A tres meses de que finalice el mandato del presidente Gustavo Petro, una figura sin cargo oficial sigue acumulando poder dentro del Gobierno. Se trata de Juliana Guerrero, quien, pese a los cuestionamientos judiciales en su contra y al deterioro de su imagen pública, continúa incidiendo en decisiones clave, ahora desde las sombras del Fondo Colombia en Paz.
Esta entidad es una de las más estratégicas en el manejo de recursos para la implementación del Acuerdo de Paz. De acuerdo con testimonios conocidos por la revista Cambio, Guerrero habría logrado posicionar su influencia dentro de esta entidad sin figurar en el organigrama oficial.
Su forma de operar no es nueva: distintas fuentes que coinciden le reportaron al medio ya mencionado que ella “manda, pero en la sombra; ordena, sin un cargo oficial; habla a nombre del presidente sin ser funcionaria”.
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¿Qué tanto poder acumula?
El episodio que encendió las alertas ocurrió el pasado 18 de marzo en las oficinas del Fondo Colombia en Paz, ubicadas en el World Trade Center de Bogotá. Funcionarios de la entidad quedaron sorprendidos al ver a Guerrero ingresar a una reunión clave, pese a no tener ningún vínculo formal con la institución. “Apenas la vi, supe quién era. Yo estoy siempre pendiente de los medios y la reconocí, es difícil no tener en la mente su rostro. Ahí pensé: nos van a sacar a todos”, le relató una fuente bajo reserva a Cambio.
A la entidad habría llegado a “tirar línea”. Desde entonces, según versiones internas, más de diez funcionarios de nivel directivo han sido removidos de sus cargos.
El interés en esta entidad no es menor. El Fondo Colombia en Paz, adscrito al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), administra recursos millonarios destinados a la implementación del acuerdo firmado en 2016.
En la última década ha manejado más de 5,6 billones de pesos y solo en 2026 ha suscrito más de 1.000 contratos por encima de los 215.000 millones. Su régimen de derecho privado y bajo nivel de control externo lo convierten en un espacio altamente atractivo en términos burocráticos.
La llegada de Deyanira Guerra a la dirección del Fondo también ha generado cuestionamientos. Su designación se dio sin la presentación de una terna y, según fuentes, obedeció a una instrucción directa de Presidencia.
A esto se suman nombramientos recientes de funcionarios cercanos a Guerrero, como el secretario privado Jorge Bustos y el jefe de despacho Obar Redondo, lo que refuerza la percepción de un reordenamiento interno basado en afinidades personales más que en criterios técnicos.
En medio de este panorama, una nueva incertidumbre sacude al Fondo: la renuncia de Deyanira Guerra el pasado 10 de abril, tras menos de dos meses en el cargo.
Aunque no se han esclarecido las razones de su salida, versiones internas apuntan a que no fue una decisión voluntaria.
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