Aún así, se mantiene en que la estrategia empleada contra la cocaína es la adecuada, pese a que el negocio sigue creciendo, y asegura que a pesar de los 150 uniformados muertos este año, Colombia va ganando la guerra.
Lleva 35 años exponiendo su vida en la lucha contra el narcotráfico, ¿qué piensa ahora que, según Estados Unidos, usted trabaja para “un líder del narcotráfico mundial”?
“El gobierno de Colombia está convencido que hay que acabar con el narcotráfico, y por ello ha desarrollado una estrategia integral de oxígeno y asfixia. Oxígeno hacia lo legal y asfixia contra lo ilegal. En oxígeno significa dar oportunidades con el programa de sustitución de cultivos, acompañado de la erradicación. Para este año la expectativa es que a 30 de diciembre hayamos sustituido, acompañado de la erradicación, 30.000 hectáreas”.
Yo le pregunto puntualmente por esa denominación a su jefe, de ser “un líder del narcotráfico”. ¿Qué opina de eso?
“El Gobierno, en cabeza del Presidente, tiene una obsesión por acabar el narcotráfico, ya le mencioné la estrategia del oxígeno, y ahora voy con la asfixia: afectar toda la cadena del narcotráfico. En lo que llevamos de este periodo de gobierno, se han incautado 2.700 toneladas de cocaína. Eso significa 26.000 millones de dosis que no llegaron a las calles; a 305.000 millones de dólares que dejaron de recibir las finanzas criminales; cada 40 minutos destruimos un laboratorio. Este año quemamos 5.000 infraestructuras del narcotráfico, lo que representa un 24% más que el año anterior. Y esos resultados se han dado por la Fuerza Pública, y su comandante es el Presidente. Si hay alguien que esté convencido de la lucha contra el narcotráfico es el Presidente”.
Congresistas de EE.UU. anunciaron que otros miembros del gabinete serían incluidos en la Lista Clinton. ¿Teme que lo sancionen con esa lista, como le pasó al ministro del Interior?
“Mi única preocupación es neutralizar las amenazas, seguir afectando el narcotráfico, la minería legal, la extorsión, el secuestro, acorde a como dice la ley. Mi única preocupación es mejorar las condiciones de seguridad y eso se desarrolla fortaleciendo la cooperación internacional para neutralizar una amenaza transnacional”.
“Cada nación es soberana en emplear sus capacidades para neutralizar amenazas y proteger sus intereses, acorde a los tratados internacionales y las leyes propias de cada país. La acción que ha desplegado Estados Unidos en el Caribe, y también en el Pacífico, es en aguas internacionales. Solo puedo mencionar que con EE.UU. hay tres elementos en común: tenemos un mismo enemigo y es el narcotráfico; compartimos los mismos valores de la democracia y el mantenimiento de la paz; y debemos estar cada vez más unidos para neutralizar el crimen transnacional, acorde a los tratados internacionales”.
¿Colombia ha cooperado con información para ubicar esas lanchas que terminaron destruidas, en el entendido de que algunas tuvieron que haber zarpado de costas colombianas?
“Tendríamos que confirmar exactamente qué tipo de lancha fue, dónde fue, etcétera, pero nosotros mantenemos una cooperación fluida con EE.UU. para desarrollar operaciones, específicamente con Guardacostas, que es del Departamento de Seguridad Nacional, y el despliegue naval que ha hecho EE.UU. con esas capacidades (de destrucción de lanchas) es con el Departamento de Guerra”.
Congresistas estadounidenses también insinuaron que sus fuerzas militares podrían pasar a una segunda fase, con operaciones en tierra, y han mencionado Venezuela y Colombia. ¿Es factible que EE.UU. haga operaciones terrestres aquí?
“Esas menciones han sido de otros sectores, no del poder ejecutivo, pero estoy seguro que hay mucha desinformación alrededor de lo que hace Colombia contra el narcotráfico. Yo le hago una invitación a que venga al gobierno de EE.UU. y conozca de primera mano lo que estamos haciendo, pero es clave que se respeten las normas internacionales, dentro de las cuales está la soberanía”.
Este Gobierno tiene cifras récord en materia de incautación de cocaína, como las 900 toneladas del año pasado, pero no llegan ni al 50% de las 2.664 ton. de producción potencial que se fabrican al año. ¿Habrá algún cambio en esa estrategia?
“Cuando uno mira las cifras, comprende que no se puede medir la acción contra las drogas solo en la incautación, que muestra que no llegaron esas 26.000 millones de dosis a los consumidores, pero hay que ver también la afectación en la producción. Usted bien lo dijo, un potencial, pero ese potencial se afectó neutralizando los insumos como la gasolina, y destruyendo laboratorios”.
¿Y la erradicación de cultivos qué? Eso es lo que le interesa a EE.UU., más que la interdicción de cargamentos...
“Hay que analizar esa situación. En 2021, por ejemplo, se erradicaron 103.000 hectáreas, la cifra más alta, y al principio de ese año habían 142.000. Entonces, si habían 142.000 al inicio y se radicaron 103.000, lo lógico era que se hubieran reducido las hectáreas, pero se aumentaron a 204.000, un 43%. En el 2022 aumentaron un 13% los cultivos y en 2023 ya la reducción comenzó a verse, el incremento de cultivos bajó a 9.8% y en 2024 es de un 3%. En este gobierno se redujo esa tasa de crecimiento, y por otro lado se aumentó la incautación”.
Su antecesor Iván Velásquez dijo habló de un contrato para hacer la erradicación más agresiva con glifosato. ¿En qué va?
“Avanzando, ya hemos hecho diferentes operaciones con ello y ahorita estamos con la contratación de los grupos móviles de erradicación, para ser más ágiles”.
¿Cuál es la meta de erradicación con esos grupos?
“De la mano de la sustitución, 30.000 hectáreas, porque de lo contrario convierte uno en nómadas a los campesinos. Les quita aquí y se van para otro lado, es como estar recogiendo agua con balde roto”.
En el magnicidio de Miguel Uribe, la hipótesis más fuerte es que lo ordenó la Segunda Marquetalia. ¿Cuándo van a judicializar por ese crimen a su cabecilla “Iván Márquez”?
“Solo es que esté en suelo colombiano y ahí mismo lo capturamos. No le va a alcanzar la vida, si aún está vivo, para pagar las penas en la cárcel por todos los delitos”.
¿Y ustedes tienen cooperación del gobierno de Venezuela para ubicarlo allá?
“Nosotros solamente tenemos un enfoque en este momento, de afectar las amenazas que estén en nuestro territorio”.
EE.UU. restringió la cooperación de Inteligencia con Colombia, debido a la cercanía de Petro con el régimen de Nicolás Maduro. ¿Qué opina de eso?
“Lo primero es confirmar la validez de esa información, porque el 53% de lo que circula en las redes sociales en Colombia es desinformación, y algunas personas lo replican creyendo que es verdad. Respecto a Venezuela, el Presidente ha sido claro: los soldados colombianos combaten en territorio colombiano, y lo mismo los venezolanos. En temas de inteligencia, se debe buscar articularla para combatir el narcotráfico, y se está avanzando para que se realice por canales diplomáticos, pero jamás para poner en riesgo la seguridad de alguna nación”.
Se ha especulado mucho sobre la salida del anterior director de la Policía, el general Carlos Triana. ¿Eso sí tuvo que ver con la muerte de los 13 policías en Amalfi? Petro dio a entender que él ya sabía de los explosivos en la zona donde aterrizaría el helicóptero.
“El Presidente, como comandante de las Fuerzas Armadas, decide quién queda en la cúpula militar y policial, es una decisión autónoma de él. En el caso de Amalfi, la Fuerza Pública va a donde hay peligro y antes se analiza el riesgo. En esa operación, por informes de Inteligencia, se conocía del riesgo, pero no es para no hacer, sino para mitigarlo, de lo contrario, ¿quién debería ir? ¿El Bienestar Familiar? Había amenaza de explosivos y se llevó un equipo de perros y personal antiexplosivos; había amenaza de drones, se llevaron antidrones; y había amenaza de emboscada, se llevó una capacidad de fuerza superior. Cuando hicieron el análisis, una de las confusiones es que ahí había ganado y tránsito de personas, lo que reducía de alguna manera el riesgo. Llegó la tropa y recibió ataques. Inmediatamente se canceló la operación y se ordenó la extracción. Fue el equipo antiexplosivos, se hizo la revisión y cuando aterrizó el helicóptero en el sitio donde ya habían revisado que no había explosivos, sí los había. Hubo una falla en la detección por incapacidad de los mismos perros y de los equipos que tenemos”.
Cada semana hay velorios en las Fuerzas Militares, por el asesinato de uniformados en el conflicto armado. ¿Estamos perdiendo la guerra?
“No la estamos perdiendo. Y si muere algún policía o militar es para que no mueran civiles por decenas. No estamos con las manos atadas, hemos incrementado la ofensiva, pero combatir el crimen produce un daño no deseado, porque somos el escudo protector. Si no hacemos esas operaciones, se traslada la violencia a la población civil, especialmente a los más vulnerables. Es algo muy doloroso, este año llevamos 150 asesinados, más que el año pasado”.
La relación entre el Gobierno Nacional y el de Antioquia es muy cortante y usted está en la mitad. El gobernador dice que la mayoría de los ataques se concentran en el Clan del Golfo, pero no tanto en las disidencias y el ELN. ¿Eso es correcto? ¿Hay una, digamos, concentración de la acción solo contra el Clan?
“Hay que ver cómo está caracterizada la amenaza y aquí en Antioquia la mayoría de criminales son del Clan del Golfo. Por ende, cuando uno lo mira la afectación proporcional, pues al mayor que afecta es a ese grupo. Si va uno al Guaviare, entonces diría: ‘¿Y por qué no afectan al Clan del Golfo en Guaviare?, porque prácticamente no hay Clan allá, sino disidencias de ‘Calarcá’ o de ‘Mordisco’. Donde haya la oportunidad de afectar con contundencia a las disidencias o el ELN en Antioquia, lo hacemos. Por ejemplo, ya neutralizamos a dos criminales del frente 36 que tuvieron relación con el atentado terrorista que causó la muerte de los 13 policías”.
El Ejército estuvo cerca de abatir a “Iván Mordisco” con la operación Jaguar Verde, cuando le incautaron las gafas y el computador, pero luego desapareció. ¿En qué va la búsqueda?
“En que no vamos a parar hasta neutralizarlo, ya sea que se capture o que muera en una operación militar, pero la invitación va a que se desmovilice. La recompensa es $5.000 millones”.
¿Es verdad que “Iván Mordisco” compró el frente 18 de las Farc en Antioquia?
“Es que ellos tienen una conveniencia criminal y hacen acuerdos según cómo les produzca mejor su actuar criminal. Al parecer alias ‘Ramiro’, el jefe del 18, se sintió abandonado por el 36, y ahora ya son enemigos. Así es la lucha entre narcos”.
Las cuadrillas de alias “Calarcá” han matado militares en Guaviare y Caquetá, y policías en Antioquia, y sin embargo él parece protegido por estar en los diálogos de “paz total”. ¿Hasta cuándo se va a tolerar que siga digamos matando uniformados mientras está en ese proceso?
“Eso no se tolera. Hemos incrementado la ofensiva y lo hemos afectado críticamente. Por ejemplo, criminal alias ‘Miller’ (su lugarteniente), el que asesinó a los policías allá en Charras, en Guaviare, fue neutralizado. No podemos permitir que sigan delinquiendo, y si lo vemos en flagrancia y da la oportunidad, será capturado. Usted toca un punto fundamental. Estos criminales han optado por coptar ciertas comunidades para inducirlas al crimen, para volverlas dependientes de lo ilegal y cuando llegue el Estado a ofrecer lo legal, entonces se genera un rechazo al mismo Estado. Por ello, insisto, la clave es esa articulación de la acción unificada del Estado”.
Se volvieron comunes las capturas de militares involucrados en el tráfico de armas para grupos ilegales. ¿Qué tan profundo es la corrupción en los armerillos militares?
“Aunque llegue a ser pequeña, es supremamente grave, porque una sola arma o información que salga al interior de la Fuerza le hace daño a la seguridad y al prestigio de las Fuerzas Militares y de la Policía. Creamos la Junta de Transparencia al interior de la del Ministerio de Defensa y ahí nos reunimos para analizar los diferentes casos y poder actuar contra ellos con contundencia. Al momento, desde que se activó esa junta y lo que llevamos en este año, más de 250 operaciones hemos realizado, en las cuales hay alrededor de unos 200 funcionarios de la Policía vinculados con estos delitos, 50 de la Fuerza Militar, pero también jueces, fiscales, funcionarios públicos, exalcaldes, alcaldes, excongresistas y funcionarios públicos. La invitación aquí es que denuncien llamando al 157”.
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