La Contraloría alertó sobre la firma de 6.292 contratos por más de $2 billones que se habrían ido a hacer política en las regiones, pese a la entrada en vigor de la ley de garantías.
De este monto, más de $31.000 millones habrían sido destinados a fines políticos correspondientes a contratos directos vinculados con eventos, publicidad, conciertos, refrigerios, tarimas y logística.
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