El exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque Freyle, se entregó a las autoridades para hacer efectiva la orden judicial emitida en su contra dentro del proceso por irregularidades en un contrato suscrito durante su administración departamental, caso por el que deberá cumplir una condena de siete años de prisión.
La presentación ante las autoridades se produjo luego de que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dejara en firme la sentencia que lo condenó por el delito de peculado por apropiación. El proceso está relacionado con un contrato para obras de alcantarillado y acueducto suscrito durante su periodo como gobernador, entre 2001 y 2003.
Deluque, padre del senador Alfredo Deluque, del Partido de la U, quedó a disposición de las autoridades luego de la decisión definitiva del alto tribunal. Posteriormente, la defensa intentó interponer un recurso extraordinario de casación, pero la Corte Suprema lo rechazó por improcedente al considerar que la sentencia ya había quedado ejecutoriada.
El contrato que dio origen al proceso judicial
La investigación se originó por el contrato de obra No. 487, firmado el 26 de diciembre de 2001 entre la Gobernación de La Guajira y la Unión Temporal CV-ICG Ltda., por un valor de $2.119 millones, para ejecutar obras del plan maestro de alcantarillado sanitario, sistemas de tratamiento de aguas y el emisario final de Riohacha. Dos días después se autorizó un anticipo de $1.059 millones, equivalente al 50 % del valor del contrato.
Sin embargo, pocas semanas después la ejecución fue suspendida porque el proyecto no contaba con licencia ambiental, el municipio de Riohacha no había entregado los terrenos donde se construiría la planta de tratamiento y no se había realizado la consulta previa con las comunidades indígenas ubicadas en la zona de influencia de la obra.
Sobre estos hechos, la Corte Suprema señaló en su decisión:
“Con pleno conocimiento de las probables consecuencias, se arriesgó la celebración del contrato, el giro del anticipo y la suscripción del acta de inicio sin licencia ambiental y sin consulta previa con las formalidades señaladas en la ley, lo que derivó en la inmediata suspensión de la ejecución del contrato y la posterior pérdida de los dineros públicos invertidos”.
El recorrido del proceso en la Corte Suprema
El caso se remonta a 2006, cuando el Tribunal Administrativo de La Guajira declaró responsable al departamento y compulsó copias a la Fiscalía para investigar posibles irregularidades en la contratación y un eventual detrimento patrimonial. En 2013 se abrió formalmente la investigación penal contra Deluque y, en 2016, la Fiscalía lo acusó por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación agravado por la cuantía.
En enero de 2024, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema absolvió al exgobernador. Sin embargo, tras la apelación presentada por la Fiscalía, la Sala de Casación Penal revocó esa decisión y lo condenó a 99 meses de prisión por ambos delitos.
Posteriormente, la defensa interpuso una impugnación especial. Al resolver ese recurso, la Corte declaró prescrita la acción penal por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, pero confirmó la responsabilidad de Deluque por peculado por apropiación y redujo la pena a 84 meses de prisión, equivalentes a siete años.
Con la sentencia ejecutoriada y luego de su presentación ante las autoridades en Riohacha, será el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), junto con el juez de ejecución de penas, el encargado de definir el establecimiento donde Hernando Deluque cumplirá la condena.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Por qué fue condenado Hernando Deluque?
- Hernando Deluque fue condenado por el delito de peculado por apropiación dentro de un proceso relacionado con un contrato de obras de alcantarillado y acueducto suscrito durante su administración como gobernador de La Guajira.
- ¿Qué contrato dio origen al proceso contra Hernando Deluque?
- El proceso se originó por el contrato de obra No. 487, firmado en diciembre de 2001 por más de $2.119 millones para ejecutar obras del plan maestro de alcantarillado sanitario y sistemas de tratamiento de aguas en Riohacha.
- ¿Por qué no se ejecutó la obra contratada en Riohacha?
- La obra fue suspendida porque no contaba con licencia ambiental, no se habían entregado los terrenos para su ejecución y no se realizó la consulta previa con las comunidades indígenas.
- ¿Qué pasó con el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales?
- La Corte Suprema declaró prescrita la acción penal por ese delito, por lo que la condena definitiva quedó únicamente por peculado por apropiación.
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