El gobierno del presidente Gustavo Petro decidió no extender el cese al fuego bilateral que se venía aplicando con el Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza, alias Calarcá, según lo comunicó oficialmente Casa de Nariño este 16 de abril a las delegaciones de paz involucradas.
Aunque los representantes del Gobierno y del grupo armado ilegal habían alcanzado un acuerdo preliminar para prolongar por seis meses más la suspensión de hostilidades —vigente desde octubre de 2023— la decisión final del jefe de Estado fue no darle continuidad. Así, el cese, regulado por los decretos 888 y 1280 de 2024, expiró el pasado 15 de abril a medianoche.
Con el fin del Cese al Fuego Bilateral y Temporal con Respeto a la Población Civil (CFBTRPC), se desactivan también los beneficios jurídicos temporales que tenían los miembros del EMBF involucrados en el Mecanismo de Monitoreo y Verificación. Desde la madrugada del 16 de abril, volvieron a estar vigentes las órdenes de captura en su contra.
En la misiva enviada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se aclaró que esta medida no implica la ruptura de las conversaciones ni el cierre de la mesa de diálogos. Así las cosas, los delegados del grupo insurgente seguirán siendo reconocidos como interlocutores válidos dentro del proceso de paz.
El Gobierno activó los protocolos establecidos para una terminación ordenada del cese, otorgando un plazo de 72 horas para que ambas partes se reubiquen y adopten sus propias medidas de seguridad, tal como lo estipula el Protocolo XI firmado en Popayán en diciembre de 2023.
La decisión también fue notificada al componente internacional, integrado por la Conferencia Episcopal y el Consejo Mundial de Iglesias, que actúa como garante del proceso.
Hasta ahora, este era el único cese al fuego que se mantenía vigente bajo el marco de la política de “paz total” impulsada por el Gobierno Nacional. Su final deja al país sin acuerdos de suspensión de hostilidades activos con grupos armados.
El acuerdo no renovado había sido ajustado recientemente para funcionar de manera regional por bloques, luego de que se identificaran irregularidades, como el uso del cese por parte de otras estructuras armadas, como las de “Iván Mordisco”, para cometer acciones delictivas.
En una reunión entre delegados de ambas partes, realizada el lunes pasado en el municipio de La Macarena, Meta, le solicitaron a la Casa de Nariño la prórroga de la tregua. También se había previsto una reunión para finales de abril con el fin de reforzar mecanismos de respeto al Derecho Internacional Humanitario y protección de la población civil.
La extensión de los ceses al fuego había resultado funcional para que el grupo armado liderado por “Calarcá” ampliara su presencia territorial y consolidara sus economías ilegales en distintas regiones del país.
De acuerdo con denuncias previas de EL COLOMBIANO, el frente 36, vinculado al bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques Farc (EMBF), ha estado desplegando unidades a otros departamentos con el objetivo de conformar nuevas estructuras armadas.
Esa estrategia ya se ha materializado en territorios como el sur de Bolívar, donde surgió el frente 4°, y en el municipio chocoano de El Carmen de Atrato, donde se reportó la conformación del frente 34.
Fue precisamente en este último punto donde, el 22 de marzo, se produjo la captura de Jesús María Restrepo Borja, conocido como “Dárlinson” o “Panda”, quien era señalado como jefe del frente 34. Sin embargo, a pesar de portar armamento al momento de su detención, un juez de garantías en Quibdó ordenó su liberación, argumentando que era integrante del Mecanismo de Monitoreo y Verificación de la mesa de paz, como lo contemplaba una resolución oficial.
Incluso el propio alias Calarcá fue detenido el 23 de julio de 2024, cuando transitaba en una caravana de vehículos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) por una vía de Santo Domingo, Antioquia. En ese operativo se hallaron armas ilegales, oro, dinero en efectivo y un menor de edad que presuntamente había sido reclutado a la fuerza.
A pesar de la gravedad de los hechos, tanto él como tres de sus hombres de confianza —Juan Antonio Agudelo Salazar, alias Urías Perdomo; Erlinson Echavarría Escobar, alias Ramiro; y Diana Carolina Rey Rodríguez, alias Érika Castro— recuperaron su libertad por la protección jurídica derivada de su participación en los diálogos de paz.
