La revelación de que una mina ilegal vinculada al Clan del Golfo habría operado dentro de una base militar en Colombia provocó la respuesta del Ejército Nacional, que confirmó la actividad, aunque defendió su actuación frente a la explotación ilícita.
De acuerdo con el comunicado institucional, en los límites del Cantón Militar del Batallón de Infantería No. 31 Rifles se encuentra la finca La Mandinga, un predio de cerca de 2.000 hectáreas bajo administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), tras haber sido objeto de extinción de dominio. En ese terreno —según la Fuerza— se han asentado entre 2.000 y 2.500 mineros informales que desarrollan actividades sin título legal, generando un deterioro ambiental que califican como severo e irreversible.
La postura surge luego de que el diario estadounidense documentara, con imágenes aéreas, recorridos en terreno y testimonios, cómo la explotación aurífera no solo se realizaba en áreas contiguas, sino que había avanzado hasta el interior del perímetro militar. En su reportaje, los periodistas registraron maquinaria en funcionamiento, deforestación y pozos activos a escasos metros de instalaciones del Ejército, lo que contradijo versiones iniciales de mandos que negaban la presencia de mineros dentro de la base.
Durante una visita al lugar, el entonces comandante del batallón, el coronel Daniel Echeverry, constató en terreno la actividad extractiva en predios militares. La reacción incluyó la destrucción de equipos mediante operativos que derivaron en enfrentamientos con trabajadores, quienes respondieron con agresiones, amenazas y resistencia directa a la intervención.
En su pronunciamiento, el Ejército aseguró que desde 2022 había puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación los daños ambientales causados por la minería ilegal en La Mandinga. Asimismo, indicó que ha realizado más de 20 intervenciones en la zona, con destrucción de maquinaria y operativos coordinados con otras entidades del Estado.
La institución también reconoció que estas acciones han generado respuestas violentas por parte de quienes dependen de esta economía ilícita, incluyendo bloqueos en la Troncal de Occidente e intentos de asonada contra la Fuerza Pública. Según el comunicado, estos hechos serán objeto de investigaciones judiciales.
El trasfondo del conflicto es económico y criminal. Como evidenció la investigación de The New York Times, los mineros que operan en La Mandinga deben pagar cuotas al Clan del Golfo, lo que convierte la extracción de oro en una fuente clave de financiación para esta estructura armada. Este flujo de recursos no solo fortalece su capacidad operativa, sino que contribuye al control territorial en la región.
El reportaje también expuso que parte del oro extraído ilegalmente logra insertarse en cadenas internacionales de suministro, llegando incluso a la Casa de la Moneda de Estados Unidos. Esto ocurre pese a que una norma vigente desde 1985 prohíbe el uso de oro extranjero para la fabricación de lingotes, una regulación adoptada originalmente para evitar vínculos con violaciones de derechos humanos en contextos como el apartheid.
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Una auditoría del Departamento del Tesoro estadounidense reveló en 2024 que, durante años, no se verificó el origen del metal adquirido, lo que abrió la puerta a que oro de procedencia ilícita ingresara a circuitos formales. Tras conocerse estos hallazgos, autoridades en ese país anunciaron revisiones a sus procesos de compra.
En este contexto, el Ejército colombiano reiteró que continuará ejecutando operaciones ofensivas contra grupos armados y redes ilegales que financian sus estructuras mediante la minería, y anunció nuevas acciones penales contra quienes sean sorprendidos desarrollando estas actividades en zonas aledañas a la unidad militar.
Antes del comunicado del Ejército, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aseguró a través de X que “en respuesta a la información divulgada en medios de comunicación sobre la explotación minera ilegal que habría en los terrenos de una unidad militar en Caucasia, Antioquia, ordenó una verificación e investigación inmediata para esclarecer los hechos y adoptar las medidas correspondientes con total contundencia”.
Dijo además que este año se han intervenido alrededor de 2.500 minas ilegales y destruido cerca de 1.000 máquinas utilizadas para la extracción ilegal.
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