La denuncia presentada por el profesor y experto en finanzas criminales, Juan Carlos Portilla, incluye análisis de cuentas, bienes y movimientos en varios países.
El presidente Gustavo Petro enfrenta dos denuncias formales ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.
Las acusaciones, interpuestas por el profesor y experto en finanzas criminales, Juan Carlos Portilla, apuntan a presunta falsedad en documento público y posible lavado de activos, en hechos que, según el denunciante, comprometerían la transparencia de las declaraciones oficiales del mandatario.
De acuerdo con Portilla, el caso surge tras hallarse presuntas inconsistencias entre documentos firmados por el presidente y declaraciones que él mismo realizó meses después. El académico sostiene que Petro consignó información que no coincide con la realidad que posteriormente hizo pública, lo que podría configurar un delito susceptible de investigación penal.
El origen de la primera denuncia radica en un formulario público de la Presidencia de la República, fechado el 11 de noviembre de 2024, donde el jefe de Estado declaró a Verónica del Socorro Alcocer García como su cónyuge o compañera permanente. Sin embargo, en octubre de 2025, el propio presidente publicó en su cuenta de la red social X que estaba separado de Alcocer “desde hace años”.
Según Portilla, esta contradicción podría representar falsedad en documento público, motivo por el cual anexó copias de las declaraciones y documentos oficiales como pruebas dentro del proceso. Además, el profesor enfatizó que el mandatario debe responder ante la Comisión de Acusación por las inconsistencias detectadas.
La segunda denuncia se centra en un posible caso de lavado de activos. Portilla pidió que se revisen los movimientos financieros del presidente y su entorno, incluyendo reportes de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) y de autoridades internacionales en países como Italia, Panamá, Estados Unidos y los paraísos fiscales del Caribe.
El denunciante fundamenta su solicitud en un informe de la Uiaf que mencionaría presuntas transferencias de recursos del Clan del Golfo hacia la campaña presidencial de 2022. Portilla aseguró que esta situación, de comprobarse, no solo implicaría un delito financiero, sino que atentaría contra la confianza ciudadana en el Estado de derecho.
Las denuncias fueron entregadas a la representante Julia Miranda Londoño, coordinadora de la Comisión. Además, los firmantes solicitaron que el presidente Petro sea citado a una audiencia pública de rendición de cuentas ante la Cámara de Representantes. “El control político y la democracia lo exigen”, señaló Portilla al insistir en que la justicia debe actuar con independencia frente a estos hechos.
Con información de Colprensa- Vanguardia*
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