En medio de las investigaciones por el millonario desfalco a recursos del Sistema General de Regalías (SGR), que habría superado el medio billón de pesos mediante contratos direccionados a través de esquemas asociativos de municipios, la Fiscalía General de la Nación comenzó a mover las primeras fichas contra funcionarios aforados vinculados al denominado caso Aremca.
La Fiscalía Séptima Delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará cargos contra la exgobernadora de Arauca, Indira Luz Barrios Guarnizo, por presuntas irregularidades en la aprobación y ejecución de tres proyectos financiados con recursos de regalías y cuyo valor superó los 91.542 millones de pesos.
Las obras investigadas estaban relacionadas con proyectos de protección, alcantarillado pluvial y adecuación del relleno sanitario Brisas del Cravo, en los municipios de Arauca y Tame.
Según la investigación, la entonces mandataria habría designado como ejecutora de los contratos a la Asociación Regional de Municipios del Caribe, pese a que, según la Fiscalía, esa entidad no cumplía con los requisitos legales, técnicos, financieros ni jurídicos para administrar recursos provenientes del sistema de regalías.
El caso hace parte de un entramado de corrupción que, de acuerdo con las autoridades, utilizó asociaciones de municipios para direccionar contratos financiados con recursos públicos del SGR y facilitar presuntas irregularidades en la contratación.
A Barrios Guarnizo le serán imputados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación en favor de terceros agravado por la cuantía y prevaricato por acción.
Por este mismo escándalo, la Fiscalía anunció que compulsará copias ante la Corte Suprema de Justicia para que investigue a la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y a la ex viceministra Lilia Tatiana Roa Avendaño, hoy integrante de la junta directiva de Ecopetrol.
La funcionaria debe responder por una resolución firmada el 19 de septiembre de 2025.
Lea también: Destapan red de corrupción que habría desviado medio billón de pesos en regalías: hay nueve capturados
Según la fiscal delegada, mediante la Resolución 1339 de 2025 el Ministerio de Ambiente designó como ejecutora de un proyecto financiado con regalías a la Asociación de Municipios del Caribe. El contrato superaba los $24.240 millones y estaba destinado, en teoría, a procesos integrales de restauración ambiental en municipios del Cesar como Valledupar, San Diego, El Copey, Agustín Codazzi y Chiriguaná.
Pero para la Fiscalía esa decisión habría sido ilegal desde el origen.
“Esta Fiscalía delegada efectuará la respectiva compulsa de copias a la ministra, pues se entiende que todo lo que viene en adelante es ilícito si la causa de algo es un ilícito. Todo lo que sigue y los efectos subsiguientes a esa causa devienen en ilegalidad”, aseguró el fiscal en revelaciones hechas por La Fm.
Regístrate al newsletter