Una nueva alerta sobre contratación pública llegó a la Procuraduría General de la Nación. La Red de Veedurías de Colombia presentó una queja disciplinaria para que se investiguen presuntas irregularidades en los procesos de contratación del servicio de vigilancia y seguridad privada del Servicio Nacional de Aprendizaje en distintas regiones del país.
Según la queja, los procesos de contratación, que en conjunto superarían los 190.000 millones de pesos, se estarían adelantando con condiciones técnicas y requisitos que, en la práctica, solo podrían cumplir ciertos contratistas. Esto, advierte la veeduría, podría configurar un direccionamiento de los contratos.
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La denuncia, interpuesta por el presidente de la organización, Pablo Bustos Sánchez, pide que se evalúe la posible responsabilidad del director del Sena, su secretario general y otros funcionarios, por lo que serían prácticas que estarían limitando la libre competencia en estos contratos.
Uno de los puntos más cuestionados es la inclusión de lo que se conoce como “pliegos sastre”, es decir, condiciones diseñadas a la medida que restringirían la participación de múltiples oferentes. De acuerdo con la denuncia, en varios procesos se habrían exigido perfiles con requisitos poco comunes en el mercado, como posgrados específicos, certificaciones técnicas particulares y experiencia altamente especializada, incluso para cargos operativos.
La Red de Veedurías también señala que algunas empresas del sector de seguridad privada habrían resultado favorecidas en procesos similares en otras entidades públicas. Entre las mencionadas aparecen Detección Ltda., Seguridad Fénix de Colombia y Atalaya Seguridad Ltda., que, según el documento, habrían participado en licitaciones con un solo oferente o con condiciones que limitarían la competencia.
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