Las declaraciones que hoy tienen en la mira a varios congresistas comenzaron a rendirse formalmente el 5 de junio de 2024, cuando Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), compareció por primera vez en interrogatorio por el escándalo de corrupción en esa entidad.
Ese día acudió, acompañado de su abogado José Luis Moreno, ante la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño, junto con dos funcionarios de apoyo. Para entonces, apenas habían transcurrido cinco meses desde que el escándalo se hizo público.
EL COLOMBIANO accedió al expediente del caso y obtuvo copia de los diez interrogatorios rendidos por López y otros siete practicados a Sneyder Pinilla, quien se desempeñaba como subdirector de la UNGRD.
Estas diligencias judiciales, hoy determinantes porque la Corte Suprema se prepara para adoptar decisiones frente a congresistas mencionados en el proceso, permiten reconstruir las acusaciones que los exfuncionarios han formulado bajo juramento contra representantes a la Cámara y senadores.
Andrés Calle e Iván Name
Ese 5 de junio, Olmedo López hizo un recuento detallado de los hechos de corrupción que, según afirmó, presenció durante su paso por la Unidad de Gestión del Riesgo en medio del escándalo.
Tras exponer su trayectoria política con el Polo Democrático y la Alianza Democrática M-19, al primer congresista que mencionó fue al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, hoy capturado dentro del proceso por el caso de la Gestión del Riesgo.
Bajo juramento, aseguró que ambos se comunicaron entre el 18 de septiembre y el 14 de octubre de 2023 por iniciativa del congresista. “Él me pide la cita, que lo atienda. 16 llamadas fueron de él, incluidas las relacionadas con la cita que me solicitó”, declaró López ante la Fiscalía.
Cuenta que después de contestarle el primer mensaje del 18 de septiembre, el 24 de septiembre “me pide que si lo puedo atender y ahí es donde se da la reunión personalizada en mi oficina a las 12 del mediodía, ya después de recibida la orden que había que darle al doctor (Calle)”.
Dijo que el requerimiento de dinero se dio, en esa época, en el contexto de que Andrés Calle tenía a su padre como candidato a la Alcaldía de Montelíbano y a su hermano como candidato a la Gobernación de Córdoba. Confesó que se entregaron mil millones de pesos.
Olmedo López le relató a la Fiscalía que después de esto, el 14 de octubre de 2023, conectó a Calle con Sneyder Pinilla, subdirector de la entidad, hoy confeso corrupto en el caso, para coordinar la entrega del dinero.
Olmedo afirmó haber recibido la orden relacionada con el 25 % que Calle le había solicitado. “La orden me fue impartida por el entonces director del DAPRE, Carlos Ramón González. Recibí esta instrucción directamente en su despacho, en el Palacio de Nariño, donde me indicó que era necesario cumplirle al doctor Andrés Calle”, declaró Olmedo ante la fiscal Patiño.
Asimismo, frente a la fiscal y en presencia de su abogado, Olmedo López relató que la instrucción que recibió no solo implicaba entregar mil millones de pesos a Andrés Calle, representante a la Cámara, sino también tres mil millones de pesos al senador Iván Name a través, supuestamente, de Sandra Ortiz (exconsejera presidencial para las Regiones) y quien hoy es también procesada en este caso.
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Karen Manrique y Wadith Manzur
El 12 de junio de 2024, en uno de los interrogatorios ante la fiscal María Cristina Patiño, el exdirector de Gestión del Riesgo mencionó por primera vez a Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca elegida a través de las Curules de Paz, y a Wadith Manzur, del Partido Conservador.
La fiscal le preguntó: “¿Qué congresista era el delegado para hablar con los demás?”.
Olmedo López explicó que Karen Manrique fue mencionada en el contexto de la negociación con el ministro Luis Fernando Velasco, hoy preso por el caso, como enlace entre el Gobierno y el Congreso para decisiones relacionadas con la gestión del Riesgo.
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La negociación, en sus palabras, se realizaba directamente en el Ministerio del Interior, donde se definían los contratos y luego se asignaba un congresista para informar sobre los avances. En una reunión con Velasco surgió la necesidad de reemplazar a Manrique como enlace.
Ella sugirió un nombre, pero fue interrumpida, y se decidió que Wadith Manzur, también representante a la Cámara hoy bajo investigación, asumiera el rol junto con María Alejandra Benavides, asesora del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, ambos presos por el caso.
Tras ello, Olmedo López contactó a Sneyder Pinilla, subdirector, mediante videollamada desde el despacho del ministro el 15 de diciembre de 2023 a las 8:42 a. m., para ponerlo al tanto de la reunión, los participantes y las instrucciones impartidas, integrándolo virtualmente sin interrumpir la sesión dirigida por Bonilla, con la asistencia de Benavides y Olmedo López.
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Al concluir la videollamada con Sneyder Pinilla, María Alejandra Benavides le confirmó que los contratos ya estaban definidos y que involucraban a los dos representantes a la Cámara. Los proyectos estaban destinados a los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar, con un valor aproximado de 92.000 millones de pesos.
Olmedo López le explicó a la fiscal María Cristina Patiño que, para dejar evidencia, registró su comunicación con Pinilla mediante WhatsApp. Indicó que antes de retirarse de la reunión en el Ministerio, solicitó a Benavides que no lo llamara directamente, ni a él ni a Jaime Ramírez Cobo, asesor del Dapre hoy indagado en el caso, y que se mantuviera la comunicación únicamente entre ella y Pinilla.
Agregó que estaba dispuesto a acudir nuevamente al Ministerio de Hacienda y recibir órdenes directamente del ministro si era necesario, pero mientras tanto, la gestión de cambios debía manejarla Benavides con Pinilla.
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El director de la Unidad de Gestión del Riesgo dijo en el interrogatorio que después de eso recibió mensajes donde le pedían un espacio con la representante Karen Manrique para que la atendiera con comunidades de Arauca.
López dejó constancia de un mensaje enviado por ella: “Me escribe Karen Manrique, la representante a la Cámara, y me dice ‘doctor OLMEDO, buenos días, qué pena la molestia, si por favor nos regala un espacio en su agenda con las comunidades de la mesa de concertación del año pasado y me hace una llamada’”.
Senador Julio Elías Chagüi
La mención al senador Julio Elías Chagüi, hoy indagado en el caso de Gestión del Riesgo, llegó al recordar una reunión del 4 de diciembre de 2023 en el Dapre entre el entonces ministro Luis Fernando Velasco y Olmedo López.
“Ya ese día había entendido cuál era mi papel: acatar las órdenes de acuerdo a los acuerdos de compra de votos en el Congreso de la República y hacer que los congresistas se les cumpliera ese acuerdo de contratos por votos que el ministro del Interior realizaba u otros ministros, o directores también”, le afirmó el entonces director de Gestión del Riesgo a la fiscal Patiño.
Según el relato, el ministro Velasco le entregó a López el contacto de algunos congresistas de la Comisión I del Senado de la República, encargada del presupuesto, señalando que había que “cumplirles” compromisos previamente acordados relacionados con votos por contratos.
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Supuestamente Velasco le indicó que el vocero encargado de representar a esos congresistas era el senador Chagüi, del Partido de la U. Velasco, cuenta, le proporcionó el número telefónico del congresista y le explicó que debía atenderlo según los acuerdos establecidos.
Específicamente, mencionó compromisos que ya estaban en INVÍAS, con contratos por un monto cercano a 30.000 millones de pesos. Olmedo tomó nota del monto, del nombre del senador y del teléfono en su agenda, apuntes que indicó aportar posteriormente a la Fiscalía.
“El senador Julio Elías Chagüi era el vocero de un grupo de congresistas. Me explicó que los proyectos se iban a desarrollar en el municipio de Sahagún, un lugar donde él tenía una votación muy importante en sus elecciones al Senado de la República, según podrá verificar la Fiscalía”, afirmó Olmedo López en sus interrogatorios.
El grupo de la “libreta de apuntes”
En las extensas jornadas de interrogatorio a Olmedo López y Sneyder Pinilla también figuran otros nombres de congresistas, los cuales fueron mencionados, con soportes documentales, ante la fiscal María Cristina Patiño, delegada ante la Corte Suprema, tribunal que este miércoles tomará decisiones de fondo en el caso de los congresistas mencionados en el caso.
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Uno de los elementos materiales probatorios más contundentes es una libreta de apuntes marca “Norma”, tipo mini block de colores amarillo y azul, recuperada por investigadores de la defensa de Olmedo López en su residencia en Itagüí el 28 de junio de 2024.
En la página 20 de este documento, de acuerdo con los interrogatorios en audio, aparecen nombres de legisladores asociados directamente a municipios y regiones estratégicas. Una de las personas mencionadas es la congresista Liana Ester Bitar, registrada en los manuscritos como “Bitar Senadora-Costa”.
Otro de los congresistas referenciados en los interrogatorios es Julián Peinado Ramírez, vinculado en las notas a la región de Antioquia, así como Juan Diego Muñoz que aparece junto al de la representante Karen Manrique, asociados al municipio de Saravena, en Arauca, y una contratación en esa región desde Gestión del Riesgo.
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Juan Pablo Gallo Maya es identificado como “senador gallo” en las anotaciones de la libreta. Olmedo López ratificó bajo gravedad de juramento estas menciones durante su diligencia del 2 de julio de 2024, señalando que los detalles de estos acuerdos serán ampliados en las matrices de colaboración.
Martha Peralta y el millonario portafolio para La Guajira
La senadora Martha Peralta también ha sido señalada en las diligencias, particularmente en la sesión del 15 de julio de 2024, en la que López aportó evidencia de carácter documental y digital.
Según el expediente, existen impresiones de chats de WhatsApp entre López y Peralta que datan de junio de 2023.
Los procesados han anexado a la investigación un cuadro titulado “Inversiones en la Guajira”, que detalla 12 proyectos con un valor superior a 558 millones de pesos en contratos que supuestamente favorecerían a Peralta. Además, se documentó que la senadora habría gestionado el envío de una hoja de vida ante la entidad en agosto de ese mismo año.
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Junto a ella también figura la senadora y presidenta del partido ASI, Berenice Bedoya, vinculada al escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo principalmente a través de testimonios y pruebas presentados ante la justicia por Olmedo López, exdirector de la entidad.
Según Olmedo López ante la Corte Suprema de Justicia, la congresista habría solicitado la adjudicación de contratos para obras en Meta y Casanare. López afirmó que estas gestiones tenían como fin supuestamente asegurar el apoyo de la senadora a proyectos del Gobierno, como la reforma pensional, en el Congreso.
Se menciona que el contacto inicial y el envío de documentos técnicos se habrían realizado a través de la también senadora Martha Peralta. La Fiscalía y la Corte analizan chats y documentos que presuntamente vinculan a Bedoya con la tramitología de estos proyectos dentro de la UNGRD.
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Otro nombre es del representante a la Cámara Germán Rogelio Rozo Anís, integrante de la Comisión Séptima, aparece vinculado a gestiones de alto nivel entre el Gobierno y la UNGRD. De acuerdo con los informes del investigador de campo, el entonces ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, fue quien envió el contacto de Rozo a Olmedo López el 2 de junio de 2023.
Debido a su presunta intermediación en los hechos investigados, la Fiscalía incluyó a Rozo en el listado de personas para las cuales se solicitó una compulsa de copias ante la Corte Suprema de Justicia, con el fin de determinar su responsabilidad penal.
Este complejo rompecabezas judicial continúa armándose con la entrega de evidencia por parte de Olmedo López, así como de Sneyder Pinilla, y con el análisis de celdas de geolocalización que ubican a los implicados en reuniones clave en lugares como el Hotel Tequendama y el Batallón Guardia Presidencial.
Bloque de preguntas y respuestas
- ¿Qué pruebas entregó Olmedo López contra los congresistas?
- López aportó una libreta de apuntes con nombres de legisladores, capturas de chats de WhatsApp, registros de llamadas y matrices de colaboración que detallan reuniones en el Palacio de Nariño y el Ministerio del Interior para coordinar pagos ilícitos.
- ¿Cuál fue el papel del Ministro del Interior en el caso Ungrd?
- Según las declaraciones, el entonces ministro Luis Fernando Velasco habría fungido como enlace para definir los “acuerdos de contratos por votos”, proporcionando contactos de congresistas de la Comisión I para asegurar el trámite de las reformas
- ¿Qué municipios fueron utilizados para el carrusel de contratos?
- Los proyectos se habrían direccionado a Sahagún (Córdoba), Saravena (Arauca), Cotorra (Córdoba) y varios municipios de La Guajira, sumando contrataciones superiores a los $92.000 millones de pesos bajo la modalidad de emergencia.
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