Ratificando la independencia y autonomía de la Registraduría Nacional, este martes la cabeza del organismo, Hernán Penagos, confirmó que pedirán a las altas cortes que, “ágil y oportunamente”, se pronuncien sobre la legalidad del decreto que da vía libre a la consulta popular. Lo anterior, ante la insistencia del Gobierno Nacional de convocar a las urnas, pese a que el Senado se pronunció en contra del mecanismo.
“Hay un problema jurídico de talla mayor”, admitió Penagos, quien señaló que ante diferentes instancias cursan varias demandas y que, ante la controversia jurídica, son las altas cortes las llamadas a dirimir el lío jurídico.
El registrador reconoció que hay una controversia jurídica mayúscula entre el Senado, que a través de su secretario concluyó que la plenaria negó el mecanismo, y lo que reclama el Gobierno de Gustavo Petro, que advierte por presuntas irregularidades durante el trámite de la consulta en Senado, entre ellas, que no se votó vía proposición, que no hubo suficiente tiempo para votar o que se cambió el sentido del voto de un senador.
“Hoy no solamente está en juego la convocatoria a una consulta popular, está en juego el orden institucional del país, el principio democrático y, si se quiere, la democracia en sí misma. Cuando existen controversias jurídicas entre dos ramas deben llegar los jueces a tomar la decisión que corresponda”, explicó Penagos.
Por todo ello, el registrador manifestó que, en primer lugar, solicitará concepto ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Por otro lado, emitirá copia de la solicitud ante la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y remitirá copia de la solicitud ante la Procuraduría. Finalmente, pedirá a las altas cortes que se pronuncien “ágil y oportunamente” sobre las diferentes demandas interpuestas.
