La Corte Constitucional ordenó a la Alcaldía de Bogotá y a la comunidad indígena emberá evacuar en un plazo máximo de 15 días la Unidad de Protección Integral (UPI) La Rioja, ubicada en el barrio Eduardo Santos, en el centro de la capital. La medida, emitida en el Auto 1734 de 2025 por los magistrados Héctor Carvajal y Natalia Ángel Cabo, busca proteger la vida de los adultos y menores que aún permanecen en el lugar.
Según el fallo, las condiciones del inmueble —que pertenece al Idipron— representan un “alto riesgo y requieren una medida inmediata”, pues existen graves fallas eléctricas, hacinamiento, filtraciones y acumulación de basuras. De acuerdo con inspecciones del Idiger, la Secretaría de Salud y la Personería Distrital, los riesgos incluyen posibles explosiones, colapso de techos y propagación de enfermedades por contaminación biológica.
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La orden judicial también vincula a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que deberá identificar en un plazo de cinco días un predio cercano a Bogotá que pueda servir como refugio temporal, en caso de que el traslado a la UPI La Florida no sea viable. Asimismo, el Idipron tendrá tres días para certificar si ese traslado afectaría la prestación de sus programas sociales, mientras el Idiger deberá entregar extintores en el sitio en un máximo de 24 horas.
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