El Tribunal de Cundinamarca estudia una demanda con la que se busca que el presidente Gustavo Petro rectifique y se abstenga de insistir en la posibilidad de un fraude electoral. La interpuso el abogado Ramiro Bejarano.
“La medida no solo es necesaria, idónea y proporcional para garantizar los derechos colectivos, sino que su carácter urgente se debe a la proximidad de las fechas dispuestas por la Organización Electoral para los comicios”.
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Argumentos de la demanda y el discurso de fraude electoral de Petro
Según informó El Tiempo, el jurista señaló que el discurso, desmentido por los entes de control y por entidades como la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea, lastima “los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la seguridad jurídica y la transparencia del proceso electoral, así como la confianza legítima en las instituciones democráticas”.
La demanda fue admitida en octubre de 2025. Se solicitó dictar una medida cautelar que le ordene a Petro dejar de cuestionar sin pruebas la transparencia del sistema electoral. El presidente ha insistido en la narrativa de fraude electoral y la intensificó de cara a las elecciones legislativas y de consultas del domingo.
El pasado 5 de marzo, justo antes de los comicios, el Tribunal anunció el estudio de la solicitud y citó a las partes a una audiencia pública este viernes 13 de febrero a las 8 de la mañana.
En ella se pondrán en balanza los argumentos de Petro, el Consejo Nacional Electoral, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y la Procuraduría. Precisamente esta última pidió acceder a las pretensiones que buscaban imponer esta medida cautelar.
Para el Tribunal “la función pública electoral requiere, para su materialización, el despliegue de una serie de actividades anteriores, concomitantes y posteriores a los comicios, que permitan concretar los alcances de aquella y que corresponden a la categoría del servicio público administrativo aludido”.
La instancia agregó que “la eventual adopción de una medida cautelar tendrá sentido y guardará relación con la protección del derecho colectivo a la función pública electoral (confiabilidad del sistema electoral), en atención a las demás etapas electorales que deben surtirse en 2026”.
Petro siguió con la narrativa tras las elecciones legislativas
A pesar de que los diferentes jefes de los entes electorales y de control se pronunciaron de manera positiva con respecto a la jornada, y de que el Pacto Histórico obtuvo 25 curules al Senado, el presidente ha insistido en su narrativa. Eso “haría especialmente pertinente una eventual medida cautelar”.
Se reitera que el viernes se pondrán en la balanza los argumentos para que los jueces ordenen la “cesación inmediata” de las actividades que puedan ser una amenaza o continuar con el daño al servicio público administrativo de la función electoral.
De acuerdo con Bejarano y las partes que lo apoyaron, como la Procuraduría, la narrativa del presidente pone en duda la transparencia del proceso electoral, sobre todo cuando habla de presuntos fraudes, manipulación del software, irregularidades en el diligenciamiento o manipulación de funcionarios y tarjetones, entre otros.
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Eso, sin que “exista información fehaciente de tales situaciones, debidamente soportada y corroborada por las autoridades judiciales, los órganos de control o las entidades que conforman la organización electoral, incluida la Comisión Nacional de Control Electoral, caso en el cual deberían ponerse a disposición de las autoridades competentes y de la ciudadanía todas las fuentes de información y pruebas que sustenten estas afirmaciones”.
- ¿Por qué demandaron a Gustavo Petro por sus narrativas de fraude electoral?
- La demanda señala que el presidente ha insistido en hablar de fraude electoral sin pruebas, lo que podría afectar la confianza en el sistema electoral y vulnerar derechos colectivos como la seguridad jurídica y la transparencia institucional.
- ¿Qué es una medida cautelar en este caso?
- Es una decisión temporal de un juez que busca evitar un posible daño mientras se resuelve el proceso. En este caso, podría ordenar que el presidente deje de cuestionar el sistema electoral sin pruebas.
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