La llegada de Carlos Camargo Assis, exdefensor del Pueblo, a la Corte Constitucional no está libre de cuestionamientos. La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió una demanda que busca anular su elección, alegando posibles irregularidades relacionadas con la ley de cuotas de género y conflictos de interés en el proceso.
Los demandantes aseguran que con la elección de Camargo la Corte Constitucional quedó con una composición desigual: dos hombres por cada mujer, lo que representa un 66 % de magistrados masculinos frente a un 33 % de mujeres, en aparente contravía de la normativa sobre equidad de género.
A esto se suman los cuestionamientos que advierten que el nombramiento fue resultado de favores burocráticos y de contrataciones dirigidas a familiares de quienes participaron en su postulación y elección. Según la demanda, Camargo habría repetido la misma fórmula en los últimos cargos que ha ocupado, asegurar respaldos con beneficios y nombramientos, ganar la elección y abandonar el puesto antes de culminar su periodo para aspirar a un cargo mayor.
Con la admisión de la demanda, el alto tribunal ordenó notificar al propio Camargo, al Senado de la República, que lo eligió, y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE), para que presenten sus descargos frente a las acusaciones.
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El caso quedó en manos del magistrado de la Sección Quinta, Omar Joaquín Barreto, quien pidió apartarse del proceso al reconocer que lo une una amistad de más de 20 años con el nuevo magistrado de la Corte Constitucional. El Consejo de Estado deberá decidir si acepta o no su impedimento.
Entre los puntos que llaman la atención se encuentra el nombramiento de familiares de nueve magistrados de la Corte Suprema de Justicia, casi el 41 % de sus miembros, durante su paso por la Defensoría del Pueblo. Estos mismos magistrados hicieron parte de la terna que permitió a Camargo llegar a la Corte Constitucional para el periodo 2025-2033.
También se mencionan supuestos contratos otorgados a parientes de senadores que después apoyaron su elección. En la demanda se destaca el caso de la congresista conservadora Esperanza Andrade, cuya familia habría recibido contratos por 200 millones de pesos antes de que ella emitiera su voto a favor de Camargo.
Los accionantes insisten en que al menos diez magistrados de la Corte Suprema debieron declararse impedidos para participar en la conformación de la terna, lo que, en su criterio, vicia todo el proceso de selección.
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