Según el organismo, la mayoría de incidentes se concentran en Antioquia, Valle y Nariño.
Los grupos armados ilegales están decididos a participar de forma activa en la segunda vuelta presidencial de Colombia, a juzgar por los 40 eventos de presión a los electores que ha detectado la Defensoría del Pueblo en las últimas semanas.
La defensora Iris Marín expuso la delicada situación este viernes en Bogotá, en el evento de instalación de la Misión de Observación Internacional de las Elecciones Colombia.
Según ella, “se observa el comportamiento de los grupos armados y de criminalidad organizada y su posible incidencia en el proceso electoral”, y advirtió que “se registraron 40 eventos de presión por parte de grupos armados ilegales, que ocurrieron principalmente, según nuestro monitoreo, en estos últimos días, en Valle del Cauca, Nariño y Antioquia, y se suman a dinámicas preexistentes en otros departamentos del país”.
La funcionaria manifestó que “los grupos armados ilegales, infortunadamente, han impuesto orientaciones de voto, prohíben el apoyo a determinadas candidaturas u orientan el apoyo hacia otras, convocan reuniones comunitarias obligatorias para instruir sobre el sentido del sufragio y amenazan a la población con represalias individuales o colectivas ante resultados adversos”.
Marín detalló que “para asegurar la obediencia electoral, los actores armados aplican mecanismos de control social y territorial; entre estas prácticas destacamos la carnetización de la población, la exigencia de certificado electoral para transitar en el territorio y la verificación cruzada entre censos comunitarios y resultados de la votación”.
Y advirtió que “estas acciones tienen la potencialidad de vulnerar la libertad de la elección y atentan contra los derechos políticos de las comunidades”.
Esta semana EL COLOMBIANO documentó, en exclusiva, uno de esos casos de presión a los electores ocurrido en el Norte de Antioquia.
El frente 36 de las Farc, adscrito al Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), la disidencia de las Farc que comanda Alexánder Díaz Mendoza (“Calarcá”), distribuyó un mensaje por WhatsApp, dirigido a los líderes comunitarios de los municipios de Angostura y Campamento, aunque se presume que también ha sido distribuido en otros pueblos en los que esa organización tiene tentáculos.
En el mensaje, emitieron dos órdenes para la comunidad. La primera: “A todo aquel que resida en el territorio de nuestra influencia, le vamos a exigir el certificado electoral del 21 de junio, ya que es obligatorio salir a votar, quién no lo tenga, debe soportar el porqué y quién no tenga como demostrar que le fue imposible, tendrá una sanción de nuestra parte, dicha sanción se le informará a la persona (sic)”.
Y la segunda fue la “prohibición de hacer proselitismo político o campaña política a favor de la ultraderecha de este país, quién lo haga, deberá de hacer sus descargos ante nuestra organización guerrillera (sic)”.
Estos hechos provocaron la visita a la zona del gobernador de Antioquia, Andrés Rendón, y de delegados de la Fuerza Pública, para tratar de dale tranquilidad a la comunidad.
Otra denuncia grave contra el constreñimiento electoral de parte del grupo de “Calarcá” la hizo el gobernador de Caquetá, Luis Francisco Ruiz, quien señaló que los terroristas de ese grupo le están ordenando a los ciudadanos de las áreas rurales que le tomen fotos al tarjetón marcado con la casilla de su interés, y a las iglesias cristianas les están exigiendo un listado de feligreses, bajo el supuesto de que no quieren apoyar a su aspirante predilecto.
La defensora Marín también puso sobre la mesa la violencia verbal y mediática que están ejerciendo las campañas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, en algunos casos impulsada por los mismos líderes políticos y sus seguidores.
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Después de los resultados de la primera vuelta, el 31 de mayo, su entidad registró “431 nuevos casos de violencia contra candidaturas presidenciales y vicepresidenciales. Los hechos registrados muestran una mayor concentración en la estigmatización (55%), la difamación (17,6%), el lenguaje ofensivo (12,3%) y violencias por discriminación y racismo (9%)”.
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