Al sistema de salud y al educativo los une una preocupante coincidencia: cuando aparece la palabra intervención la situación no termina bien. O, en el caso del segundo, ni siquiera terminan.
Un informe sobre el estado actual de las instituciones de educación superior que han sido intervenidas por el ministerio del ramo, realizado por la Fundación para el Estado de Derecho, muestra que ese camino se ha convertido en tomar un callejón sin salida, salvo un caso antioqueño.
El análisis conocido en primicia por EL COLOMBIANO muestra cómo ha sido el caso de las 12 universidades que han sido intervenidas desde 2014.
Desde ese año, por ley se establecieron las medidas de inspección y vigilancia de la educación superior que tenían como objeto garantizar la calidad y continuidad de la prestación del servicio y asegurar la cobertura y la financiación sostenible de las universidades.
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De las doce intervenidas, solo la Universidad de Antioquia tiene la intervención terminada, que se extendió entre 2025 y 2026, hasta una semana antes de que Gustavo Petro dejara la Presidencia. Las demás siguen con medidas de vigilancia especial, que datan, incluso, de 2015, 2018 y 2019.
La mitad de intervenciones se hicieron en el gobierno Petro.
Los abogados Jéssica Mancipe y Styven Boyacá, de la Fundación para el Estado de Derecho, le explicaron a este diario que para hacer el informe se basaron en informes de prensa, resoluciones del MinEducación y reportes de los organismos de control.
Apuntan que los casos que más les alertaron fueron el de la Universidad Tecnológica del Chocó y la Universidad del Atlántico.
En la Tecnológica del Chocó encontraron que —después de que impusieran medida de vigilancia especial por irregularidades administrativas, contractuales y de gestión en 2023— la institución ha atravesado una fuerte crisis de gobernabilidad, con múltiples cambios de rector y nuevos hallazgos fiscales.
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Actualmente también tiene un plan de acompañamiento de 373 actividades. La U. del Atlántico fue intervenida en 2025 por la crisis de gobernabilidad en la elección de rector, que estuvo marcada por violencia, alteraciones del orden público y cuestionamientos a candidatos.
En el medio, el ministerio remplazó al rector Leyton Barrios, pero decisiones judiciales suspendieron la vigilancia temporalmente y obligaron a que retomara el cargo. La Universidad del Pacífico tiene medidas preventivas desde 2015 y vigilancia especial desde 2018.
Los problemas incluyen manejo de recursos, gobernabilidad, incumplimiento de órdenes ministeriales y hallazgos fiscales. Sigue intervenida y el MinEducación designó a Javier Fernando Barona como rector, en medio de cuestionamientos administrativos y financieros.
Entre tanto, la Fundación Universidad Autónoma de Colombia está bajo vigilancia especial desde 2019, después de una crisis que incluyó retrasos salariales, suspensión de actividades y afectaciones a la calidad. El Ministerio llegó a recomendar su disolución y liquidación, pero reversó esa decisión.
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La institución perdió cerca del 95% dsus matrículas: pasó de más de 10.000 estudiantes a menos de 500 en 2025. La Universidad Autónoma del Caribe fue intervenida en 2018 por un déficit de $108.000 millones. Entre 2017 y 2024 acumuló $124.512 millones en pérdidas y sus pasivos aumentaron $46.017 millones. Sigue con la medida.
“Ninguna intervención funciona: en lugar de recuperar las universidades, terminan afectándolas más, entonces no se superan las razones para intervenirlas y, como no se arreglan, se siguen extendiendo las medidas”, dijo Styven Boyacá.
La Universidad INCCA de Colombia, por su parte, tuvo una primera intervención en 2015 y una segunda vigilancia desde 2019. Enfrentó problemas de calidad, recursos, deudas laborales, procesos judiciales y caída de matrícula. La Fundación Universitaria San Martín es la que lleva más tiempo intervenida: desde 2015.
Tenía problemas de infraestructura, salarios, programas sin registro y presunto desvío de recursos. Once años después continúacon inspección, fiducia e institutos de salvamento.
La Uninpahu fue intervenida en 2022 por problemas de gobierno, liquidez y pasivos. Aunque en 2025 la Corte Constitucional ordenó restituir a María Paula Linares como canciller de la institución y el ministerio tuvo que cambiar la administración, en 2026 no hay acto administrativo que certifique como superados los hallazgos financieros que motivaron la vigilancia especial.
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La tristemente conocida Fundación de Educación Superior San José tiene vigilancia desde febrero de 2026 por irregularidades en expedición de títulos, programas no autorizados y pagos a docentes.
La Uniespinal (Tolima) y la Universidad de Medellín completan la lista.
El análisis identifica problemas recurrentes de gobernabilidad, gestión administrativa y financiera, incumplimiento de órdenes ministeriales, fallas en los controles y conflictos por la elección o permanencia de rectores. También cuestiona la prolongación de las intervenciones, pues una vigilancia especial extendida podría afectar la autonomía universitaria.
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