En medio de los movimientos recientes del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una nueva denuncia pone el foco sobre posibles presiones y maniobras contra uno de los testigos clave del proceso.
Se trata del ex subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, cuya defensa alertó a la Fiscalía sobre una presunta operación ilegal de inteligencia, filtración de información y manipulación de pruebas en su contra.
De acuerdo con la denuncia, existirían elementos que apuntan a la utilización de información obtenida de manera ilegal, que luego habría sido presentada como evidencia válida dentro de procesos judiciales.
El abogado de Pinilla, Gustavo Moreno, aportó un informe forense que detalla que “se habría utilizado la herramienta tecnológica i2 Analyst’s Notebook, cuyo uso es exclusivo y restringido de la Policía Nacional de Colombia, que cuenta con el licenciamiento activo únicamente para esa institución”.
Añade que, sin orden judicial ni control de la Fiscalía General de la Nación, “se habrían empleado herramientas tecnológicas reservadas para realizar un análisis externo sobre datos sensibles, por fuera de los cauces legales”.
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Según el documento, esos datos habrían sido “revestidos” de legalidad mediante informes técnicos presuntamente alterados, “con el fin de construir narrativas que afectaran a testigos que han declarado contra altos funcionarios del Estado”.
Según lo señalado por la defensa, en estas acciones podrían haber participado agentes o exagentes vinculados al Estado. Estas personas, de acuerdo con la información, habrían actuado sin orden judicial y por fuera de sus funciones.
Menciona que el uso de herramientas tecnológicas y capacidades propias de organismos oficiales para la recolección y tratamiento de información, lo que, de comprobarse, abriría un nuevo frente en el ya complejo expediente.
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La advertencia incluye además referencias a una posible estrategia de difusión en la red social X. Allí, según lo expuesto, contenidos relacionados con el caso habrían sido publicados de manera coordinada por cuentas asociadas a contratistas estatales.
El objetivo, según la defensa, sería posicionar determinadas versiones de los hechos y “posicionar el relato y generar presión indebida sobre la opinión pública y las autoridades”.
Esta denuncia aparece en un momento clave del caso UNGRD, que en los últimos días ha estado marcado por decisiones judiciales y actuaciones procesales relevantes, como la libertad del exministro Ricardo Bonilla por vencimiento de términos y las controversias alrededor de la actuación de la Fiscalía en ese proceso.
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