Preocupaciones en materia de derechos humanos. Ese es el principal mensaje que la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, le hizo llegar al presidente electo, Abelardo De la Espriella, mediante una carta enviada a pocos días de su posesión.
En la misiva expone varias inquietudes frente a anuncios realizados por el mandatario electo y por integrantes de su equipo de gobierno, relacionados con garantías fundamentales y principios constitucionales.
Marín aclara que la Defensoría “colaborará armónicamente” con la nueva administración desde su independencia constitucional y recuerda que su mandato, establecido en los artículos 281 y 282 de la Constitución, es velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de estos derechos en el país.
La funcionaria señala que su propósito es “ofrecerle elementos para que evalúe los riesgos en materia de derechos humanos antes de adoptar decisiones” y formular recomendaciones desde una perspectiva constitucional.
En su comunicación, la defensora del pueblo plantea siete puntos.
1. Libertad de expresión, protesta y oposición
La Defensora cuestionó una declaración en la que De la Espriella diferenció entre “auténticos periodistas” y “activistas”, y le recuerda que al Presidente “le corresponde proteger a todas las personas que ejercen el periodismo”, incluidos quienes critiquen su Gobierno.
También advirtió sobre el anuncio de derogar el Decreto 003 de 2021 —que regula la actuación de la Fuerza Pública frente a la protesta social y fue producto de una sentencia de tutela de la Corte Suprema— y el retorno al modelo del antiguo Esmad.
Sobre la oposición política, señala que una advertencia hecha por De la Espriella al senador Iván Cepeda de “no estimular la violencia ni sembrar terror” le parece “infundada” y con riesgo de estigmatizar a la oposición.
2. Designación en la UNP
Marín también expresó preocupación por publicaciones pasadas del director designado de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Lobo, que contienen “expresiones ofensivas y estigmatizantes” contra medios de comunicación, periodistas y sectores de oposición.
Por ello, le pidió al mandatario electo evaluar esa designación, dado que la entidad debe garantizar la protección, sin discriminación, de defensores de derechos humanos, periodistas, opositores y firmantes del Acuerdo de Paz.
“En consecuencia, le solicito evaluar esta designación y garantizar que quien asuma el cargo actúe con idoneidad, imparcialidad y pleno respeto por el pluralismo”, se lee en el documento de la defensora.
3. Institucionalidad de derechos humanos y Acuerdo de Paz
La carta advirtió sobre el anuncio de eliminar la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y DIH, así como instancias que lideran la implementación del Acuerdo Final de Paz.
Aunque reconoce que el Presidente tiene facultad para reorganizar el Ejecutivo, pide un “plan de transición de carácter público” que evite la interrupción de programas en curso y advierte que desacelerar la implementación del Acuerdo sería “desaconsejable constitucionalmente”.
Se aseguró que “sea cual fuere la arquitectura ejecutiva que decida, se requiere una estructura institucional de paz que fortalezca y acelere el cumplimiento del Acuerdo de Paz”.
4. Territorios étnicos
Sobre la intención atribuida al nuevo Gobierno de derogar los decretos que crearon las Entidades Territoriales Indígenas (ETI), la Defensora pide no adoptar “decisiones regresivas constitucionalmente” frente a estos avances en autonomía y gobierno propio de los pueblos étnicos.
“En los últimos años, el Estado avanzó en la implementación de estas entidades, que ponen en marcha el reconocimiento constitucional de Colombia como una nación diversa étnica y culturalmente, y materializan derechos relacionados con la autonomía, el gobierno propio, la administración de recursos y la coordinación con las demás autoridades del Estado (artículos 7, 286 y 287 de la Constitución). En este aspecto le solicito que no adopte decisiones regresivas constitucionalmente”, aseguró la defensora.
5. Fumigación de cultivos ilícitos y fracking
En cuanto a temas ambientales, Marín se refirió a los anuncios de retomar la aspersión aérea de cultivos de uso ilícito “mediante bioherbicidas de última generación” desde el primer día de gobierno, y a la reforma al licenciamiento ambiental y la consulta previa anunciada por el ministro de Ambiente designado, incluida la reactivación del fracking.
Pidió garantizar los derechos de participación y consulta previa de comunidades étnicas y campesinas, y solicita informar públicamente qué sustancias se usarían en la aspersión aérea. Debido a que “esta información resulta indispensable para evaluar si es jurídica y ambientalmente viable avanzar con la erradicación mediante este mecanismo”.
6. Educación pluralista
La carta señaló que la ministra de Educación designada ha promovido en el pasado posiciones ligadas a “una moral religiosa particular”, incluida la oposición a lineamientos de educación sexual con enfoque de género y el impulso a un referendo para restringir la adopción por parejas del mismo sexo.
Marín pidió que esas creencias personales no obstaculicen la garantía de los derechos de la comunidad educativa, “sin discriminación alguna”, en referencia también a la protección de niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en los colegios.
7. Colombianos en el exterior
En el último aspecto, la Defensora recordó que en 2025 acompañó la recepción de 48 vuelos de deportación con 5.121 personas retornadas, principalmente desde Estados Unidos, y documentó afectaciones al debido proceso, malos tratos y hechos de violencia física o sexual durante ese proceso.
Marín trajo a colación los casos de Brayan Rayo Garzón, fallecido en un centro de detención migratoria en Estados Unidos, y de Joan Sebastián Durán Guerrero, asesinado durante un procedimiento de agentes migratorios en Maine, y señaló que ni De la Espriella ni su equipo se han pronunciado sobre este último caso.
Le pidió priorizar la protección de connacionales en el exterior.
“Señor Presidente electo, le pido que abogue por nuestros connacionales en el exterior. Miles de ellos han sido víctimas de xenofobia y discriminación por no ser nacionales del país que habitan. Es importante que la política exterior y consular priorice su protección efectiva, garantice asistencia jurídica y humanitaria y active los mecanismos diplomáticos necesarios frente a posibles vulneraciones”, se lee en la misiva.
Por último, Marín concluyó pidiendo instalar, durante los primeros días del nuevo Gobierno, “un canal de trabajo de alto nivel entre la Presidencia, los ministerios competentes y la Defensoría del Pueblo” para examinar estas preocupaciones y establecer mecanismos de seguimiento, y reiteró su disposición a acompañar al Gobierno entrante en estas discusiones.
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Bloque de preguntas y respuestas:
- ¿Qué le pidió la Defensora del Pueblo a Abelardo De la Espriella?
- La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, envió una carta al presidente electo Abelardo De la Espriella manifestándole sus preocupaciones sobre siete ejes fundamentales en materia de derechos humanos y garantías constitucionales antes de su posesión. En el documento, la funcionaria instó a evaluar riesgos y no adoptar medidas regresivas en libertad de prensa, protesta social, derechos de la oposición, paz, comunidades étnicas, medio ambiente y protección a deportados.
- ¿Cuáles son los 7 puntos de alerta de la Defensoría al nuevo Gobierno?
- Los siete temas señalados por la Defensora abarcan: 1) Garantías para el libre ejercicio del periodismo; 2) Protección a la protesta social y mantenimiento del Decreto 003 de 2021; 3) Respeto a la oposición y evaluación del nombramiento de Didier Lobo en la UNP por publicaciones ofensivas; 4) Preservación de la arquitectura institucional del Acuerdo de Paz; 5) Respeto a la autonomía de las Entidades Territoriales Indígenas (ETI); 6) Garantía de consulta previa y claridad ambiental frente a la aspersión aérea y el
fracking ; y 7) Priorización de la protección diplomática a colombianos deportados desde el exterior.
- ¿Cómo buscará la Defensoría trabajar de la mano con la nueva Presidencia?
- La defensora del Pueblo propuso instalar formalmente, durante los primeros días de la nueva administración, un canal de trabajo de alto nivel integrado por la Presidencia de la República, los ministerios competentes y la Defensoría del Pueblo. Este espacio permitirá revisar las inquietudes expuestas y hacer seguimiento preventivo a las decisiones del Ejecutivo en materia de derechos humanos.
- ¿Qué implicaciones institucionales tiene la advertencia de la Defensoría sobre la paz y las minorías?
- La comunicación advierte que desacelerar la implementación del Acuerdo Final de Paz o eliminar instancias clave resultaría «desaconsejable constitucionalmente». De igual forma, enfatiza que las posturas personales o creencias religiosas en carteras como Educación no deben obstaculizar los derechos de comunidades étnicas, personas LGBTIQ+ ni menores de edad, recordando al mandatario electo que la actuación del Estado debe guiarse por la idoneidad, la imparcialidad y el pluralismo.
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