Frente a los ciudadanos extranjeros capturados en hechos delictivos que, tras audiencias preliminares, no siempre terminan en prisión, se ha abierto un nuevo cuestionamiento sobre cómo funciona el sistema y qué ocurre con ellos después de quedar en libertad. Esa situación ha generado la percepción de que hay impunidad, especialmente en delitos cometidos por ciudadanos extranjeros.
Una entrevista realizada por Semana amplió este cuestionamiento y puso la mirada en Migración Colombia, quienes desde el inicio aclararon que esta entidad no define las responsabilidades penales ni decide si una persona debe ser encarcelada, ya que esta función recae exclusivamente en la Fiscalía y los jueces de la República. La entidad insistió en que su papel es estrictamente administrativo dentro del sistema migratorio. Así lo explicó el director regional de la región Andina, Moisés García.
“La actividad o la irregularidad migratoria en Colombia es un asunto meramente administrativo, luego no es un asunto criminal que le corresponda a Migración Colombia determinar responsabilidades judiciales por afectación a delitos”.
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En ese sentido, Migración actúa en paralelo al proceso judicial, pero desde otra orilla. Su función es evaluar la situación migratoria de los extranjeros que tienen procesos abiertos o ya han sido judicializados, para definir si pueden permanecer en el país o deben ser expulsados.
¿Cuándo un ciudadano extranjero puede ser expulsado?
Según Migración Colombia, la expulsión de un extranjero puede darse por dos vías. La primera ocurre cuando un juez, tras una condena, ordena como medida adicional su salida del país. En ese caso, Migración Colombia ejecuta la decisión judicial. La segunda es administrativa, cuando la entidad considera que la persona representa un riesgo para la seguridad o la convivencia ciudadana, incluso sin una condena.
En este segundo caso, Migración cuenta factores como la reincidencia en delitos, antecedentes judiciales, falta de arraigo en el país o riesgos para la seguridad. Cada caso, según la entidad, se estudia de manera individual. Si concluye que no hay arraigo o que existe riesgo, puede ordenar una expulsión discrecional.
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Cuando el extranjero tiene un proceso judicial en curso, la expulsión no es inmediata. En esos escenarios, Migración depende de la información que remitan las autoridades judiciales para determinar los pasos a seguir. Si el proceso sigue activo, la persona puede permanecer en Colombia bajo control migratorio.
En ese contexto aparece el salvoconducto. Se trata de un documento temporal que permite al extranjero permanecer en el país mientras se resuelve su situación judicial.
El salvoconducto en Colombia
Uno de los puntos que más dudas genera es el llamado salvoconducto. Según Moisés García, no se trata de una regularización plena, sino de un permiso temporal mientras se define la situación judicial del extranjero.
“Salvoconducto es un documento, digamos, que no admite una regularización plena, pero que le permite a un extranjero estar determinado tiempo en el país mientras resuelve algunas circunstancias, entre ellas resolver alguna situación judicial”, explicó.
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Ese documento, añadió, permite hacer seguimiento a la persona mientras avanza el proceso judicial, evitando que desaparezca del sistema antes de que haya una decisión de fondo. Migración Colombia explicó que el seguimiento depende en gran parte de la articulación con la Fiscalía, los jueces y el INPEC. Sin esa coordinación, advirtió, se complica ubicar y controlar a las personas que deben ser monitoreadas.
¿Por qué es polémico este documento?
En los casos mencionados por Migración Colombia, lo activa la autoridad judicial o la coordinación con entidades como Fiscalía o jueces. O lo emite Migración cuando necesita mantener control de alguien que debe seguir vinculado a un proceso.
La percepción de que el salvoconducto “no se consigue” surge de la diferencia entre varias realidades que suelen confundirse. Por un lado, están los migrantes en procesos de regularización que buscan acceder a trámites migratorios comunes, los cuales pueden ser exigentes, lentos o con requisitos estrictos. Por otro lado, están las personas que se encuentran en situaciones migratorias particulares o en procesos administrativos o judiciales que requieren seguimiento por parte del Estado.
En estos casos, el salvoconducto no funciona como un permiso migratorio ordinario, sino como una medida temporal de carácter excepcional que expide Migración Colombia para permitir la permanencia o salida del país mientras se resuelve una situación específica. Como una herramienta de control migratorio que se otorga únicamente cuando la autoridad lo considera procedente dentro de un trámite o proceso en curso.
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Expulsiones, discrecionalidad y controles: así decide Migración Colombia la salida de extranjeros vinculados a procesos judiciales y riesgos de seguridad
El experto Moisés García insistió en que no todas las decisiones dependen de un juez. También existen expulsiones administrativas cuando se cumplen ciertos criterios, incluso si el extranjero tiene permiso de permanencia o visa.
“Así el ciudadano se encuentre regularizado, llámese con una visa, con un permiso por protección temporal, el mismo decreto ley establece que son causales de cancelación de estos permisos haber sido capturados o demostrarse que están infringiendo gravemente la seguridad del país”, dijo García.
Sin embargo, el sistema depende de la información que deben enviar las autoridades judiciales. Sin ese flujo, advirtió, se dificulta el control posterior de las personas liberadas. Incluso, Migración Colombia tiene en cuenta si el extranjero cuenta con vínculos familiares en el país, como pareja o hijos colombianos, un factor que puede incidir en la decisión final. Según la entidad, el objetivo es mantener un equilibrio entre la protección de la seguridad ciudadana y el respeto por derechos fundamentales como la unidad familiar.
¿Cuántos extranjeros han sido expulsados?
Migración Colombia entregó un balance del alcance reciente de sus decisiones en materia de control migratorio. En 2025, la entidad reportó 76 expulsiones y 81 deportaciones en el área andina, con Bogotá como uno de los principales focos de actuación. En lo corrido de 2026, la cifra de expulsiones por decisión discrecional asciende a 10 casos. A esto se suma un volumen significativo de procesos en trámite: actualmente hay 856 casos activos que podrían derivar en expulsiones o deportaciones, dependiendo de la evolución de cada expediente y de las decisiones que se adopten dentro del debido proceso.
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