El Inpec trasladó a 91 personas privadas de la libertad desde cárceles de la región Caribe hacia otros establecimientos penitenciarios del país, por orden del presidente Abelardo De la Espriella.
La medida, según anunció el mandatario, busca impedir que los centros de reclusión sigan siendo utilizados para coordinar actividades delictivas.
De acuerdo con la información divulgada por el jefe de Estado en su cuenta de X, 46 de los internos fueron trasladados desde Sincelejo, Sucre; otros 41 salieron de Montería, Córdoba; dos fueron movilizados desde Cartagena, Bolívar, y dos más desde Barranquilla, Atlántico.
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“He dado instrucciones claras: ¡las cárceles no pueden seguir siendo centros de operaciones desde donde los criminales se burlan de la justicia y continúan delinquiendo!”, escribió De la Espriella al anunciar el operativo.
En las imágenes se observa a varios presos mientras son peluqueados antes de su traslado a otros establecimientos penitenciarios del país. Los internos permanecen con los pies y las manos esposados, bajo custodia de los uniformados encargados del procedimiento.
De la Espriella informó que en Girón el Inpec, en coordinación con el Gaula de la Policía, incautó una tarjeta SIM, 5,58 gramos de sustancia vegetal, una batería y un cable de datos.
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“¡Que les quede claro a los bandidos: las cárceles son para cumplir condenas, no para seguir delinquiendo! No voy a ceder un solo milímetro en esta batalla contra la criminalidad. ¡La ley se respeta y el que la hace, la paga!”, afirmó el mandatario.
La orden de trasladar internos a cárceles de mayor seguridad se suma a otra instrucción impartida por el presidente el pasado 19 de octubre.
Ese día, durante un consejo de seguridad en Arauca, el mandatario ordenó al Inpec reubicar a jefes del ELN y de las disidencias de las Farc que permanecían recluidos en el Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad y Carcelario de ese departamento.
La instrucción, dirigida al director del Inpec, el coronel Daniel Fernando Gutiérrez, contempla el traslado inmediato de esos internos a cárceles de máxima seguridad en otras regiones del país.
Según explicó el jefe de Estado, la medida también cobija a otros objetivos de alto valor y a personas señaladas de continuar delinquiendo desde prisión, particularmente mediante actividades de extorsión.
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“Ninguno de estos bandidos de las Farc o del ELN que delinquen aquí se va a quedar en Arauca, y tampoco los extorsionistas, porque siguen delinquiendo desde las cárceles. He ordenado trasladarlos en el término de la distancia (de inmediato) a todos”, afirmó el presidente al anunciar la decisión, adoptada en medio de las preocupaciones por la situación de orden público en el departamento.
El traslado anterior: Sneyder Pinilla y otros
El traslado de Olmedo López y Sneyder Pinilla a la cárcel La Picota en Bogotá abrió un nuevo frente de discusión en medio de la investigación judicial del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El exdirector y exsubdirector de la entidad, respectivamente, considerados testigos clave en los procesos por el presunto direccionamiento de contratos y la apropiación de recursos públicos, dejaron las guarniciones militares en las que permanecían recluidos y fueron llevados a un establecimiento penitenciario ordinario por decisión del Inpec.
La orden la dio el presidente Abelardo de la Espriella. La medida provocó cuestionamientos por sus condiciones de seguridad, particularmente porque ambos tienen compromisos de colaboración con la Fiscalía y deben declarar contra otras personas vinculadas al entramado, entre las que están dos exministros del Gobierno del expresidente Gustavo Petro.
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Sin embargo, el cambio de establecimiento no implica, por sí mismo, que López y Pinilla pierdan los beneficios judiciales que tienen vigentes.
Así lo explicó a EL COLOMBIANO el abogado penalista Sebastián Rondón, quien hizo una distinción entre la situación jurídica de los dos procesados y las condiciones materiales en las que cumplen sus medidas de aseguramiento y las penas impuestas en algunos de sus procesos.
“No cambia la situación jurídica”, respondió Rondón al ser consultado sobre las consecuencias que podría tener el traslado desde los centros de reclusión militar hasta La Picota para la colaboración que mantienen con la justicia.
El jurista también explicó que el lugar en el que una persona permanece privada de la libertad no determina, por sí mismo, la vigencia de los acuerdos judiciales que ha obtenido dentro de sus procesos.
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En el caso de López y Pinilla, precisó que los principios de oportunidad que fueron aprobados por jueces de control de garantías conservan su eficacia jurídica pese al cambio de establecimiento penitenciario.
La precisión resulta relevante porque los dos exdirectivos no solo responden por su participación en el escándalo de corrupción, sino que también se comprometieron a colaborar con la Fiscalía mediante la entrega de información y sus declaraciones contra otros exfuncionarios.
En consecuencia, el traslado a la cárcel no deja sin efecto automáticamente esos compromisos ni significa que los beneficios concedidos hayan sido revocados.
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Preguntas y respuestas
- ¿Cuántos presos trasladó el Inpec por orden del presidente Abelardo De la Espriella?
- El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) trasladó a 91 personas privadas de la libertad desde cárceles de la región Caribe hacia otros establecimientos penitenciarios del país. Según el presidente Abelardo De la Espriella, la medida busca impedir que los internos continúen coordinando actividades delictivas desde prisión.
- ¿De qué ciudades salieron los 91 presos trasladados por el Inpec?
- Los traslados se distribuyeron de la siguiente manera: 46 internos salieron de Sincelejo, Sucre; 41 de Montería, Córdoba; dos de Cartagena, Bolívar, y dos de Barranquilla, Atlántico. En total, fueron trasladadas 91 personas privadas de la libertad.
- ¿Por qué el Gobierno ordenó trasladar presos de las cárceles del Caribe?
- El presidente Abelardo De la Espriella explicó que la decisión busca evitar que las cárceles sean utilizadas para coordinar delitos, especialmente actividades de extorsión. Según el mandatario, los traslados hacen parte de las medidas para reforzar el control penitenciario e impedir que los internos continúen delinquiendo desde prisión.
