Una nueva polémica rodea a los miembros del Congreso de la República. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió recientemente una investigación formal en contra del senador liberal Miguel Ángel Pinto por presunto abuso sexual a una trabajadora.
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El alto tribunal tomó la decisión tras recopilar testimonios y documentos en la etapa de indagación previa, los cuales apuntaron a que el congresista santandereano habría obligado a una subalterna a sostener relaciones sexuales, cometiendo así presunto delito de acceso carnal violento.
La denuncia fue interpuesta por una trabajadora de su equipo, quien acusó a Pinto de haber utilizado su posición de poder como jefe inmediato para forzar encuentros sexuales presuntamente durante un periodo de diez meses, mientras se mantuvo vigente el vínculo laboral entre ambos.
Cita a indagatoria y controversia por aplazamiento: el futuro del expediente judicial
El magistrado instructor del caso, Misael Rodríguez, citó al congresista a la diligencia de indagatoria que quedó programada para el próximo lunes 22 de junio a las 2:00 de la tarde.
Ante la notificación, la defensa del senador solicitó formalmente el aplazamiento de la audiencia, argumentando que el abogado principal se encuentra fuera del país y que el defensor suplente no podía asistir debido a compromisos adquiridos con anterioridad.
Sin embargo, el despacho del magistrado Rodríguez negó la solicitud de postergación y mantuvo en firme la fecha y hora de la diligencia, por lo que esta se llevará a cabo la próxima semana.
Asimismo, para garantizar el derecho a la defensa y el desarrollo del proceso, el despacho autorizó que los apoderados del senador participen de manera virtual a través de la plataforma Zoom.
Miguel Ángel Pinto optó por no buscar una nueva curul directa en el Congreso de la República. No obstante, mantuvo su presencia política mediante la candidatura de su hijo, Miguel Ángel Pinto, quien resultó elegido como senador para el periodo legislativo 2026-2030. Con la culminación del periodo constitucional de Pinto padre y su salida del Capitolio, el panorama jurídico del caso podría cambiar.
Es previsible que el expediente penal pase de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia a la Fiscalía General de la Nación, debido a que el procesado perdería el fuero constitucional que cobija a los congresistas aforados.
Antecedentes de congresistas denunciados
Este proceso se suma a otros casos recientes de investigaciones por violencia sexual que involucran a miembros del legislativo. El senador del Centro Democrático, Alirio Barrera, también es objeto de investigación penal por una denuncia relacionada con el presunto delito de acto sexual violento.
Los hechos que vinculan a Barrera, conocidos por medio de la investigación de las autoridades, se remontan al año 2016, época en la que se desempeñaba como gobernador del departamento de Casanare.
De acuerdo con la denuncia oficial, la presunta víctima asistió a su despacho gubernamental para coordinar un evento de juventudes cristianas, escenario donde habría ocurrido la agresión. El expediente contra Barrera llegó a la Corte el pasado 6 de marzo y avanza bajo el control del magistrado Marco Antonio Rueda.
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