La delegación del Gobierno en la mesa de diálogos con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las Farc, anunció que presentará una impugnación inmediata contra el fallo judicial que ordenó la suspensión de la Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en el Valle del Guamuez, Putumayo.
El jefe negociador, Armando Novoa, calificó la orden como de “imposible ejecución” debido a que el traslado de los integrantes del grupo armado ya se encuentra en una etapa avanzada.
La decisión fue proferida por un juez del Valle del Guamuez, quien ordenó detener las actividades en la ZUT tras una acción de tutela presentada por una comunidad indígena.
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El juzgado determinó que se vulneró el derecho fundamental a la consulta previa, al omitirse los procedimientos legales de participación para intervenciones estatales en territorios ancestrales.
La tutela fue interpuesta por el resguardo ‘Telar Luz del Amanecer’, alegando que no se garantizaron las reglas del debido proceso.
Aunque el Gobierno afirma haber realizado reuniones de socialización con comunidades de la zona hace un mes, no se especificó si dicho resguardo fue incluido en estos encuentros.
Un traslado en marcha y “sin retorno”
Para el Gobierno, acatar la suspensión en este momento resulta logísticamente inviable.
Según Armando Novoa, los 99 integrantes de la disidencia de las Farc que hace parte de la mesa de paz ya han comenzado su llegada escalonada a puntos de preconcentración, muchos de ellos transportados en helicópteros civiles por recomendación de seguridad de las Fuerzas Militares.
“Sería completamente incomprensible que, en virtud de una orden judicial, tuviéramos que devolverlos a sus zonas de origen para que sigan ejerciendo la violencia”, afirmó el jefe negociador.
El proceso está respaldado por el Decreto 0603 del 13 de junio pasado, que suspendió las operaciones ofensivas contra esta estructura entre el 14 y el 19 de junio para facilitar su ingreso a la zona sin armas.
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El área en disputa comprende seis hectáreas arrendadas por el Ejecutivo hasta diciembre de 2026. De lograrse la consolidación del punto, los integrantes de la CNEB deberán entregar las armas para su custodia por el Mecanismo de Monitoreo y Verificación, y posterior destrucción por la Fuerza Pública.
Además de lo anterior, recibir capacitación por parte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y el CESA para su tránsito a la vida civil, así como contar con la protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP).
La puesta en marcha de esta zona ha generado polémica adicional por su coincidencia con el calendario electoral. No obstante, desde la Consejería de Paz insisten en que estas decisiones responden exclusivamente a los compromisos de la mesa de diálogos y no a intereses políticos.
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El Gobierno basará su defensa legal en el procedimiento establecido por el decreto 2591 de 1991 para impugnar el fallo.
Las ZUT autorizadas
En total, el Gobierno ha acordado siete Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) con cuatro organizaciones armadas distintas.
Para el Clan del Golfo (EGC), las áreas seleccionadas están ubicadas en Tierralta (Córdoba), Belén de Bajirá y Unguía (Chocó). Aunque el inicio estaba previsto para el 1 de marzo de 2026, el proceso arrancaría finalmente el 25 de junio con cerca de 400 integrantes del grupo armado.
Pero no son las únicas. El Gobierno, a través de Otty Patiño, definió además una zona en el área rural de Tibú (Norte de Santander) para el Frente 33 del Estado Mayor de los Bloques y Frente (EMBF), liderado por alias Calarcá; otra en el municipio de Mallama (Nariño) para los Comuneros del Sur; y, finalmente, dos áreas denominadas Zonas de Capacitación Integral (ZOCIUT) en Roberto Payán (Nariño) y Valle del Guamuez (Putumayo) para la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB).
Los líos de las zonas temporales
Estas zonas han despertado cuestionamientos desde distintos sectores.
Paula Tobón, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz, en conversación con EL COLOMBIANO hace unas semanas, advirtió que la expedición de resoluciones por parte de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, relacionadas con las ZUT, siguen generando interrogantes jurídicos y operativos sobre el alcance real de estos espacios en medio de las negociaciones.
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“Corren el riesgo de convertirse en hitos vacíos. Ese es el problema, y es justamente lo que ha venido ocurriendo con las ZUT. Por supuesto, en el marco de una negociación, estas figuras dan la impresión de que se está avanzando rápidamente, y esa ha sido una particularidad del proceso”, dijo en su momento.
Agregó: “Pero hay otro elemento importante: según la Ley 2272 y también lo que ha señalado la Corte Constitucional sobre esta norma, estas zonas solo deberían implementarse cuando existe un estado avanzado de las conversaciones. Es difícil afirmar que la negociación con el Clan del Golfo esté realmente avanzada cuando las partes todavía no han acordado asuntos fundamentales”.
La crítica central de Tobón apunta a la ausencia de una Ley de Sometimiento. Aunque la creación de estas zonas está amparada por la Ley 2272, la investigadora advirtió que es “difícil” que líderes de la talla alias Chiquito Malo decidan concentrarse y quedar en una situación de “vulnerabilidad” sin tener ninguna certeza sobre su futuro jurídico o la figura legal que amparará su tránsito a la vida civil.
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En sus palabras, no existen los incentivos suficientes para que el grupo más numeroso del país dé un paso definitivo hacia la paz sin algo “muy sólido en la mano”. Esta falta de marco legal genera un limbo peligroso.
Gerson Arias, también investigador de la FIP, calificó como una “lógica irresponsable” el hecho de que el Gobierno avance en estas zonas solo para mostrar resultados políticos parciales, trasladando la responsabilidad de terminar o gestionar estos procesos al próximo gobierno que asuma en 2026.
El “lío” de las ZUT no es solo jurídico, sino geográfico. Estas zonas acordadas, como lo ha contado este diario desde hace meses, están ubicadas en sitios clave para el narcotráfico y la minería de oro. En el caso del Clan del Golfo, las zonas en Tierralta, Belén de Bajirá y Unguía son corredores esenciales para el tráfico de migrantes, armas y cocaína hacia Centroamérica y el Urabá.
A esto se suma el polémico blindaje contra la extradición. De momento, estos espacios son vistos como santuarios para proteger a los más peligrosos criminales.
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