Mientras desde el oficialismo señalan a los periodistas de los medios privados como “desinformadores” que responden a “intereses económicos”, en los medios públicos se instauran “influencers” como voces expertas en temas económicos y políticos.
Esa es una de las principales conclusiones del informe más reciente de Libertad de Prensa realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El Gobierno, señalan, ha construido un ambiente informativo hostil, de autocensura y de pocas garantías de transparencia en Colombia. Pero hay más alertas.
Parcialidad en RTVC
La CIDH expresa su preocupación por el manejo del sistema de medios públicos, es decir RTVC, que se ha convertido en la caja de resonancia del petrismo. En el informe se citan reportes de posibles presiones para modificar o evitar contenidos críticos al Gobierno, así como la salida de periodistas y directivos, y presuntos vetos a voces críticas. En ese contexto, también recogen cuestionamientos al director de la entidad, Hollman Morris, por declaraciones que podrían contribuir a desacreditar a medios.
“La Relatoría Especial recibió reportes sobre presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores, así como sobre salidas reiteradas de directivos y periodistas y posibles vetos a figuras críticas, lo que, podría afectar el pluralismo informativo”, dice el informe. Estas tensiones se suman a reclamos recientes de periodistas que han pedido frenar ataques en medio de denuncias internas por presuntos casos de acoso laboral y violencia de género. EL COLOMBIANO ha revelado varios casos.
Por ejemplo, Ana María Mesa Villegas, quien trabajó casi doce años en Radio Nacional, aseguró que dejaron de renovar su contrato en Radiónica luego de haberse expresado públicamente en contra de las declaraciones de Petro sobre el clítoris de las mujeres. En otra denuncia, Cielo Esperanza Reyes Téllez le contó a este periódico que sus jefes —Wílver Raíllo, subdirector de noticias de RTVC y Pablo Bastidas, director del noticiero los fines de semana— la habrían hostigado mientras cubría temas periodísticos: “siento un odio por usted y no sé por qué”, le dijo Bastidas.
Otro aspecto que preocupa al organismo sobre el sistema de medios públicos es la inclusión de creadores de contenido digital en espacios de análisis sin criterios claros de transparencia, lo que podría afectar la calidad y credibilidad del debate público.
Ataque contra la prensa
Otro capítulo importante del informe es el aumento de discursos que deslegitiman a la prensa. El documento describe una “creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos” y advierte que calificativos como desinformadores o mentirosos —la mayoría atribuidos al presidente Gustavo Petro— podrían tener un “efecto inhibidor” sobre la labor periodística.
“Principalmente el Presidente de la República, ha calificado a ciertos medios y periodistas como ‘desinformadores’, ‘mentirosos’, ‘criminales’, ‘vagabundos’, ‘cooptados’, ‘de oposición’ u ‘oligárquicos’, entre otros, con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias”, dice la CIDH.
La mayoría de los ataques salen de la cuenta de X y de sus discursos. Por ejemplo, El 3 de agosto de 2025 llamó “periodismo vagabundo” a un reportaje de Caracol Radio, cuando revelaron algunos chats de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro, en los que aseguró presenciar supuestas fiestas descontroladas entre el jefe de Estado y otros funcionarios. “Está full tomado”, dijo Vásquez en conversación con Nicolás, refiriéndose a Petro.
Según la CIDH, este tipo de lenguaje no solo deteriora el debate público, sino que también eleva los riesgos para quienes cubren temas sensibles.
A esto se suma el impacto diferenciado sobre las mujeres periodistas, quienes —según la relatoría— enfrentan agresiones en entornos digitales con componentes de violencia de género que buscan silenciar sus voces y limitar su participación. La CIDH señaló como responsables de ejercer violencia tanto al presidente Petro como a Sandra Ramírez, congresista del Partido Comunes. En concreto, el organismo internacional citó dos ejemplos.
El primero fue el que involucra al mandatario: ”El 29 de julio de 2025, el presidente de la República calificó a la periodista Diana Saray Giraldo como ‘criminal’, lo que llevó a la comunicadora a responsabilizarlo por posibles agresiones y alertar sobre la escalada de violencia en su contra (...) El 23 de septiembre de 2025, el mandatario volvió a referirse a Giraldo, llamándola “destructora de personas”.
El segundo, que involucra a Ramírez, sucedió cuando Giraldo publicó una noticia sobre una visita de la congresista a Venezuela. Ramírez dijo que la estaban perfilando, y calificó las afirmaciones de la periodista como “irresponsables, tendenciosas y peligrosas”. Para la CIDH el episodio “habrían desatado ataques hostiles y misóginos” contra Giraldo.
El organismo internacional también identificó agresiones por parte del presidente hacia Ricardo Calderón, de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, por publicar la investigación de los Archivos de Calarcá, entre otras, que dejó en evidencia presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las Farc.
Además, también citan varios ataques de funcionarios del Gobierno contra EL COLOBMIANO. Por ejemplo, condenaron los comentarios públicos de Álex Flórez, congresista del Pacto Histórico. Para la CIDH resultó irresponsable y una forma de ataque y censura los mensajes en los que el senador acusó a este periódico de perseguirlo políticamente y, además, de difundir “titulares falsos y sensacionalistas”. Esa misma ocasión, el presidente Petro dijo que los dueños de EL COLOMBIANO eran empresarios que “defienden a Hitler y el genocidio en Colombia”.
Estos episodios, dicen los relatores, “contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público, sino que también tiene el potencial de exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia de distintos sectores de la población”, lo cual hace vulnerables a los periodistas.
Conflicto armado desatado
La CIDH subraya que el ejercicio del periodismo en Colombia enfrenta riesgos adicionales en regiones con presencia de grupos armados. En aquellos territorios, las amenazas a la seguridad de los comunicadores y las restricciones para acceder a información afectan no solo su trabajo, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada.
En ese sentido, la CIDH lamentó las amenazas y ataques contra Óscar Gómez Agudelo, en Armenia (Quindío) y Edward Fabián Álvarez Rivera (Antioquia). Además de los asesinatos de Diomedes Farid Manrique, locutor de Olímpica Stereo y Frontera Estéreo en Maicao (La Guajira), y de María Victoria Correa Ramírez en Envigado (Antioquia).
Los grupos armados actúan con violencia para “silenciar a la prensa e impedir que la sociedad sea informada sobre acontecimientos de interés público”, por lo que pidió más acción y atención por parte del Gobierno y la Fiscalía.
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