El Fomag detectó miles de desembolsos a docentes con fallos judiciales en contra y presentó denuncia ante la Fiscalía, que también indagará a funcionarios, beneficiarios y al abogado que llevó los procesos.
Por cuenta de presuntas irregularidades en pagos a maestros jubilados en sus primas de mitad de año que superarían los $260.000 millones, este lunes se conoció que, por orden de un juzgado de Armenia, serán investigados el ministro de Educación, Daniel Rojas, así como la directora de la Fiduprevisora, Magda Lorena Giraldo.
El caso está relacionado con el pago de prestaciones que un grupo de maestros reclamaba desde tiempo atrás en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), una entidad —adscrita al Ministerio de Educación— que administra y paga las prestaciones sociales (salud, pensión y riesgos laborales) de los profesores.
Según la investigación, pese a que a los maestros se les había negado el pago de la prima por decisiones judiciales, el Ejecutivo dio vía libre a las restribuciones. Por ello, además del ministro y la directora de la Fiduprevisora, se ordena investigar al grupo de docentes beneficiados, así como al abogado Yobanni Alberto López, señalado de defender a los profesores.
El periodista Daniel Coronell denunció este lunes en Caracol Radio que el jurista, quien lidera una firma especializada en estos procesos, habría cobrado entre el 20 % y el 30 % de cada fallo a favor de los maestros jubilados.
Por su parte, el Fomag aseguró que, como resultado de un análisis técnico, jurídico y financiero, se identificaron presuntas irregularidades en los pagos realizados por concepto de la prima de mitad de año: “más de la mitad de los recursos revisados presentan presuntas inconsistencias. Entre 2024 y 2025 se pagaron $458.799 millones por este concepto, correspondientes a 42.400 pagos. Solo en 2024 se desembolsaron aproximadamente $165.504 millones”.
Según el organismo, se identificaron presuntas irregularidades específicas por $260.437 millones, equivalentes al 56,8% del total pagado en el período analizado. “Uno de los hallazgos más relevantes es que 4.405 pagos fueron realizados a personas que ya contaban con sentencia judicial ejecutoriada que negaba el derecho, por un valor que supera los $83.082 millones”.
No obstante, el Fomag aseguró que una revisión interna permitió establecer que el 15 de agosto de 2025 se emitió un concepto jurídico, que modificó la interpretación que venía aplicando la entidad sobre esta prima, “sin que existiera reforma legal ni sentencia de unificación que alterara la línea jurisprudencial consolidada”.
A ello se suman pagos a personas con pensión gracia o doble pensión; vinculadas por fuera del rango legal establecido; que adquirieron la pensión por fuera de los límites constitucionales aplicables; con mesadas que superaban los topes permitidos; e incluso casos en los que los beneficiarios no estaban inscritos por defunción.
Incluso, el Fomag declaró que se investiga por qué en septiembre de 2025 una base de datos con información de más de 9.000 docentes terminó en manos del abogado Yobany Alberto López Quintero.
Por todo ello, la entidad anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la cual incluye al abogado y a las personas que en su momento autorizaron y ejecutaron los pagos. “Será la autoridad competente quien determine la eventual existencia de conductas punibles”, señalaron.
“El magisterio debe tener plena tranquilidad de que esta actuación no es contra sus derechos. Por el contrario, nuestro deber es proteger a los maestros y maestras del país, evitar que sean inducidos a errores o a procesos que puedan generarles perjuicios económicos y jurídicos, y garantizar que los recursos del Fondo se manejen con total transparencia. Defender el sistema es defender a quienes dependen de él”, afirmó Herman Bayona Abello, vicepresidente del Fomag.
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