La ausencia de estudios técnicos, el uso de vigencias futuras sin aprobación y la improvisación del proceso generan incertidumbre sobre la capacidad del país para garantizar la expedición de pasaportes a tiempo.
El futuro de la fabricación de pasaportes en Colombia continúa sumido en el misterio y la controversia. A pesar de que el Gobierno firmó un convenio con la Casa de la Moneda de Portugal para la producción de estos documentos de identidad, varios obstáculos burocráticos, sospechas de irregularidades y profundas divisiones dentro de la junta directiva de la Imprenta Nacional han puesto en duda la viabilidad del acuerdo.
Este miércoles, la Procuraduría General de la Nación realizó una visita a las oficinas de la Imprenta Nacional para investigar los detalles detrás del acuerdo con Portugal.
El resultado fue alarmante. Los funcionarios de la Imprenta, según el comunicado del Ministerio Público, ofrecieron “respuestas vacías, contradictorias y poco convincentes” sobre la justificación de la necesidad y la existencia de estudios previos para la firma del convenio.
Más aún, la falta de documentación sólida, como el manual de contratación o estudios técnicos, y la ausencia de un procedimiento claro ante la Junta Directiva, reflejando una alarmante falta de planificación.
El desorden administrativo en torno al convenio también refleja la falta de coordinación entre diferentes entidades gubernamentales. A pesar de que Portugal había solicitado desde hace meses la habilitación de la planta de producción para la fabricación de pasaportes, la Procuraduría señaló que la infraestructura aún no está en la lista.
Además, las preguntas sobre la capacidad tecnológica de la Imprenta Nacional y su cronograma de operación siguen sin respuesta. Las autoridades gubernamentales se pasan la responsabilidad de un lado a otro, sin ofrecer soluciones claras.
La figura central detrás de este convenio es Elvira Sanabria Salazar, quien ocupa el cargo de encargada del acuerdo entre Colombia y Portugal.
Sanabria, con varios estudios de posgrado y experiencia en el sector público, es una persona cercana a Alfredo Saade, jefe de despacho presidencial, y ha sido señalada por algunos críticos como una cuota de Saade en la Cancillería.
El contrato, que supera los 1,3 billones de pesos y contempla vigencias futuras hasta 2036, no contó con la aprobación del Confis ni con un documento CONPES, tal como exige la ley. Esta situación ha sembrado la preocupación sobre la legalidad del acuerdo y la transparencia del proceso.
Ese es, de hecho, el punto de quietud en la junta. Según información revelada por El Tiempo, el representante del sindicato de la Imprenta se abstuvo de firmar aquel contrato de 1,3 billones; y el delegado del secretario general de la Cámara de Representantes, Jaime Lacouture, no se presentó a la sesión.
Lo mismo ocurrió cuando se discutió la posibilidad de suscribir convenios con entidades extranjeras, como en el caso de Portugal. Según audios filtrados, el delegado del secretario general del Senado, Diego González, también se abstuvo de respaldar la autorización para dicho convenio, según la unidad investigativa del medio citada.
La ausencia de actas de las sesiones de la junta, junto con la falta de claridad en cuanto a los cálculos del contrato y su valoración, solo agrava la situación.
La Procuraduría ha señalado que la gerente de la Imprenta Nacional, Viviana León, no pudo proporcionar respuestas satisfactorias sobre estos puntos, lo que aumenta las sospechas de mala gestión y de improvisación en la ejecución del acuerdo.
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