La primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra el secretariado de las Farc por el delito de secuestro fue presentada como un fallo histórico en el camino de la justicia transicional. Sin embargo, al revisar con cuidado sus más de 600 páginas, el documento deja la sensación de que lo aprobado no es tanto una condena, sino un listado de beneficios que los sancionados recibirán bajo el amparo del Estado durante los próximos ocho años. Más que justicia, el fallo parece un contrato de asistencia integral.
Uno de los puntos que más llama la atención es la obligación que impone a la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN). Durante el tiempo que dure la sanción, el Estado deberá garantizar la alimentación, el aseo y, un detalle no menor, el vestuario adecuado para los exjefes guerrilleros, teniendo en cuenta el clima de las regiones donde estén ubicados.
Es decir, los responsables de miles de secuestros, que mantuvieron a sus víctimas encadenadas en la selva y sometidas a condiciones infrahumanas, ahora tendrán asegurado que el Estado les provea ropa apropiada y en buen estado, pagada con dinero público. Un trágico contraste.
“La ARN deberá asimismo hacer uso eficiente de la mencionada subcuenta u otras fuentes presupuestales para sufragar gastos de alimentación, elementos de aseo, vestuario apropiado según el clima de la región, y cualquier otro insumo que requieran los sancionados para su bienestar físico mientras permanezcan en dicho lugares”, se lee en la sentencia.
El fallo establece que las condiciones de habitabilidad y bienestar de los sancionados son esenciales para que se mantenga su compromiso con la paz y se eviten “condiciones indignas” que puedan frustrar el carácter restaurativo de la sanción. En la práctica, se trata de una obligación legal que coloca al Estado en el rol de proveedor, responsable de que a los exjefes de las FARC no les falte lo necesario para vivir con comodidad mínima garantizada.
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Pero el vestuario y la alimentación no son los únicos beneficios. La sentencia también ordena a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar evaluaciones individuales de riesgo y, con base en ellas, reforzar los esquemas de seguridad de cada compareciente.
Esto incluye más escoltas, vehículos blindados, equipos de comunicación satelital e incluso botones de pánico. El argumento es que los sancionados cumplirán labores restaurativas en territorios apartados y con condiciones de seguridad complejas. Sin embargo, no deja de ser paradójico que quienes sembraron miedo y violencia en muchas regiones del país, ahora contarán con protección armada del Estado para que nada les ocurra mientras cumplen su condena.
Adicionalmente, el fallo ordena al SENA, en un plazo máximo de tres meses, habilitar programas de capacitación técnica para los sancionados, así como para víctimas y comunidades. Estos cursos incluirán formación en proyectos de restauración ambiental, negocios verdes y emprendimientos sostenibles.
La sentencia va más allá y ordena al propio Ministerio de Defensa diseñar e implementar un protocolo de seguridad integral para los proyectos restaurativos que cumplirán los sancionados. El esquema incluye siete fases que abarcan desde diagnósticos previos de riesgo hasta protección armada en los perímetros donde se ejecuten las actividades, pasando por rutas de ingreso y salida seguras, escoltas en los desplazamientos, comunicaciones satelitales, monitoreo continuo e incluso evaluaciones posteriores para ajustar los procedimientos.
En conclusión, se trata de movilizar toda la capacidad institucional de seguridad del Estado para garantizar que los exjefes de las FARC se sientan cómodos y protegidos en el cumplimiento de su pena.
La propia sentencia fija sin rodeos que durante los años de sanción, los comparecientes deberán recibir no solo protección armada, sino también alimentación balanceada y condiciones de vida dignas que faciliten su “compromiso con la paz”.
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La JEP sostiene que estas medidas no son privilegios, sino herramientas de justicia transicional para garantizar la reparación y la no repetición. Sin embargo, para las víctimas, el contraste es difícil de aceptar. Mientras ellas arrastran las cicatrices de años de cautiverio, de hambre, cadenas y humillaciones, sus victimarios recibirán ocho años de apoyo integral para que no les falte ni ropa, ni comida, ni seguridad, ni capacitación.
El fallo buscaba marcar un precedente histórico, pero terminó mostrando lo sacrificado que puede llegar a ser el sueño de la paz.
“La pregunta sería si los propósitos de la justicia de transición de reparación, verdad y no repetición, realmente conducen o producen la reconciliación social y nuevos estadios que superen el conflicto y la diferencia. Lamentablemente, la respuesta es no”, afirmó el constitucionalista Juan Manuel Charry.
El experto advirtió, además, que mientras la sentencia despliega un abanico de beneficios para los exFarc, en ningún punto obliga a los exguerrilleros a indemnizar a sus víctimas.
“La sanción tampoco comprende reparaciones efectivas ni indemnizaciones a las víctimas, fundamento esencial de la justicia especial, lo que pone nuevamente en evidencia el incumplimiento de entrega de bienes y dineros de la organización subversiva”, añadió.
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