El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso en marcha la liquidación del Ministerio de la Igualdad con una meta concreta: recuperar cerca de $200.000 millones que, según el liquidador de la entidad, podrían estar comprometidos en contratos, obligaciones y manejos que serán sometidos a revisión.
John Milton Rodríguez, designado para conducir el proceso, anunció un paquete de medidas que incluye auditorías a la contratación, revisión de las nóminas y obligaciones pendientes, terminación de encargos que no sean indispensables y posibles denuncias ante los organismos de control por un eventual detrimento patrimonial.
La liquidación se produce después de que la Corte Constitucional declarara inexequible la Ley 2281 de 2023, mediante la cual fue creado el Ministerio de la Igualdad durante el gobierno de Gustavo Petro.
El Congreso tuvo hasta el 20 de junio para aprobar una nueva ley que corrigiera los problemas señalados por el alto tribunal, pero ese plazo terminó sin que la norma saliera adelante.
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Con ello, el Ministerio quedó abocado a su desaparición y se inició un proceso de liquidación que, inicialmente, está previsto para desarrollarse durante un año. Rodríguez quedó encargado de administrar durante ese periodo los contratos, obligaciones, procesos judiciales, bienes, informes y personal de la entidad.
Contratos y nómina, bajo la lupa
Uno de los primeros focos de la nueva administración está en las vinculaciones realizadas durante la etapa final del gobierno Petro. Durante el empalme, el equipo de De la Espriella pidió detener nuevas contrataciones y revisar desembolsos que consideraba de especial atención.
Entre los contratos revisados está el EGA-033; ICD-008-2026, por $30.275 millones, celebrado con LABORANDO S.A.S. para vincular a 1.270 personas en misión. El equipo de empalme solicitó congelar este contrato, junto con sus anticipos, nómina y desembolsos.
También pidió revisar un anticipo de $9.082 millones, solicitud que fue formulada el 6 de agosto, un día antes del cambio de gobierno.
La preocupación por estos movimientos contractuales no se limita al equipo entrante. Según la información entregada por el Gobierno, la Contraloría advirtió sobre un riesgo fiscal superior a $140.910 millones asociado a contratos con LABORANDO S.A.S.
A esto se suma una indagación de la Procuraduría relacionada con contratos cercanos a $30.000 millones que estarían destinados, presuntamente, a gastos burocráticos durante la fase de liquidación.
Como parte de la revisión, también se solicitó el inventario contable y contractual completo de la entidad. La información fue remitida, además, a la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, Fiduprevisora y Fiducoldex, así como al expresidente Gustavo Petro.
Las decisiones sobre MinIgualdad también alcanzan al Fondo para la Superación de Brechas de Desigualdad Poblacional e Inequidad Territorial (FonIgualdad). El Gobierno asumirá el control directo del fondo como parte de la estrategia para revisar sus movimientos y detectar posibles nóminas paralelas.
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Precisamente FonIgualdad fue uno de los focos de preocupación durante la transición entre los gobiernos. Un día antes de asumir la Presidencia, Abelardo de la Espriella pidió al entonces gobierno de Gustavo Petro frenar las que calificó como presuntas “maniobras contractuales” en el fondo.
Los otros problemas en MinIgualdad
Rodríguez también cuestionó el estado en que recibió el Ministerio y señaló que los estados financieros tenían retrasos superiores a tres meses. Ante esa situación, ordenó la supresión de los cuatro viceministerios que todavía permanecían activos.
Dos de los viceministros fueron declarados insubsistentes, mientras que a quienes ocupaban los otros cargos en calidad de encargados se les dio por terminada su designación.
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El liquidador anunció además que se terminarán los encargos que no sean indispensables para completar el proceso. La intención es reducir la estructura de una entidad que ya no tiene funciones ministeriales ordinarias y concentrar los recursos en las obligaciones propias de su cierre.
Los pagos pendientes también serán sometidos a revisión. Las obligaciones y nóminas causadas entre el 21 de junio y el 19 de agosto serán examinadas individualmente antes de autorizar cualquier desembolso.
La nueva administración sostiene que no se aprobarán pagos que no estén directamente relacionados con las actividades de liquidación y que cada obligación deberá contar con respaldo jurídico y laboral.
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- ¿Por qué fue anulado el Ministerio de la Igualdad en Colombia?
- La Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2023 que creó la entidad debido a vicios de trámite por la falta de aval fiscal del Ministerio de Hacienda, venciéndose el plazo del Congreso para corregirla.
- ¿Cuáles son los contratos cuestionados durante el empalme del MinIgualdad?
- Se alertó un riesgo fiscal superior a $140.000 millones y se pidió congelar un contrato con Laborando S.A.S. por $30.275 millones para la vinculación de 1.270 personas temporales antes del cambio de gobierno.
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