Por participar en una oscura trama judicial para frenar la extradición de un narcotraficante solicitado por las cortes de Estados Unidos, la justicia condenó a una fiscal colombiana a pagar siete años y tres meses de cárcel.
La afectada con la decisión es María del Socorro Fernández Chávez, quien fue fiscal en el municipio de El Tambo, en el departamento del Cauca.
De acuerdo con la investigación, el beneficiario de sus artimañas fue Segundo Alberto Villota Segura, un traficante de droga capturado en 2015, quien la usó para justificar su ingreso a la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) y así eludir los tribunales norteamericanos.
Esta historia comenzó el 17 de mayo de 2016, cuando el Gobierno Nacional dio su aval para el envío al exterior de Villota, quien debía responder por cinco cargos de narcotráfico ante las cortes federales del Distrito Sur de Florida y del Distrito Este de Texas.
Los delitos que le endilgaban ocurrieron entre 2008 y 2013, cuando habría conspirado con un hermano y otras personas para el despacho de cocaína desde el Pacífico colombiano.
Según las acusaciones de EE.UU., la organización en la cual estaba involucrado Villota trabajaba en asocio con el cartel mexicano “los Zetas”, y tenía capacidad para distribuir más de 100 toneladas anuales de narcóticos en Norte y Centroamérica. El máximo líder era Fernaín Rodríguez Vásquez, quien ya había sido extraditado en 2014 y al parecer estaba cooperando con la justicia estadounidense.
En ese entonces, “la fiscal abrió un proceso judicial paralelo a la solicitud de extradición e imputó al posible narcotraficante por el delito de rebelión, cargo que fue aceptado (por él). La actuación se sustentó en información sobre una investigación que se seguía en su contra por hacer parte de un grupo armado ilegal, lo cual no era cierto”, recalcó el ente acusador en su reporte del caso.
Con ese falso antecedente, Villota se postuló a la beneficios de la JEP, simulando ser guerrillero de las Farc y estar en los listados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz (OACP). En aquel momento la entidad de justicia transicional, creada en el Acuerdo de Paz de La Habana, apenas estaba empezando su rodaje.
Para darle soporte a la trama, la fiscal Fernández “omitió reportes sobre una notificación roja de Interpol e incorporó documentación de arraigo con inconsistencias, firmas y otros elementos falsos. A esto se suma que la grabación de la audiencia de imputación desapareció y, pese a que un juzgado ordenó repetir la diligencia para garantizar su registro audiovisual, la exfiscal se opuso”, indicó el organismo judicial.
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