Además, el organismo internacional identificó agresiones de Álex Flórez, congresista del Pacto Histórico, en contra de EL COLOMBIANO. Esto, según la CIDH, afecta la libertad de prensa.
Mientras desde el oficialismo señalan a los periodistas de los medios privados como “desinformadores” que responden a “intereses económicos”; en los medios públicos se instauran “influencers” como voces expertas en temas económicos y políticos.
Aquello, según el último informe de Libertad de Prensa realizado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha construido un ambiente informativo hostil, de autocensura y sin garantías de transparencia en Colombia.
Uno de los principales puntos señalados por el organismo internacional es el aumento de discursos que deslegitiman a la prensa.
El documento describe una “creciente estigmatización de la prensa por parte de funcionarios públicos” y advierte que calificativos como desinformadores o mentirosos, atribuidos incluso al presidente Gustavo Petro, podrían tener un efecto inhibidor sobre la labor periodística.
“Principalmente el Presidente de la República, ha calificado a ciertos medios y periodistas como “desinformadores”, “mentirosos”, “criminales”, “vagabundos”, “cooptados”, “de oposición” u “oligárquicos”, entre otros, con el aparente propósito de desacreditar su labor y justificar represalias”, dice la CIDH.
Aunque no los cita textualmente, la mayoría de los posibles ejemplos reposan en la cuenta de X del mandatario. El 3 de agosto de 2025 llamó “periodismo vagabundo” a un reportaje de Caracol Radio, cuando revelaron algunos chats de Day Vásquez, expareja de Nicolás Petro (hijo del presidente), en los que aseguró presenciar supuestas fiestas descontroladas entre el jefe de Estado y otros funcionarios.
“Está full tomado”, dijo Vásquez en conversación con Nicolás, refiriéndose a Petro.
Según la CIDH, este tipo de lenguaje no solo deteriora el debate público, sino que también eleva los riesgos para quienes cubren temas sensibles.
A esto se suma el impacto diferenciado sobre las mujeres periodistas, quienes —según la relatoría— enfrentan agresiones en entornos digitales con componentes de violencia de género que buscan silenciar sus voces y limitar su participación.
En aquella observación, la CIDH señaló como responsables de ejercer violencia tanto al presidente Petro como a Sandra Ramírez, congresista del Partido Comunes. En concreto, el organismo internacional citó dos ejemplos.
El primero fue el que involucra al mandatario: ”El 29 de julio de 2025, el presidente de la República calificó a la periodista Diana Saray Giraldo como “criminal”, lo que llevó a la comunicadora a responsabilizarlo por posibles agresiones y alertar sobre la escalada de violencia en su contra (...) El 23 de septiembre de 2025, el mandatario volvió a referirse a Giraldo, llamándola “destructora de personas”.
El segundo, que involucra a Ramírez, sucedió cuando Giraldo publicó una noticia sobre una visita de la congresista a Venezuela. Ramírez dijo que la estaban perfilando, y calificó las afirmaciones de la periodista como “irresponsables, tendenciosas y peligrosas”. Para la CIDH el episodio “habrían desatado ataques hostiles y misóginos” contra Giraldo.
El organismo internacional también identificó agresiones por parte del presidente hacia Ricardo Calderón, de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, por publicar la investigación de los Archivos de Calarcá, que dejó en evidencia presuntos nexos entre funcionarios del Gobierno y disidencias de las Farc.
Por último, en el informe condenaron los ataques de Álex Flórez, congresista del Pacto Histórico (partido del Gobierno) en contra de EL COLOMBIANO. Para la CIDH resultó irresponsable y una forma de ataque y censura los mensajes en los que el senador acusó al periódico de perseguirlo políticamente y, además, de difundir “titulares falsos y sensacionalistas”.
Esa misma ocasión, el presidente Petro dijo que los dueños de EL COLOMBIANO eran empresarios que “defienden a Hitler y el genocidio en Colombia”.
Estos episodios, dicen los relatores, “contribuye no solo a la polarización política y al deterioro del debate público, sino que también tiene el potencial de exacerbar el clima de hostilidad e intolerancia de distintos sectores de la población”, lo cual hace vulnerables a los periodistas.
El informe también recoge preocupaciones sobre el sistema de medios públicos, en particular sobre RTVC. Allí se mencionan reportes de posibles presiones para modificar o evitar contenidos críticos al Gobierno, así como la salida de periodistas y directivos, y presuntos vetos a voces críticas.
En ese contexto, también se citan cuestionamientos al director de la entidad, Hollman Morris, por declaraciones que, según denuncias, podrían contribuir a desacreditar a medios y comunicadores.
“La Relatoría Especial recibió reportes sobre presuntas presiones en RTVC para modificar, eliminar o abstenerse de publicar contenidos críticos al Gobierno u opositores, así como sobre salidas reiteradas de directivos y periodistas y posibles vetos a figuras críticas, lo que, podría afectar el pluralismo informativo”, dice el informe.
Estas tensiones se suman a reclamos recientes de periodistas que han pedido frenar ataques en medio de denuncias internas por presuntos casos de acoso laboral y violencia de género. EL COLOMBIANO ha reportado varios de ellos.
Por ejemplo, Ana María Mesa Villegas, quien trabajó casi doce años en Radio Nacional, aseguró que dejaron de renovar su contrato en Radiónica luego de haberse expresado públicamente en contra de las declaraciones de Petro sobre el cítoris de las mujeres.
En otra denuncia, Cielo Esperanza Reyes Téllez le contó a EL COLOMBIANO que sus jefes (Wílver Raíllo, subdirector de noticias de RTVC y Pablo Bastidas, director del noticiero los fines de semana) la habrían hostigado mientras cubría temas de Bogotá: “siento un odio por usted y no sé por qué”, le dijo Bastidas.
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Otro aspecto que preocupa al organismo es la inclusión de creadores de contenido digital en espacios de análisis sin criterios claros de transparencia, lo que podría afectar la calidad y credibilidad del debate público.
La CIDH subraya que el ejercicio del periodismo en Colombia enfrenta riesgos adicionales en regiones con presencia de grupos armados.
En estos territorios, las amenazas a la seguridad de los comunicadores y las restricciones para acceder a información afectan no solo su trabajo, sino también el derecho de la ciudadanía a estar informada.
En ese sentido, la CIDH lamentó las amenazas y ataques contra Óscar Gómez Agudelo, en Armenia (Quindío) y Edward Fabián Álvarez Rivera (Antioquia). Además de los asesinatos de Diomedes Farid Manrique, locutor de Olímpica Stereo y Frontera Estéreo en Maicao (La Guajira), y de María Victoria Correa Ramírez en Envigado (Antioquia).
Y es que, como bien lo documentó el informe, los grupos armados actuarían con violencia para “silenciar a la prensa e impedir que la sociedad sea informada sobre acontecimientos de interés público”, por lo que pidió más acción y atención por parte del Gobierno y la Fiscalía.
Para el organismo, el ambiente actual —marcado por presiones, estigmatización y condiciones de seguridad adversas— plantea desafíos significativos para el pluralismo informativo y la libertad de expresión en el país.
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