La Defensoría del Pueblo lanzó una advertencia urgente ante el agravamiento de la confrontación armada en el departamento del Norte de Santander y el sur del Cesar, un escenario que, según la entidad, ha generado una grave crisis humanitaria con vulneraciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario (DIH).
La advertencia se dirige específicamente a los municipios de Ocaña y Ábrego, en Norte de Santander, y Río de Oro y González, en el Cesar, donde la intensificación del conflicto —que se remonta a enero de 2025— ha elevado el riesgo para la población civil.
“Alianzas para hacer incursiones territoriales, expansión territorial y confrontación en zonas urbanas entre grupos armados no estatales tienen en peligro a las comunidades de los cuatro municipios”, señaló la Defensoría al explicar las razones de la alerta.
Tres dinámicas de disputa armada
De acuerdo con la entidad, la alerta se sustenta en tres dinámicas principales que estarían reconfigurando el conflicto en la zona.
La primera está relacionada con posibles alianzas entre grupos armados ilegales que buscan expandir su presencia territorial. Según la Defensoría, existiría una eventual articulación entre las disidencias del Frente 33, vinculadas al autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frente (EMBF), y la estructura criminal conocida como ‘Los Pelusos’, en medio de la confrontación con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Una segunda dinámica se relaciona con la expansión de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) hacia el sur del Cesar y zonas cercanas a Ocaña y Río de Oro, con el objetivo de controlar corredores estratégicos.
“La expansión sería hacia el sur del Cesar, su avance hacia Ocaña y Río de Oro, buscando controlar corredores estratégicos, como la Ruta del Sol, y rentas de economías ilícitas, como el narcotráfico y la minería ilegal”, advirtió la entidad.
La tercera dinámica estaría asociada una posible urbanización de la “confrontación violenta entre las ACSN y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) en zonas limítrofes entre Ocaña y Río de Oro, específicamente en el corregimiento Agua de La Virgen”.
Las comunidades en riesgo y los impactos humanitarios
El análisis del Sistema de Alertas Tempranas (SAT) identificó varios corregimientos y sectores urbanos en riesgo inminente. En Ocaña, las alertas se concentran en zonas como Cerro de las Flores, Quebrada La Esperanza, La Floresta, Aguas Claras, Agua de La Virgen, Buena Vista, Mariquita, Otaré y La Ermita, además de las comunas 1, 5 y 6 en el casco urbano.
En Ábrego, el riesgo se extiende a la cabecera municipal y a los corregimientos La Unión Campesina, Capitán Largo, Playoncitos y La Paz.
Por otro lado, la Defensoría alertó que los grupos armados ilegales han fortalecido su control sobre la población mediante retenes ilegales, requisas y la imposición de normas de comportamiento.
“Los grupos armados ilegales están ejerciendo una fuerte gobernanza armada sobre la población civil mediante controles en vías secundarias, retenes ilegales, requisas y la imposición de ‘normas de conducta’”, indicó la entidad.
Además, el organismo documentó estigmatización digital contra lideresas sociales y mujeres, quienes han sido señaladas en redes sociales como supuestas colaboradoras de grupos armados, lo que busca limitar su participación política.
También se reportó el uso de métodos de guerra prohibidos, entre ellos drones acondicionados con explosivos en sectores rurales de Ocaña.
“La Defensoría ha documentado graves infracciones al DIH que incluyen el uso de métodos de guerra prohibidos, como drones acondicionados con artefactos explosivos en los sectores Cerro de las Flores y Quebrada La Esperanza”, advirtió la institución.
La situación humanitaria también se refleja en el incremento de homicidios y desplazamientos. Solo en los primeros meses de 2025, Ocaña atendió a 18.538 personas desplazadas, correspondientes a 4.851 familias provenientes de diferentes zonas del Catatumbo.
La población más vulnerable: Niños, niñas y adolescentes
Entre los grupos más expuestos al riesgo que advierte la Defensoría se encuentran niñas, niños y adolescentes, quienes enfrentan amenazas de reclutamiento forzado, utilización en actividades ilícitas y violencia sexual. También se encontrarían en riesgo las mujeres y lideresas sociales, comerciantes, transportadores y ganaderos, quienes serían víctimas potenciales de extorsiones y secuestros.
Personas firmantes del Acuerdo de Paz estarían contempladas de igual manera porque han sufrido afectaciones reiteradas en medio de la escalada del conflicto.
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