca, lo que confirma la continuidad de las redes logísticas y la amenaza persistente en la región.
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En las semanas más recientes de 2026, la situación ha mostrado nuevas modalidades de ataque. En el lapso de un mes, de acuerdo con información de las autoridades, se han reportado al menos 28 acciones con granadas lanzadas desde drones contra tropas de la Tercera Brigada en zona rural de Jamundí.
Este panorama se agravó el 24 de abril de 2026 con un nuevo atentado contra la Tercera Brigada en Cali. En esta ocasión, los atacantes utilizaron una buseta cargada con explosivos que funcionaba como rampa para lanzar cilindros bomba hacia el cantón militar.
Uno de los artefactos explotó, provocando el incendio del vehículo y generando alarma en la zona, en un hecho que se suma a la prolongada cadena de acciones violentas en el suroccidente colombiano.
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